RCR, 29 de Mayo 2022 .- Eliana Revollar, defensora del Pueblo, sostuvo que el Ministerio Público tiene que cumplir con su función de investigar al presidente Pedro Castillo, ante la difusión de los audios de Zamir Villaverde y Bruno Pacheco. Enfatizó que el mandatario debería responder a las acusaciones, debido a que su principal obligación es luchar contra la corrupción.
“El Ministerio Público tiene que cambiar de posición respecto a no investigar al presidente, porque nada le impide hacer la investigación. De lo que está protegido el presidente es de ser juzgado. Esa primera parte del acopio de información, llevar a cabo la investigación y reservar para cuando él esté fuera el juzgamiento. Eso es lo que la Defensoría le ha dicho a Zoraida Ávalos cuando era fiscal de la Nación y le ha pedido a la actual fiscal de la Nación, para que reexamine esa decisión”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que se están viendo una serie de audios que van casi por capítulos. “Como que la población está en esa sensación de que la corrupción ya está permeando en nuestro país y sí sería aconsejable que el Ministerio Público inicie las investigaciones del caso. Quien tiene una instancia de poder, por temas de transparencia, tiene que dar una explicación. Eso tranquilizaría a la población, en tanto el Ministerio Público desarrolla su función”, indicó.
“Cuando ha habido acusaciones que llegaban al primer mandatario, lo que la Defensoría señalado respecto del Ministerio Público es que al presidente de la República se le puede investigar, pero no juzgar. Eso cautelaría de que el proceso se dé y eso también sería bueno por la propia figura del presidente de la República, pero lamentablemente desde el Ministerio Público no se ha dado ello”, expresó
Manifestó que las investigaciones permitirían que todas las pruebas, que pueden ser indicios, puedan someterse al rigor de un proceso. “Los audios tienen que ser pasados por una serie de pruebas periciales, ver si son las personas o no, y eso daría la tranquilidad de que se está investigando”, afirmó.
“El Ministerio Público ha empezado con las personas que no tienen la protección constitucional, como la tiene el presidente, pero esa es la posición de la Defensoría, se debería de investigar al presidente de la República”, observó.
Enfatizó que la principal obligación que tiene un mandatario de la República es luchar contra la corrupción. “Esa responsabilidad está anclada en un marco de convencionalidad. La propia Constitución no lo señala expresamente, pero él tiene la responsabilidad de luchar”, declaró.
De otro lado, destacó que la Defensoría del Pueblo ha emitido dos informes en diciembre y en marzo con una serie de recomendaciones para garantizar la libertad de expresión y de prensa. “La responsabilidad con la libertad de información es que la gente pueda oír cuál es la posición del mandatario y los funcionarios de alto nivel respecto de actos que tienen que ver con la función pública y que ellos tienen la obligación de responder por transparencia”, indicó.
También expresó que la Defensoría del Pueblo rechaza la promulgación de la ley 31481, que modifica el proceso electoral, para ampliar el plazo de inscripción de candidaturas a elecciones internas. “Es riesgoso porque no se puede aplicar. Ya ha habido las elecciones complementarias el 15 y 22 de mayo, para la determinación de los candidatos”, precisó.
“La Onpe ha legitimado el proceso, están ya en la parte del cómputo final, la norma se promulga el 25 de mayo, y dispone que se permita inscribir nuevas candidaturas y que haya un proceso de elecciones complementarias. Entonces jurídicamente es imposible hacer eso, porque el proceso electoral es un proceso, cuyas reglas de inicio deben ser intangibles por la seguridad jurídica”, subrayó.
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