El ministro de Justicia, Vicente Zevallos Salinas dijo que afirmar que hubo rebaja en la reparación civil, es incorrecto.
“El cálculo – que fue estimado inicialmente por la Procuraduría Ad hoc- se realizó con un marco jurídico distinto y comprendió a otros proyectos. La reparación inicial no correspondía al monto de las reparaciones aplicables a todas las empresas”, subrayó.
El ministro inició así el segundo tramo de respuestas a las 21 preguntas que consta el pliego interpelatorio. Aclaró, dirigiéndose al Pleno, que es preciso dejar establecido que eso no quiere decir que más adelante y según avancen las investigaciones, el Estado no pueda requerir una nueva indemnización por daños y perjuicios, en vía civil o penal.
Sobre la pregunta que el Procurador Ad Hoc del caso Lava Jato haya declarado en medios de comunicación con la estimación de la reparación civil, Zevallos sostuvo que el acta es de carácter reservado. No se debe conocer hasta que el juez lo homologue o apruebe.
Indicó que es necesario dejar en claro que no existe contradicción alguna. El marco del acuerdo sigue siendo la ley 30737, que dispone que el fiscal puede eximir, suspender o reducir la aplicación de dicha ley.
Consideró que se está confundiendo el cálculo de la reparación civil con el beneficio que le otorgará la Fiscalía a la empresa Odebrecht. La reparación civil corresponde a la Procuraduría. El cálculo del monto señalado debe respetarse atendiendo a los criterios señalados en el reglamento. “El procurador está facultado para otorgar ciertos beneficios, uno de ellos eximir de ciertos alcances”, acotó.
Zevallos afirmó que el proceso se encuentra dirigido por el ministerio Público. Es un mecanismo de la justicia penal negociada. Se busca que el arrepentido eficaz proporcione información.
Comentó que el procurador tomó conocimiento del proceso y actuó de acuerdo a sus funciones.
Eso no quiere decir que los demás proyectos deje de investigarse. No hay norma que prohíba ello, afirmó el ministro en respuesta a las preguntas del pliego interpelatorio.
“Solo en Tren Eléctrico, Carretera Interoceánica Sur tramos 2 y 3, Costa Verde Callao y Vía de Evitamiento del Cusco, se encontró responsabilidad penal. El resto de los proyectos seguirán su curso a las investigaciones”, añadió.
Remarcó que el contenido del acuerdo es reservado y confidencial, así como la delimitación es exclusiva competencia y autoridad del Ministerio Público.
“Es necesario recalcar que la delimitación no depende de la Procuraduría. Las investigaciones penales son estrictas competencia el Ministerio Público, la Procuraduría no la cumple este proceso de investigación”, precisó.
El ministro aseguró que la Procuraduría ad hoc del caso Odebrecht está buscando que la reparación civil sea viable y sostenible en el tiempo a fin de salvaguardar los intereses del Estado peruano.
“Hemos sido informados por la Procuraduría – que realizó en su oportunidad un análisis de los estados financieros auditados de Odebrecht y de aquellas empresas en las que tienen participación para calcular un valor referencial en caso la empresa no continúe con sus operaciones en el Perú- que el patrimonio de la empresa es negativo”, señaló el ministro.
Dijo que se desconoce cuál es la fuente para decir que Odebrecht en Perú cuenta con un patrimonio de 2,500 millones de dólares y precisó que los elementos que sirvieron a la procuraduría para llegar a esa conclusión han sido recabados como parte del trabajo propio de sus funciones en el marco del proceso penal que tiene carácter de reservado.
Con respecto al pago fraccionado, dijo que de acuerdo a la normatividad vigente los procuradores trabajan bajo el principio de autonomía y deciden la estrategia más viable y conveniente para los interese del Estado sin necesidad consultar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
Subrayó que esto abarca el ejercicio de la facultad que tiene los procuradores de conciliar o transigir sin previa autorización tal como lo establece el Art. 22 del DL 1068.
La intervención del ministro concluyó a las 10:55 am e inmediatamente el presidente del Congreso concedió la palabra a los portavoces de las diversas bancadas dando inicio a la intervención de los congresistas.
