RCR, 26 de febrero de 2024.- El consultor en gobernanza ambiental, Fernando Cuadros, dijo que el problema de la minería ilegal ya desborda la capacidad de los funcionarios regionales de Amazonas y alertó que se ha normalizado la extracción ilegal de oro en el Alto Cenepa. Precisó que anualmente se extraen más de un millón y medios de gramos de oro que se envía al Ecuador.
“Esto lo hemos venido tratando hace muchos años acá y lo que está sucediendo en estos momentos que esto se ha salido de las manos y se ha normalizado. Las autoridades aún con su su presencia y evidentemente una presencia de mala calidad no ha podido regular o formalizar actividades en la zona y lo que ha originado es que en estos momentos tengamos normalizada el robo del mineral peruano hacia la parte ecuatoriana”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Recalcó que anualmente se extraen más de un millón y medios de gramos de oro sin control, causando pérdidas al Estado. “Hablamos de un aproximado de 100 volquetes. Aproximadamente cada volquete está llevando 8 toneladas y cada tonelada de ese material tiene de 30 a 50 gramos de oro. Si nosotros sacamos el cálculo de manera muy rápida estamos aproximadamente hablando de un millón y medio de gramos al año”, indicó.
“El Perú produce aproximadamente de 96 a 100 millones de gramos de oro el 2021, según las estadísticas. Esto quiere decir que al año estamos perdiendo 1.5% de la producción anual que se va al Ecuador. Si esto lo transformamos en posibles impuestos de la actividad minera ilegal, estamos diciendo que cada año con los impuestos de ese 1.5% de producción de oro que se está yendo el Ecuador se podría construir un colegio emblemático cada año o tres centros médicos de categoría 3”, expresó.
Señaló que las fronteras ya no existen entre Perú y Ecuador, a pesar de la existencia del puesto de vigilancia militar El Tambo. “Estamos hablando del lugar de una de un paraje llamado El Tambo, porque ahí se encuentra el puesto de vigilancia y esos señores que cumple una función de vigilancia reciben avituallamiento de manera irregular y se recursean siendo los la seguridad y vertiendo información a estas personas”, apuntó.
Precisó que los campamentos de mineros ilegal pueden llegar a tener 500 personas. “En algún momento puede haber llegado a 500 personas con campamentos, un promedio de 200 personas como promedio en sus mínimos momentos, pero aproximadamente 500 personas en sus mejores momentos”, observó.
Sostuvo que las comunidades nativas se han convertido en socias de la minería ilegal. “Las comunidades son de la familia jibara y es un grupo indígena awajum principalmente. Estas comunidades se encuentran ubicadas ahí o representadas mediante una comunidad nativa llamada cumpaná. Está esta comunidad tiene más de 10 años presente allí, todavía no ha sido reconocida. Estas comunidades se han asociado y trabajan en la actividad minera. Ellos realizan actividad minera, ya no son trabajadores o los que autorizan, ahora son mineros”, subrayó.
