Fuente : Ministerio de Trabajo 

ü  Ministra Betssy Chavez indicó que, a través del Programa ‘Trabaja Perú’, se tiene previsto generar durante este 2022 alrededor de 165 mil empleos temporales.

ü  El MTPE vela y lucha por el respeto de los derechos constitucionales de los trabajadores de todo el país.

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Betssy Chavez Chino, informó que la cartera bajo su gestión sigue una agenda que tiene como punto de partida el primer artículo de la Constitución Política del Perú, “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.

En ese sentido, la titular de Trabajo señaló que “estamos enfocados en la construcción de una sociedad de bienestar en la cual se respeten los derechos fundamentales de la ciudadanía, haciendo especial énfasis en aquellos que atañen a su derecho al trabajo, a contar con un ambiente digno y adecuado dónde realizarlo, así como una remuneración justa por la labor efectuada.

Chavez Chino destacó que, gracias a las políticas de formalización del empleo impulsadas desde el MTPE, durante el 2021 se logró incorporar a 316 458 trabajadores a la Planilla Electrónica y se espera incorporar a otros 332 281 este año.

Asimismo, a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), para este año se proyecta realizar un total de 148 340 fiscalizaciones (15 423 más que las llevadas a cabo el 2021), a fin de velar por el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad y salud en el trabajo.

Generación de empleo en los sectores más vulnerables

A través del Programa ‘Trabaja Perú’, se tiene previsto generar durante este 2022 alrededor de 165 mil empleos temporales, en beneficio de la población en situación de pobreza, pobreza extrema o que haya sido afectada por desastres naturales o emergencias; así como mujeres víctimas de violencia.

“Empatizamos de igual forma con la población que necesita de hacerse de un ingreso, pero no se encuentra insertada en el mercado laboral. Por ello, se tiene previsto financiar unas 2 900 actividades de intervención inmediata, intensivas en mano de obra no calificada”.

De otro lado, Chavez Chino indicó que “como uno de nuestros ejes de gestión, buscamos que las mujeres tengan cada vez un mayor ejercicio de su ciudadanía, de su empoderamiento y el alcance de su autonomía económica”. Con ese propósito, el MTPE, a través del Grupo de Trabajo Multisectorial Wiñay Warmi (Crece Mujer), ha diseñado una intervención articulada cuyo objetivo es promover el acceso al empleo y empleabilidad de más de 5 millones de mujeres, con el fin de reducir las brechas de desempleo y empleo informal en las mujeres, especialmente las más vulnerables o afectadas por la pandemia de la COVID-19, añadió.

En Wiñay Warmi participan nueve ministerios del gobierno, a través del cual se trabajan temas vinculados a la promoción del empleo y de emprendimientos productivos, acceso a servicios del cuidado y a condiciones equitativas de trabajo y empleo, con participación de los gobiernos regionales y/o locales.

Solución de conflictos

En cuanto a la solución de conflictos laborales colectivos, durante el año pasado se solucionaron 54, beneficiándose a más de 132 mil trabajadores, mediante las reuniones de extraproceso y de conciliación, convocadas por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral de la Dirección General de Trabajo.

Asimismo, se brindaron 474 asistencias técnicas a las direcciones y gerencias regionales de Trabajo y Promoción del Empleo para la solución de conflictos en sus localidades; y se logró la postulación de 153 prácticas laborales a la décimo primera edición del Concurso Buenas Prácticas Laborales.

Código de Trabajo

El MTPE ha trabajado en la elaboración del Anteproyecto de Código de Trabajo, a fin de sistematizar la legislación laboral e introducir reformas en beneficio de los trabajadores, considerando que, actualmente, la normativa laboral se halla dispersa y varios aspectos regulados en ella requieren de una revisión para su mejora y modernización.

“Desde el mes de enero de 2022 la Comisión Sectorial inició la revisión del articulado y se espera que en abril se tenga un informe final que será sometido a diálogo social en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) para su revisión y legitimación procurando el consenso de los actores sociales antes de plantearse el proyecto de ley ante el Congreso de la República”, puntualizó la ministra.

“Reiteramos nuestro enfoque que tiene al ciudadano de a pie como principio y fin de cualquier política a implementarse en aras de la construcción de una sociedad cada día más justa, equitativa e integrada donde los derechos de los trabajadores no sean puestos en subordinación a criterios alejados del espíritu constitucional que recalca el respeto a su dignidad”, subrayó.

Tercerización Laboral

De acuerdo con el artículo 23° de la Constitución, “(…) ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.” En línea con ese texto constitucional, el MTPE acaba de publicar el DS 001-2022-TR, a través del cual precisa aspectos puntuales a la Ley de Tercerización, a fin de evitar la violación de los derechos humanos laborales de los trabajadores involucrados en este tipo de contratación.

Se precisa que las actividades inherentes a la empresa principal (o propias del núcleo del negocio) no pueden ser tercerizadas. Con ello se evita la existencia de trabajadores de primera y de segunda clase efectuando la misma labor, aunque recibiendo un trato distinto por la actividad realizada.

Asimismo, siguiendo el espíritu constitucional y acatando a su artículo 24 que dice: “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual”, el MTPE, atendiendo a la necesidad de los trabajadores situados en la base salarial de una mejora de sus ingresos, dispuso el aumento de la remuneración mínima vital (congelada durante cuatro años), obedeciendo a criterios estrictamente técnicos en coordinación con profesionales especializados del Ministerio de Economía y Finanzas.