Decano Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, Arturo Yep Abanto, refiere que para este fin debe modificarse Ley de contrataciones de obras del Estado y su reglamentación
RCR, 6 de agosto 2018. Las obras públicas deben desarrollarse necesariamente mediante la convocatoria a un concurso arquitectónico de tal manera que evite la perpetración de hechos de corrupción, planteó el Decano Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, arquitecto Arturo Yep Abanto.
“Consideramos que la mejor forma de lograr un proyecto de calidad debería realizarse a través de un concurso arquitectónico, porque un concurso abierto invita a la creatividad, en la que los arquitectos proponen las diferentes formas de solución que sea la mejor para la ciudad, desde el punto de vista estético, protección del patrimonio y que cuente con la aprobación de la ciudadanía”, anotó.
En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Yep insistió en que toda obra y proyecto público tiene que ser participativa y atractiva para la población ya que, en caso contrario, “cuando una edificación no es querida para la población puede ser vandalizada”.
Recordó que actualmente la Ley de contrataciones de obras del Estado, y su reglamentación, privilegia los proyectos de menor costo y la experiencia del postor, en lugar de fortalecer las mejores obras.
“Y las administraciones del Estado, gobiernos municipal y regional, así lo han ejecutado. Hacen un proyecto a través de un estudio económico, a través de un perfil de inversión, y no necesariamente empezando por revalorar la calidad del espacio”, especificó.
En ese sentido, exhortó a las autoridades a mejorar la normativa de manera que se reintroduzcan los concursos arquitectónicos para proyectos de inversión pública. “De esta forma, evitamos que haya un manoseo respecto al valor del proyecto y de la obra”, apuntó.
El Decano del Colegio de Arquitectos refirió igualmente que se tiende a obviar el concurso público en base al falso concepto y a la errónea idea de “la ganancia de tiempo”, “ya que la inmediatez no lleva a un buen proyecto”, sino más bien “a errores de concepción, acabados y formulación” que pueden derivar a sobrecostos y a que los proyectos no se concluyan y sean judicializados.
