Los acontecimientos sociales y manifestaciones reactivas provocadas por el alto valor de los precios básicos de la economía fuera de su control, como son petróleo (y sus derivados) y el tipo de cambio, genero el desbande y el control territorial de las carreteras principales de conexión inmovilizando el transporte de pasajeros y carga, provocando un aumento en los precios de los principales productos básicos en la canasta de compras y de alimentos de las familias, hoy desbastadas en sus economías por la pérdida de empleo así como los espacios para la venta ambulatoria en constante crecimiento y de conflictos permanentes.
En el 2020 (www.sunat.gob.pe) la importación de todos productos comprendidas en las partidas arancelarias de gasolina sumaron us$1 mil 017 millones a valores CIF para la adquisición de 688 millones de galones, convertidos a moneda nacional nos genera un valor de s/5.32 el galón en recinto de aduana. Los gastos relacionados a la importación, transporte y almacenamiento aumentan en alrededor 5 por ciento por galón de combustibles, añadiéndose los impuestos como el rodaje (8%), IGV (18%) y el impuesto selectivo al consumo (ISC) representa alrededor del 11 por ciento del valor del galón; mientras que el margen del negocio y la distribución puede alcanzar alrededor del 10 por ciento. Estos valores se vieron fuertemente influenciados desde comienzos del presente año por el alza del precio internacional del petróleo y derivados, así como el influyente efecto cambiario en el mes de marzo, torpedearon las relaciones del mercado de combustibles (sobre todo a los usuarios -demanda) armando un conflicto entre partes donde el gobierno nacional es el principal involucrado, llegando a tentar soluciones en las mesas de negociaciones forzadas como consecuencia del bloqueos de carreteras.
Una de las primeras salidas para calmar la efervescencia social en la toma de carreteras (ilegal por cierto) es la rebaja del precio en planta de PetroPerú de todos sus productos de 2.6 por ciento (alrededor de s/0.30) fijados el 18 de marzo, manteniéndose los impuestos de alrededor de 36 por ciento para aquellas plantas que se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la Ley 27037 –Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía – que solamente se adiciona al precio en planta el 8 por ciento por concepto de impuesto al rodaje. En el periodo cuando los precios del petróleo y
combustibles se cotizaban en el mercado internacional a precios bajos (abril-octubre) los precios locales de combustibles no bajaron en la misma proporción, y el pasaje por usar transporte
público en Iquitos se habían incrementado su tarifica como mínimo en 50 por ciento (y lo mantenían así hasta hace una semana cuando volvieron a incrementar en 20%); y los grifos ahora controlados en una gran proporción por una sola empresa privada, no bajaron sus precios de manera racional en un contexto de pandemia donde el control y supervisión o regulación por la entidad competente no marcaba presencia en el terreno ahora controlados en una gran proporción por una sola empresa privada, no bajaron sus precios de manera racional en un contexto de pandemia donde el control y supervisión o regulación por la entidad competente no marcaba presencia en el terreno.
Un gran cuello de botella en la fijación de los precios de los combustibles líquidos y el gas propano, se encuentran en los grifos. En Iquitos el gas propano desde el mes de enero a la fecha se mantiene en un valor histórico, s/60 el balón de 10 kg (4m3), cuando el precio en planta no supera los s/30. Más mercado o más Estado, un dilema que deberíamos ya estar superando ante una ola cada vez más fuerte de dejar hacer, dejar pasar.
