Grupo de trabajo que investigó los procesos de ascenso y pases al retiro de las Fuerzas Armadas, concluyó que el presidente de la República abusó de su autoridad y promovió oficiales “leales a su causa política”.

El 6 de enero de 2015, un ofendido Ollanta Humala anunció por televisión que destituiría a Jorge Briceño Herrera, mayor general de la Fuerza Aérea del Perú. El oficial había sido vinculado a una investigación por robo de combustible. “Limpiaremos a las Fuerzas Armadas de cualquier práctica de corrupción”, dijo en tono vehemente el entonces presidente. Al parecer, aquella declaración no fue más que una pose, un gesto calculado.

Así se lee en el informe final de la comisión especial que presidió el jurista Enrique Bernales sobre los ascensos y pases al retiro en las Fuerzas Armadas durante el gobierno del Partido Nacionalista Peruano.

Justo ese 6 de enero de 2015 —en que Humala anunciaba por televisión que no toleraría un solo acto de corrupción— llegaba a su punto más alto el escándalo por la fuga y posterior captura en Bolivia de Martín Belaunde Lossio, ex asesor de la pareja presidencial, acusado de encubrir actos delictivos.

Al parecer, el anuncio del entonces presidente de la República pretendía situarlo a él y a su esposa lejos de las indeseables salpicaduras de la imagen que en ese momento era inminente: Belaunde Lossio descendiendo con las manos esposadas del avión que lo traería de regreso a Lima.

El informe de la comisión sobre ascensos y pases al retiro de las Fuerzas Armadas califica aquel recurso de Humala con la contundencia de un disparo a quemarropa: “Fue una cortina de humo”. Todo sugiere que los ascensos y pases al retiro fueron usados por el entonces presidente según sus intereses personales.

¿Para perpetuarse?

La comisión encontró que numerosos ascensos dispuestos por Ollanta Humala se decidieron en función de un único criterio: pagar favores y asegurar lealtades. Semejante lógica permitió que oficiales de bajo perfil y experiencia insuficiente fueran nombrados como jefes de unidades estratégicas.

“Mediante este procedimiento arbitrario, que favoreció a quienes no tenían proyección para ascender, se generó una situación de descontento en el Ejército (…) que ha quebrantado el respeto, la disciplina y generado interferencia y violación de derechos fundamentales”, se lee en el informe.

Los oficiales beneficiados resultaron ser de la misma promoción del presidente, sus amigos de cuartel. Las conclusiones de la comisión suenan otra vez como un disparo: “Ellos ascendieron indebidamente a los cuadros divisionarios discriminándose a los oficiales de trayectoria más calificada, a quienes se pasó al retiro de modo sistemático”.

Humala, que siendo militar apenas alcanzó el grado de teniente coronel —un escalón por encima de mayor y uno por debajo de coronel— pervirtió el principio de jerarquía debida, que es uno de los resguardos institucionales más importantes de las fuerzas militares de cualquier país.

Y por supuesto no lo hizo sin un objetivo en mente. Según la comisión, “desde la Presidencia de la República se dispuso que más importante que el ascenso en función al mérito era el propósito de controlar el Ejército, poniéndolo al servicio de sus propósitos políticos de permanencia en el poder”.

Toda una estrategia

Cabe una pregunta: ¿el modus operandi dispuesto por Ollanta Humala de manipular los procesos podía aplicarse al pie de la letra sin el conocimiento de sus ministros de Defensa? Fue un plan eficaz, aunque resultó imposible no dejar un rastro de pruebas.

Al comienzo del gobierno del Partido Nacionalista Peruano se creó una Junta de Selección, a la que se le otorgó la potestad de modificar la nota final de cada militar evaluado. Esa fue la puerta de entrada al cielo o al infierno, y la llave la tenía el presidente de la República, nadie más.

En la revisión de la documentación que hizo la comisión investigadora, quedó claro que esa Junta de Selección actuó sin resguardo de ninguna formalidad, o tacto, o sentido común.

Por ejemplo: en un listado de diez oficiales —cuya ubicación en sentido ascendente era consecuencia de su formación académica, logros operativos, condecoraciones, felicitaciones y llamados de atención— resultó que el mejor calificado fue despedido y en su lugar apareció el segundo peor calificado, todo gracias a los puntajes finales de la Junta de Selección, es decir del gesto salvador o de sentencia del presidente Humala.

A la luz de estos hallazgos no es extraño que los casos más protuberantes que la comisión encontró correspondan al Ejército, donde recibieron 85 solicitudes de revisión de procesos de ascenso y pases al retiro.

¿Y ahora qué?

A pesar de los hallazgos del informe, y del soporte de pruebas, las recomendaciones de la comisión no son vinculantes, sino apenas observaciones para que sean consideradas por el presidente Kuczynski y el Congreso.

Entre las recomendaciones de la comisión hay modificaciones normativas, por ejemplo de artículos y leyes que terminaron favoreciendo la injerencia indebida de la Presidencia.

Respecto de las recomendaciones normativas, parece haber cierto consenso, pero no sobre el reintegro de los oficiales destituidos. Los costos económicos de intentar reparar los exabruptos provocados por la Junta de Selección de Humala todavía no han sido calculados. Se sabe que serían cuantiosos.

Uno de los reintegros más cuestionados es el del mayor general Jorge Briceño Herrera, al que Humala sentenció por televisión aquel 6 de enero de 2015, cuando prometió que limpiaría las Fuerzas Armadas de toda corrupción.

Aunque en su caso parecía justificado despedirlo por robo de combustible, resultó que la sustentación en la orden de baja fue una medida disciplinaria. Tenían cómo acusarlo de un delito y, sin embargo, apenas lo responsabilizaron de “influenciar negativamente a sus subordinados”.

Al parecer, la promesa de Humala de atacar la corrupción en las Fuerzas Armadas se quedó en eso que la comisión llamó cortina de humo. Pero, ¿para ocultar qué? La comisión también lo dijo: perpetuarse.

Lo que dice el informe

“En síntesis, fueron las mismas tácticas y el mismo uso perverso del poder que puso en práctica el capitán del Ejército Vladimiro Montesinos”.
“La intromisión política en la vida institucional del Ejército Peruano ha sido una constante, al punto de generar un descontento en una oficialidad a la que, sistemáticamente, no se le respetó en su profesionalidad, en su foja de servicios, ni en el orden de mérito obtenido a través del tiempo”.
“Humala se jactó de un plan para gobernar el país hasta el 2021, y para ello debía contar con el apoyo del Ejército, el que en los altos mandos debía estar en manos de oficiales de su promoción (Héroes de Pucará y Marcavalle 1984)”.
“No solo se violó el tratamiento jurídico-constitucional de la vida militar, sino que, en los casos de oficiales afectados por la arbitrariedad de excluirlos en el ascenso, se vulneraron sus derechos”.

SABÍA QUE

Una de las más importantes modificaciones que impulsó Ollanta Humala para conseguir su esquema de promociones fue elevar sucesivamente el tiempo de permanencia, primero de 35 a 38 años, luego a 40 años. A su vez, redujo el tiempo mínimo para el ascenso de los generales de Brigada al grado inmediato superior, de 5 a 4 años, medida con la cual cuatro miembros de su misma promoción ascendieron a generales de División.

Fuente: Perú 21