Ángela Acevedo, Directora General de la Dirección General de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura afirma que contrato del lote mantiene vigencia hasta febrero del 2019.
RCR, 16 de setiembre 2017.- “El gobierno ha respetado y cumplido las leyes nacionales e internacionales en materia de la consulta previa a comunidades indígenas, aclaró Ángela Acevedo, Directora General de la Dirección General de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura
Recientemente el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la Federación de Indígenas Quechuas del Pastaza (Fediquep) y la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO) al procedimiento de petición de una nueva consulta previa en el ámbito del Lote 192
“Hemos respetado la normatividad al declarar improcedente el recurso apelación interpuesto al procedimiento de petición de una nueva consulta previa en el ámbito del Lote 192”, precisó en entrevista con RCR, Red de Comunicación Regional.
Explicó que el rechazo al recurso se sustenta porque no se ha producido alguna nueva medida que supuestamente afecte los derechos de las comunidades indígenas y que obliguen a realizar una nueva consulta.
Asimismo, se recordó que ya fue realizado un proceso de consulta previa por un período de 30 años en el Lote 192, a 25 comunidades nativas y poblados pertenecientes a los pueblos indígenas kichwa, quechua y achuar, de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre.
Tras la consulta, se convocó una licitación internacional que fue declarada desierta, motivo por el cual se suscribió un Contrato de Servicio Temporal por 2 años con la empresa Pacific Stratus Energy del Perú S.A (hoy Frontera Energy).
Sin embargo, el cierre del Oleoducto Nor Peruano, en marzo de 2016, impidió el funcionamiento del Lote, por lo que se extendió el plazo de vigencia del contrato hasta el 28 de febrero de 2019. En la actualidad, este contrato sigue vigente.
“Un nuevo proceso de consulta podría justificarse siempre que exista una nueva medida que pudiera generar una afectación distinta a las ya consultadas en 2015”, puntualizó Ángela Acevedo.
Agregó que cuando exista un nuevo contrato, se tendrá que evaluar si hay afectación en los derechos de las comunidades indígenas, para determinar si se realiza una nueva consulta y ello estará a cargo del Ministerio de Energía y Minas. (MEM).
La funcionaria detalló que se consideran afectaciones los cambios en el ejercicio del derecho colectivo de las comunidades indígenas, como el uso de tierras o aprovechamiento de recursos naturales.
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