RCR, 29 de diciembre de 2020.- Jorge Villasante Araníbar, exministro de Agricultura, sostuvo que el proyecto de nueva ley agraria no va a satisfacer a los trabajadores y a las empresas, porque no va a impedir que las services sigan cometiendo abusos laborales. Planteó que la norma debería fijar un incremento de las utilidades en vez de fijar un bono del 20% y además establecer límites legales a las tercerizaciones.
“Si es que el Congreso no toma una decisión, los trabajadores están regidos por el régimen laboral general, es decir el decreto legislativo 728, que establece la remuneración mínima vital, pago de gratificaciones y CTS. Esto es difícil que satisfaga a los trabajadores y a las empresas. No es el escenario para pensar en una ley que guste a ambos, aunque puede haber mecanismos como las utilidades y poner límites en la tercerización y services para evitar una serie de abusos y excesos que se cometen en el sector”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
“Los sistemas de inspección laboral en ninguna parte del mundo van a poder llegar a todas las empresas. Ica no tiene más de 17 inspectores laborales para todas las actividades económicas y es imposible que estén en todos los lugares de trabajo a la vez. En el sector agroexportador se les pide a muchas empresas que realicen procesos de inspección y la ley no está abordando el tema de los services y de la tercerización. Deberían ponerse límites porque la tercerización y los services no están pensados para reemplazar a trabajadores de la actividad principal de sembríos y cosechas”, indicó.
Sugirió que “tienen que haber incentivos que el proyecto de ley los recoge como el pago al impuesto a la renta que vaya creciendo progresivamente hasta llegar al porcentaje que tiene el régimen general, las aportaciones al seguro social se hacen de manera progresiva”. “Tenemos que pensar que en el sector agrario tenemos personas naturales y personas jurídicas. Pero, no se está atacando el tema de fondo y es que services y tercerización, que son los que han generado todo este problema”, manifestó.
“Una ley no es el medio a través del cual deberíamos fijar un monto de remuneraciones. Lo que la ley debería hacer es establecer pisos mínimos y a eso se orienta este proyecto de ley al margen de las cifras que se están manejando. Se dice en el sector agrario usted no podrá pagar menos de la remuneración mínima. Además, se tiene que pagar un bono que equivale al 20% del sueldo mínimo, pero no parece una buena técnica y pensemos en montos fijos”, señaló.
“Hay que reconocer que somos un país diverso, que existen distintas realidades en el sector agrario. Aquí hacemos mal si pretendemos dictar una ley que englobe a todo el sector, indistintamente de su condición, llámese empresas, personas naturales, grandes empresas, pequeñas empresas, porque no hay que olvidar que el proyecto de ley establece como responsabilidad el pago de las obligaciones laborales y tributarias”, expresó.
“Si uno se pregunta si la realidad de Ica es igual que la de Huancavelica o a la del Cusco o de la Selva. No es la misma. Lo que estamos haciendo en buena cuenta es pensar en una buena ley, con mejoras a los trabajadores, pero estas tienen que ir de la mano con un hecho tangible, es decir si las empresas van a poder pagar esas remuneraciones y conceptos que están precisados en el proyecto de ley”, subrayó. Comentó que “gente que antes se dedicaba a la agricultura, ya no quiere trabajar en el sector, porque hay otras opciones donde se paga más”. “No se está reconociendo que somos un país diverso, con realidades diametralmente opuestas”, recalcó.
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