Fuente: Unidad de investigación de Diario Correo
Fondos provienen de la Cooperación Internacional, revela APCI.
El lunes publicamos un informe en el que señalamos que las donaciones recibidas del exterior por las ONG peruanas Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Comisión Andina de Juristas (CAJ) y Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), entre los años 2013 y 2017, ascendieron a 27 millones 971 mil 643 dólares.
Esta información fue remitida a este medio por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
El desglose de esta cifra daba cuenta de que Aprodeh recibió US$ 1’261,580 el 2013, US$ 1’298,073 el 2014, US$ 765,131 el 2015, US$ 364,815 el 2016 y US$ 559,854 el 2017. Es decir, un total de 4’249,453 dólares.
En el caso de la Comisión Andina de Juristas, se observa que el 2013 recibió US$ 5’084,268, el 2014 US$ 4’944,738, el 2015 US$ 5’059,178, el 2016 US$ 554,485, mientras que el 2017 no se reportaron ingresos. El total para este período ascendió a US$ 15’642,669.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registra en 2013 haber recibido donaciones por US$ 1’936,964, en 2014 US$ 1’306,060, en 2015 US$ 1’636,506, en 2016 US$ 1’531,407 y en 2017 US$ 1’668,585. Esto suma nada menos que US$ 8’079,522.
En la víspera, recibimos una carta notarial de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en la que indica que los montos antes señalados “son falsos y carentes de realidad” y que “esto puede verificarse en la documentación que APCI tiene”.
Pues dado que ha sido la propia APCI la que nos ha brindado esta información, de manera oficial, nos ratificamos en nuestro informe y publicamos el detalle pormenorizado de cada uno de los proyectos o “intervenciones” –como lo llama la agencia- por los cuales recibieron las donaciones antes descritas.
Se debe señalar que APCI, al momento de entregar esta información a nuestra Unidad de Investigación, nos precisa que se trata de “una relación de todos los proyectos presentados por parte de las referidas entidades ante la APCI, correspondiente a los últimos 05 años”.
“Cabe indicar que la información que brinda esta agencia, proviene de la declaración anual que efectuaron tales instituciones durante los referidos años, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 719 – Ley de Cooperación Técnica Internacional”, añade la agencia.
“CONFLICTO ARMADO”
Entre los proyectos financiados por distintas entidades extranjeras figuran “Aumentar el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado interno en Ayacucho, Apurímac y Lima, a través de la defensa legal en casos de graves violaciones de los derechos humanos”.
Este proyecto, encargado y financiado por el Open Society Institute (OSI) para Aprodeh, utiliza el término “conflicto armado interno”, tan usado por la izquierda radical en el Perú que intenta encubrir el terrorismo que se vivió desde 1980.
El OSI fue fundado por George Soros, financista de la izquierda marxista e incluso de Alejandro Toledo, hoy fugado del país ante las graves acusaciones de corrupción en su contra.
Otra de las “intervenciones” encargadas a Aprodeh es la “Promoción de los procesos de memoria, acceso a la justicia y solución pacífica de conflictos en zonas afectadas por el conflicto armado interno y conflictos socio ambientales”. Nuevamente calificando como “conflicto armado interno” a lo que realmente se vivió en el Perú: terrorismo. Este proyecto fue financiado por la Comisión Europea, entidad que es una de las que más aportes da para estas causas.
También Aprodeh recibió una importante subvención para gestionar el “Litigio estratégico en torno a casos emblemáticos de violación de derechos humanos y discriminaciones diversas”. Así como este, se aprecian otros muchos proyectos ligados a conflictos contra la actividad minera y de hidrocarburos, con miles y miles de dólares para su financiación.
MÁS PROYECTOS
En cuando a la CAJ, podemos ver programas como “Fortalecimiento del acceso igualitario a una justicia independiente y transparente en la región andina, auditoría social y transparencia”, “Promoción de políticas públicas para reducir la exclusión y discriminación hacia los pueblos indígenas de la región San Martin” y “Promoción de la participación y representación indígena en los procesos políticos de América Latina”, entre otros.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos no se queda atrás en la encargatura de estos polémicos proyectos o “intervenciones”. Ahí vemos proyectos financiados como “A diez años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación”, encargada por la ONG Diakonia, con sede en Colombia.
Asimismo, “Garantizar los derechos de los pueblos indígenas en el proceso penal denominado Baguazo” y “Promoción de procesos de memoria, acceso a la justicia y solución pacífica de conflictos en zonas afectadas por el conflicto armado interno y conflictos socio ambientales”.
Este último, como en el caso de los proyectos destinados a Aprodeh, hacen referencia al “conflicto armado interno”, un intento más por trastocar la realidad de las épocas de violencia terrorista que generó miles de muertos y cuantiosas pérdidas para nuestro país. Este proyecto, por ejemplo, está financiado también por la Comisión Europea.
Cabe recordar que el 22 de abril de 2008, la ONG Aprodeh, representada por Francisco Soberón Garrido [Director de Proyección Institucional] y Juan Miguel Jugo Viera [Director Ejecutivo] enviaron una carta al Parlamento Europeo solicitando que el MRTA no sea incluido en la lista de organizaciones terroristas del mundo.
En esa misma carta, esta ONG reitera su insistencia en la culpabilidad de militares héroes de la democracia que derrotaron al MRTA en el xitoso operativo Chavín de Huántar (1997), a quienes acusan de supuestas ejecuciones extrajudiciales.
“Lo que sí está pendiente (…) es el procesamiento y sanción a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, culminado el debelamiento del secuestro de rehenes en la Embajada de Japón (22 de abril de 1997) contra tres capturados y rendidos del MRTA”, señala Soberón y compañía.
