RCR, 05 de junio de 2024.- Manuel Bernales Alvarado, expresidente del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) para la creación del Ministerio del Ambiente, sostuvo que la minería ilegal destruye el ambiente y lo deja degradado. Señaló que hay un retroceso en las políticas ambientales, porque tienen un enfoque de las ONG, que atacan a las empresas mineras responsables, pero no a la minería ilegal.
“El primer daño es la ilegalidad que pesa sobre las personas y familias. Eso no permite la formación de buenos conductores, sino que es un ambiente propicio para las cosas negativas que se han generalizado en todo el país. No solamente te destruye el ambiente, sino que te deja un ambiente degradado, cuya recuperación tiene que hacerse”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que la minería ilegal trae efectos nocivos sobre las personas, porque las ata a una actividad prohibida que tiene relación con la criminalidad organizada. “Eso está ocurriendo en las cuencas de Piura, Tumbes, Amazonas, Loreto y otras partes del país, donde se están violando impunemente las responsabilidades que tienen las empresas que trabajan bajo la ley y de una manera pública y correcta”, indicó
“Hay tres efectos. El efecto humano sobre la calidad humana, sobre la legalidad y las consecuencias de la ilegalidad, no se combaten solo con policía sino con sustitución de ese tipo de actividades por otras actividades productivas que permitan legalidad, educación, bienestar progresivo y un excedente económico, para que junto con otras transferencias del gobierno central ir mejorando la degradación ambiental”, expresó.
Consideró que la superación de la degradación ambiental, causada por la minería ilegal, no se hace solo con inversiones del Gobierno ni con las declaraciones de interés nacional, que hace el Congreso, sino con inversiones concretas de empresas del Gobierno, empresas privadas y de las propias comunidades.
“Hay métodos que se conocen en la India, en Centroamérica y en muchos sitios. Ahí no hay que descubrir que el agua hierve, simplemente hay que ejecutar lo que ya se sabe. Ellos pueden hacer eso, pero depende de una decisión de ellos, de la gente, de sus autoridades y negociar con el gobierno nacional que bombee los recursos que se necesitan para complementar lo que pueden hacer los inversionistas privados y lo que pueden hacer ellos mismos en lo que se llama inversión y trabajo”, afirmó.
Señaló que las ONG ambientalistas no condenan a la minería ilegal, porque están vinculadas a intereses políticos de caciques y de gente metida en la corrupción local. “No se habla porque solamente nos fijamos en los periódicos, que se refieren al Congreso, al Poder Judicial y a la Fiscalía. Eso ya lo sabemos también porque hoy día ellos están metidos en la política y economía. Descienden un poquito para criticar a los gobiernos regionales, pero es una tapadera”, apuntó.
“Están vinculados a intereses partidistas y a intereses económicos y en muchos casos a intereses ilegales. Este asunto se puede detallar en el caso de Madre de Dios, pero también lo podemos hacer en Puno, en otros departamentos de la costa, en Ica donde se completa la cadena y en otras partes donde están los procesadores de la minería de la minería ilegal”, subrayó.
