Herberth Cuba, analista en temas de salud, dice que existe una negligencia cometida por la ministra Zulema Tomás por no cumplir con la ley 30895, que fortalece la rectoría del Ministerio de Salud para fiscalizar y sancionar las actividades de los gobiernos regionales en materia de salud.
La muerte de 30 bebes prematuros en el Hospital Regional Lambayeque es responsabilidad del ministra de Salud, Zulema Tomás Gonzáles, por no cumplir con su función de fiscalizar e implementar las políticas sanitarias de lucha contra la prematuridad, formación de recursos humanos y ejecución presupuestal para la compra de equipos, sostuvo Herberth Cuba, analista en temas de salud, en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).
“Existe una negligencia cometida por la ministra de Salud y los gobiernos regionales. El año pasado el Congreso de la República dio la ley 30895, que fortalece la rectoría del Ministerio de Salud y por ello tiene la autorización para fiscalizar y sancionar las actividades de los gobiernos regionales en materia de salud. El ministerio de Salud no ha cumplido con su papel de rectoría y su función”, explicó.
Recalcó que “la muerte de los bebes prematuros desnuda una cadena de negligencia que espero no se rompa solo en el nivel local, porque la fiscalía ya intervino en Chiclayo y probablemente serán sancionados los encargados de logística y de la sala de cuidados neonatales, pero no sería tomado en cuenta la negligencia administrativa, local, regional y nacional”.
Cuba desestimó la respuesta de la ministra de Educación que atribuyó las muertes de los bebés a la falta de incubadoras, al afirmar que se debe a “una cadena de negligencias administrativas en los gobiernos nacional y regional y los hospitales”. “Al parecer la ministra de Salud no ha cumplido con observar la ley 30895 y tampoco ha realizado ninguna actividad a nivel nacional al punto que su ejecución presupuestal es baja y en consecuencia no se ha cumplido con su función rectora”, dijo.
“La respuesta de la ministra debe ser integral y focalizada en recursos humanos, control prenatal, equipos, ejecución presupuestal a nivel regional y el tiempo que demoraría en plantearse ese plan. El ministerio de Salud debería evaluar qué hace para contratar más neonatólogos. También debe ver cuántos especialistas forma cada año, porque también existe una política de formación de recursos humanos que es el residentado médico”, precisó.
Políticas de salud
Cuba enfatizó en la necesidad de implementar una política contra la prematuridad a nivel nacional mediante el control prenatal. “Hay equipos que no solo son incubadoras. También hay equipos de alimentación parenteral y resucitación, así como ventiladores mecánicos y multiparámetros que ven como late el corazón del bebé. Todo eso requiere de un equipamiento adecuado. Deberíamos tener una mayor dotación de estos equipos para poder enfrentar la prematuridad”, indicó.
“Cuando uno habla de una política nacional, como la lucha contra la prematuridad y el control prenatal, el ministro de Salud tiene hasta facultad sancionadora. Según la ley, el ministerio de Salud no solo puede llamar la atención (fiscalizar) sino que tiene capacidad sancionadora. Es decir, la ministra ya en enero pudo haber sancionado, por ejemplo, al gobierno regional de Lambayeque”, detalló.
En ese sentido, Cuba insistió en que ley le otorga al ministerio de Salud de todas las herramientas para poder ejecutar todas las políticas de salud del país. “No es verdad que hay autonomía en los gobiernos regionales en materia de salud. El ministerio de Salud tiene una rectoría con dientes, porque puede sancionar. La ministra de Salud no ha dicho nada y no ha explicado por qué no ha tomado medidas con anterioridad”, remarcó.
Subrayó que “ahora amerita reestructurar y levantar la política para luchar contra la prematuridad, la cual debe ser amplia y enfocada en el control prenatal. En segundo lugar, repotenciar los centros de salud para que estos estén adecuadamente dotados para que los niños que llegan a las unidades de cuidados neonatales no fallezcan”.
Detalló que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) fiscalizar y dar las recomendaciones correspondientes sobre la forma cómo debe funcionar una unidad de cuidados intensivos neonatales. “El ministerio de Salud puede intervenir para llevar a cabo la parte presupuestal”, precisó.
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