Coordinadora regional en Loreto de la ONG CHS Alternativo, Herminia Navarro Blaya, destacó también el funcionamiento, desde el 2014, de la denominada Mesa Local de la Triple Frontera, una organización multinacional integrada por los tres países limítrofes, Perú Colombia y Brasil, destinada a una coordinación interinstitucional para enfrentar los principales flagelos que afectan a la zona como la trata de personas, el narcotráfico y la tala y minería ilegal.
RCR, 19 de febrero de 2020.- La magnitud de la trata de niños, niñas y adolescentes, en la región Loreto, es de tal naturaleza que no existe provincia, distrito o pueblo que esté libre de este flagelo, independientemente de cual sea su situación económica o social, denunció la coordinadora regional de la ONG CHS Alternativo, Herminia Navarro Blaya.
“No hay ni un solo distrito, no hay una sola provincia, no hay ni una sola persona que pueda estar libre de trata de personas, en cualquier momento de su vida. Cualquiera puede ser víctima, independientemente de cuál sea su situación económica, social o personal. Muchas veces se vincula la trata de personas, por ejemplo, a una situación de pobreza. Pero, en el fondo, la experiencia nos ha demostrado que cualquier persona, en un momento de vulnerabilidad, puede ser susceptibles de caer en una red de trata de personas”, subrayó.
Situación económico-social de Loreto
En ese sentido, indicó que en los últimos veinte a veinticinco años, aproximadamente, los indicadores, a nivel social y económico, de la región Lotero, apenas han cambiado e, incluso, en algunos procesos ha empeorado.
“Ejemplos de esto, en la región Loreto: si la media nacional del embarazo adolescente en el país, es de un 15 por ciento, aproximadamente; en Loreto -según el último dato del año pasado- estamos hablando de un 32 por ciento de embarazo en adolescente. Hasta hace muy poco, el distrito de Mazán, en la provincia de Maynas, era reconocido tristemente como uno de los distritos con mayor número de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes no en todo el país”, enfatizó.
Refirió que lo mismo ocurre a nivel económico y social, en donde muchísimas comunidades no cuentan con infraestructura ni servicios básicos, ni menos educación de calidad.
“Entonces, (tenemos) toda esa ausencia, por parte del Estado, sobre todo en zonas fronterizas. No olvidemos que hacemos frontera con Brasil, Colombia y con Ecuador, (y) hace muchas veces que la población conviva con economías ilícitas (como el) narcotráfico. El otro día nos comentaban que la situación en la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia, el narcotráfico, en los últimos años, ha aumentado un 400 por ciento. Es una bestialidad, por favor”, puntualizó.
Señaló igualmente el incremento vertiginoso de las redes sociales como un poderoso vehículo captador de gente para la trata de personas, y de mujeres, en especial.
“Allá, en la última estadística que se dio del último año y medio, aproximadamente, (se) hablaba de que, del total de los casos de trata de personas, se había duplicado en muy poco tiempo el número de denuncias de personas que han sido intentadas captar por las redes sociales”, apuntó.
En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Navarro destacó también el funcionamiento, desde el 2014, de la denominada Mesa Local de la Triple Frontera, una organización multinacional integrada por los tres países limítrofes, Perú Colombia y Brasil, destinada a una coordinación interinstitucional para enfrentar los principales flagelos que afectan a la zona como la trata de personas, el narcotráfico y la tala y minería ilegal.
“Desde el 2014 viene trabajando lo que se llama la Mesa Local de la Triple Frontera, que funciona a nivel de tres ejes: 1- la judicialización, que está conformado por autoridades judiciales policiales y Fiscales de los tres países; 2- un eje de prevención, formado también por autoridades y representantes de la sociedad civil de los tres países, donde se ha incorporado el grupo de población nativa; y 3- la Mesa de atención y protección a víctimas, integrada por los programas y servicios del estado de los tres países”, especificó.
Convenio con Estados Unidos para enfrentar trata de personas
En el 2018, el gobierno del Perú y Estados Unidos firmaron una alianza que tiene como objetivo proteger y promover acciones para erradicar la trata de niños, niñas y adolescentes. Recientemente este convenio ha sido ampliado con una ayuda de 1 millón 700 mil dólares para el país. Las regiones de intervención son: Lima, Cusco, Loreto.
La ejecución a nivel del Perú ha recaído en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), junto con el Centro Yanapanakusun, con dos subreceptores para poder implementar estas acciones: CHS Alternativo y el Instituto de Defensa Legal (IDL), en la parte referida al patrocinio legal de casos emblemáticos.
“A finales del 2017 se firmó una alianza entre los gobiernos de Estados Unidos y del Perú para articular acciones tendientes a erradicar la trata de niños, niñas y adolescentes en el Perú. Este convenio tiene un plazo de vigencia hasta el 2021, (pero) este plazo de vigencia se ha ampliado un año más, hasta el 2022, para la ejecución de las acciones previstas”, aseveró Navarro.
Agregó que la ampliación del citado convenio ha permitido extender su actividad a las regiones de Madre de Dios y Puno, que también registran elevados niveles en la trata de niños y adolescentes, y “también se van a poder realizar acciones dirigidas a erradicar la trata”.
“A nivel de CHS Alternativo, en concreto, a nosotros ha caído la responsabilidad de desarrollar acciones tendientes a fortalecer la capacidad del Estado, en todo lo que tiene que ver con la atención, la protección y la reintegración de víctimas de trata de personas, principalmente”, concluyó.
