Fuente: La República

La constructora Odebrecht consiguió, mediante un proceso de arbitraje, que el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM) le pague 26.1 millones de soles por concepto de supuestos gastos imprevistos en la habilitación de la carretera de San José de Sisa, en Tarapoto. Justamente, esta obra le fue adjudicada por el PEHCBM a Odebrecht mediante el pago de un soborno al exgobernador de San Martín, César Villanueva, según relató y documentó el exrepresentante de la empresa en el Perú, Jorge Barata.

Los reclamos de Odebrecht al PEHCBM se iniciaron durante la gestión del exgobernador César Villanueva, según la documentación al que tuvo acceso La República. El PEHCBM es un organismo dependiente del Gobierno Regional de San Martín y la máxima autoridad del mismo, el gerente general Marco Díaz Espinoza fue nombrado por Villanueva. A su vez, Marco Díaz nombró a los miembros del comité de licitación que direccionaron el proceso para que ganase Odebrecht. Con la delación de Jorge Barata, ahora las autoridades saben que la constructora brasileña consiguió la adjudicación de la obra mediante el pago de sobornos.

César Villanueva ha rechazado que Odebrecht le abonase dinero a cambio de la adjudicación de la construcción de la carretera San José de Sisa, a un costo de 109.5 millones de soles. Pero no mencionó que fue él quien designó a Marco Díaz como gerente general del PEHCBM y, por su intermedio, se designó a los miembros del comité de licitación. Villanueva ha decidido ponerse a disposición de las autoridades y evitar las preguntas de la prensa.

Hasta poco antes de iniciarse la controversia arbitral, el PEHCBM había adelantado varios pagos a la brasileña: 27.7 millones de soles el 29 de diciembre de 2008; y 13.5 millones de soles, el 25 de febrero de 2009.

El 13 de junio del 2011 se dio inicio a un arbitraje ad hoc debido a una demanda arbitral interpuesta por Odebrecht que reclamaba 12 pretensiones principales y 14 pretensiones accesorias cuyo monto inicial fue de 85.7 millones de soles. Además demandó un plazo adicional de 235 días para entregar la carretera. Lo que quería Odebrecht representaba el 78.2% del costo original de la obra. Más de la mitad.

Danza con lobos

Fueron nombrados miembros del tribunal arbitral Mario Castillo Freyre, como presidente designado por la Sala Comercial de Lima; y como integrantes, Alfredo Zapata Velasco, designado por Odebrecht; y Ricardo Espinoza Rimachi, elegido por el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM).

Estos nombres no son ajenos a los actos de corrupción de Odebrecht. Mario Castillo y Alfredo Zapata son investigados por los fiscales del Equipo Especial Lava Jato por presuntamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña con la finalidad de conseguir laudos favorables y así cobrar millonarios reclamos. Y Ricardo Espinoza ha sido denunciado penalmente por el PEHCBM por presuntamente haber recibido pagos ilícitos de Odebrecht.

Fue justamente este tribunal el que resolvió el 28 de febrero de 2013 -durante la gestión del exgobernador César Villanueva- que el PEHCBM pagase a Odebrecht 66.1 millones de soles.

Increíblemente, todavía durante el mandato de Villanueva, la procuraduría del Gobierno Regional de San Martín presentó un recurso de anulación, pero no de todo el laudo en beneficio de Odebrecht, sino solo de algunos puntos. De esta manera, le reconocía a la empresa brasileña un pago de 26.1 millones de soles.

Bocado de millones

Con Villanueva ya fuera del cargo -el 31 de octubre de 2013 fue nombrado primer ministro por el presidente Ollanta Humala-, el 21 de noviembre del 2013 la Segunda Sala Civil Subespecial Comercial de Lima declaró fundada la demanda de anulación parcial de dicho arbitraje que interpuso asesor legal del PEHCBM, del Gobierno Regional de San Martín, y dispuso que el mismo tribunal -que estaba involucrado en pagos de sobornos de Odebrecht- emitiera un nuevo laudo.

De esta forma, el 20 de noviembre de 2014, el tribunal compuesto por los ahora denunciados Castillo, Zapata y Espinoza, interpretando la sentencia judicial, emitió un nuevo laudo otra vez a favor Odebrecht, obligando al PEHCBM que le pagase 26.1 millones de soles.

La procuraduría del Gobierno Regional de San Martín se mostró nuevamente desconforme con este fallo y presentó una nueva demanda de anulación ante la Segunda Sala Civil Subespecial Comercial de Lima, señalando que el laudo emitido por el tribunal ad hoc contravenía un mandato judicial de obligatorio cumplimiento. Efectivamente, dicha Sala dispuso que no se le abonara ni un centavo a Odebrecht.

Recién el 14 agosto del 2015, la instancia civil nuevamente le dio la razón al PEHCBM del Gobierno Regional, declarando fundada la demanda de anulación del segundo laudo.

Pero Odebrecht -cuyos actos de corrupción todavía no habían sido expuestos por el Caso Lava Jato- no se dio por vencida y quería quedarse sí o sí con los 26.1 millones de soles que no le correspondían. Así que los brasileños interpusieron un recurso de casación ante la Corte Suprema contra lo resuelto por la Segunda Sala Civil. Pero el tiro les salió por la culata. La Suprema declaró infundada la pretensión de Odebrecht, el 3 de noviembre del 2016.

El tribunal arbitral estaba en la obligación de emitir un nuevo laudo, dando cumplimiento a lo decidido por la Corte Suprema. Sin embargo, hasta la fecha no ha cumplido con esta disposición porque el expediente del caso ya no está disponible: la documentación original ahora está en manos del Equipo Especial de Lava Jato, que se encarga de las investigaciones.

Por lo tanto, a la fecha, el laudo favorece a Odebrecht por un monto que en la actualidad alcanza los 26.1 millones de soles, que la empresa brasileña está en condiciones de reclamar cuando disponga.

En uno de los pocos pronunciamientos al respecto, el exgobernador César Villanueva publicó en su cuenta de Twitter: «Frente al reclamo de S/ 85 mllns por la única obra de Odebrecht en San Martín, pedimos hasta dos nulidades del laudo que los favoreció. Luchamos contra ellos y me siento orgulloso de haber defendido hasta el último centavo de mi gente. Los sobrecostos no mancharon mi gestión”.

Pero no fue así.

“No es tan cierto lo que dice (Villanueva). Odebrecht no solo podría reclamar el dinero sino que en cualquier momento lo va a hacer. Formalmente ya no se puede acudir a otra instancia arbitral, pero todos estos procesos dudosamente llevados coadyuvarían en el proceso penal con la finalidad de lograr recuperar este dinero vía reparación civil”, señaló el procurador del Gobierno Regional de San Martín, Germán Bedoya Gómez.

Villanueva: “Barata es un delincuente”

El exgobernador de San Martín César Villanueva, en una de las pocas ocasiones que respondió a la prensa luego de que Jorge Barata lo delatara, dijo que todo era una farsa.

“Ya me cansé de estar soportando este tipo de cosas porque es la voz de un delincuente (Barata) súper escudado frente a una autoridad», dijo a Radio Programas del Perú.

«Le he ganado a Odebrecht, nos ha querido robar, ese es el término, y no le hemos dejado en San Martín. Le hemos ganado en todas las instancias. Entonces al que roba sí le creen, y al que defiende los centavos del Estado no se le cree», señaló.

Lo que evitó mencionar César Villanueva es que el árbitro que fue nombrado durante su gestión por el PEHCBM, Ricardo Espinoza Rimachi, está denunciado por presuntos sobornos de Odebrecht.

César Villanueva afirma que, durante su gestión, Odebrecht no logró su objetivo, pero las actuales autoridades de San Martín sostienen lo contrario.

Árbitros bajo investigación
Mario Castillo Freyre

Presidente del tribunal arbitrarial que favoreció a Odebrecht.

Ricardo Espinoza Rimachi

Árbitro designado por el PEHCBM, del Gobierno Regional de San Martín.

Alfredo Zapata Velasco

Árbitro designado por la constructora Odebrecht que ganó la licitación.