RCR, 01 de Diciembre 2020 .- El general PNP Félix Murazzo, exministro del Interior, señaló que la designación como nuevo comandante general de la Policía Nacional de César Cervantes Cárdenas, a pesar que ocupa el puesto 19 en el escalafón policial, y el subsiguiente pase al retiro de 18 generales que lo antecedían, obedece a una tendencia ideológica defendida por movimientos de izquierda en el Perú y en países como Chile, Bolivia, Argentina y otros, donde se han producido graves hechos de violencia.

“Esto obedece a una tendencia ideológica conocida como el movimiento del ‘socialismo del siglo XXI’ y que es una corriente que viene reflejándose no solo en el Perú, sino en otros países donde por coincidencia también se han presentado hechos graves de violencia como el caso de Chile, como el caso de Bolivia, Argentina y otros países más. La población tiene que estar al tanto de que este es un tema que evoluciona en contra de los intereses del país”, remarcó.

Dijo que “es lamentable que el Perú esté atravesando por una etapa de crisis no solo política, social y económica, sino moral”. “Nosotros en la Policía nos sometemos a las leyes y a los reglamentos, y en este caso cuando se habla de haber afectado la institucionalidad, es porque antes se ha afectado los principios establecidos en la Constitución como derechos fundamentales, por decir el artículo 1, que es el respeto a la persona y a la dignidad. El artículo 168 señala que la Policía se rige por sus leyes y reglamentos, que son justamente los que se han transgredido”, indicó.

Afirmó que “el mandatario tiene como primer asesor en estos temas al ministro del Interior y su interpretación de la norma es sesgada”. “El artículo 8 del decreto legislativo 1267 fue formulado el 16 de diciembre del año 2016, cuando el ministro Rubén Vargas era viceministro del Interior, por tanto, él no puede aducir desconocimiento de la norma. En el reglamento, el decreto supremo 0011-2019, está claro que se habla de tres oficiales generales que están dentro del escalafón. Pero se quiere acoger a la parte final de la norma, que es accesoria, mientras lo principal es que se tiene que definir entre los tres. Y la ley tiene que respetarse”, anotó.

Precisó que “lo ocurrido dentro del marco del derecho es considerado un acto administrativo. El hecho de haber separado a los generales del comando de la alta dirección, para que tenga validez tiene ciertas condiciones: que no viole la Constitución, que no viole la ley, que no viole los reglamentos”. “El artículo 10 de la ley 27444 señala que son causales de nulidad, porque tiene vicios administrativos aquello que contravenga la Constitución y las leyes, y además ser consciente que los actos administrativos que constituyan infracciones penales, carecen de consecuencias”, aseveró.

Exministros se pronuncian

Advirtió que “si el presidente persiste en la decisión, se convertirá en un episodio no querido por los peruanos que buscan lo mejor para el país”. “Todo ser humano tiene la posibilidad de reflexionar y enmendar. No es casualidad que se hayan pronunciado 12 comandantes generales y 14 exministros del Interior. Es primera vez que se presenta un mensaje que aglutina a exministros de varios gobiernos y no podemos estar todos equivocados”, apuntó.

“Hay un balance de siete exministros policías y siete que no son policías. De esos siete que no son policías hay dos militares y cinco representantes de diversas profesiones. Esta representación refleja de alguna manera la sociedad. Yo tengo la esperanza que esto tiene que corregirse. El escenario no es el más conveniente para el país y es el no deseado por los policías”, precisó.

Destacó que “la ciudadanía tiene que entender la labor de la Policía como una entidad de servicio social y que tiene como finalidad dar seguridad y mantener el orden y la tranquilidad”. “La labor de la Policía, es sacrificada y muy riesgosa, porque se trata de servidores públicos que se despiden de su casa sin saber si van a regresar, habría que hacer uso de la empatía para ubicarse en ese escenario, donde uno en una intervención o en una puerta o en un carro puede encontrar la muerte”, indicó.

“Esto que está pasando con la Policía, afectando la institucionalidad, es la que podría estar pasando en otros estamentos. Los generales han sido formados y capacitados durante más 20 años con dinero del Estado, hay que actuar con cautela en momentos como este, donde un gobierno temporal y transitorio, como dijo el presidente en su mensaje, debería llamar a la conciliación. Con esta medida dada en la policía está generando un clima que puede afectar la gobernabilidad. Yo como abogado y policía no podría emitir un juicio de valor por hechos futuros, pero sí puedo transmitir mi preocupación por una medida que debe darse a nivel gubernamental”, resaltó.

Paro policial

Sobre un eventual paro policial para el 4 de diciembre, expresó que “en función al rol que he tenido como ministro de Estado mi respuesta es que eso sería muy riesgoso para el país”. “Considero que un personal afectado en lo físico y en lo moral necesita que sea tema de un análisis prioritario por parte del Estado, en este caso por el gobierno. Yo confío en que eso se dé para reducir cualquier riesgo al respecto”, anotó.

“De los funcionarios públicos que ejercen labor de seguridad los que están más expuestos somos lo que ejercemos la labor policial que estamos en contacto con la población. Nuestro trabajo no es de un conflicto de guerra, sino de un trabajo permanente, no esporádico, y eso nos expone a la acción, porque somos una familia muy numerosa, son más de 130 mil efectivos, que, en el ejercicio de esa labor, se comienzan a generar conductas descalificables que las debemos rechazar y corregir. Eso nos genera ante la opinión publica una especie de vulnerabilidad, somos la pita más débil y por ahí se rompe siempre. Yo exhorto a mis colegas honestidad y mantener la moral”, remarcó

Con relación a la exigencia de un requerimiento de información al comando policial sobre el accionar de los efectivos durante las protestas, dijo que “eso no es lo grave, lo grave es el uso que se de a esa información, tomando en cuenta que las investigaciones están siendo llevadas por el Ministerio Público”.

 “Por lo tanto, es el Ministerio Público el que tiene que llegar a conclusiones y en función a ellas tomar medidas, no solamente referidas a los autores de los hechos, sino a las circunstancias en que se produjeron. Yo exhortaría al Ministerio Público a llegar lo más pronto posible a los resultados, para evitar interpretaciones subjetivas y adelanto de opinión y especulaciones que puedan dar lugar”, subrayó.

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