RCR, 03 de diciembre de 2024.- Ángel Delgado Silva, nuevo Jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, no ocultó la gravedad de la crisis en el Parlamento tras la denuncia de una supuesta red de prostitución y el asesinato de una extrabajadora, al calificarlo de «escándalo de proporciones gigantescas» que ha copado titulares en todo el mundo.

En declaraciones a Red de Comunicación Regional, Delgado Silva expresó que la oficina, encargada de brindar servicios altamente calificados, fue utilizada para «otros menesteres que no tienen nada que ver» con su función.

Ante esta situación, el nuevo jefe anunció una reestructuración completa del área. Detalló que con el respaldo del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, evaluará al personal que sigue en la oficina y propondrá el nombramiento de abogados idóneos en derecho administrativo para las funciones de asesoría jurídica y defensa de normas legales ante el Tribunal Constitucional.

Delgado Silva dijo que se ha fijado un plazo de 5 a 6 meses para lograr estos cambios. Sin embargo, fue enfático al afirmar que no tolerará obstáculos ni imposiciones, y que si no cuenta con las facilidades prometidas, «dará un paso al costado».

«No voy a sacrificar mi trayectoria profesional, que es de público conocimiento, a estas alturas de mi vida por algún ilícito o por algo que yo no me sienta cómodo», declaró a Enlace Regional de RCR.

En cuanto a la investigación sobre la muerte de la extrabajadora Andrea Vidal y la presunta red de prostitución, Delgado Silva sostuvo que el Congreso brindará todas las facilidades al Ministerio Público.

Subrayó que se trata de un crimen que debe ser investigado por las autoridades competentes, ya que el Parlamento no tiene la facultad para investigar delitos. «El Congreso puede ver conductas políticas, hace juicios políticos, no puede ver infracciones a la Constitución», explicó.

Delgado Silva enfatizó que el Ministerio Público tiene las herramientas necesarias para llevar a cabo la investigación, incluyendo la posibilidad de realizar apremios y medidas para obtener información. «El Código Procesal Penal en ese sentido es pródigo en un conjunto de acciones que tiene la fiscalía», recordó.