RCR, 06 de Junio 2022 .- José Urquizo, abogado penal procesalista, sostuvo que el Ministerio Público no tiene ningún interés en realizar una persecución política al presidente Pedro Castillo al investigar las denuncias de corrupción que existen en su contra. Remarcó que el Ministerio Público está cumpliendo con su función en el marco de la ley.
“La justicia no cierra los ojos a la actitud de las personas. Si una persona comienza a colocar excusas, como primero es la libertad y una persecución política, eso es un lenguaje inadecuado, porque pese a todas las circunstancias que nuestro país vive la legalidad se ha ido imponiendo”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que no se trata de juicios de valor político y tampoco de perspectiva política. “No tiene ningún interés el Ministerio Público en ejercitarse en esa materia. El hecho que ellos hayan ejercido actividades políticas y como consecuencia de sus actividades políticas, realicen actos lesivos a los bienes jurídicos, causan daños a través de delitos que aparecen bajo el título de corrupción de funcionarios, ellos están en la capacidad de responder”, indicó.
Destacó que es un avance que se realicen las investigaciones, porque está utilizando el artículo 117 de la Constitución, señalando efectivamente que no es una prohibición, es un estadio procesal que es la acusación. “Ellos pueden decir que el espíritu de la ley era otro, pero nosotros en el derecho penal no trabajamos con el espíritu de la ley, trabajamos con la ley en concreto y el término acusación aparece claramente graficado tanto en el código de procedimientos penales del año 1939, 1940 como en el actual código procesal del 2004”, afirmó.
“Para llegar a ese estadio previamente existen una investigación que es patrimonio del Ministerio Público, que tiene que llevar la investigación en los términos que la ley se lo plantea. Por ejemplo, si se trata de corrupción de funcionarios, de sobornos, de negociación incompatible, de tráfico de influencias, de una colusión o si nos encontramos frente al artículo 317 del Código Penal, que es organización criminal”, precisó.
Declaró que todas esas argumentaciones pueden ser aceptadas para la defensa y también pueden ser orientadas por sus abogados defensores. “Parece que los defensores tienen sus propias tesis. Eso es correcto porque necesario que exista contradicción, pero eso no significa que las normas y la justicia penal cierren los ojos”, apuntó.
Respecto a un posible impedimento de salida de país del presidente Pedro Castillo, dijo que si él estuviera bajo un proceso de rango constitucional eso quedaría en manos del Congreso. “Eso es su estatus jurídico, por algo es el primer magistrado del país. Se trata de la institución presidencial, que tiene que tener ciertas características preestablecidas”, explicó.
“Imaginemos que se permitiera que el presidente asistiera a todas las denuncias, en realidad no podría gobernar. Este tipo de normas obedecen a ese planteamiento. Nosotros debemos permitir que el gobierne en el máximo de paz posible, salvo en los casos muy expresos que aparecen en la Constitución y de esa manera se preserva la institución de la presidencia de la República”, subrayó.
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