RCR, 03 de diciembre 2022.- José Augusto Palma, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la Minera Ares de Hochschild Mining, invocó al gobierno central desbloquear los ingresos a la mina Inmaculada, para hacer el relevo de más de 1,700 trabajadores que están retenidos. Denunció que un grupo de radicales antimineros del anexo de Huancute, provincia del Paucar del Sara Sara, (Ayacucho), mantienen cercada a la unidad minera y han quemado siete volquetes y un cargador frontal.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y liberen esta vía pública, a fin de que los trabajadores puedan regresar a sus casas y podamos suministrar con lo necesario a la unidad minera, para que los trabajadores puedan tener una una vida tranquila sin amenazas y pudiendo alimentarse como corresponde”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que no han podido ingresar suministros a la unidad minera y relevar los trabajadores para que puedan regresar a sus hogares. “Están bloqueando la vía pública desde el 20 de noviembre. Cuando la policía fue para conversar por orden del fiscal y pedirles que se retiraran de la vía pública, procedieron a cometer actos violentos destruyendo propiedad privada, intentando atacar el polvorín de la unidad minera lo cual es peligrosísimo, porque contiene explosivos y causaron lesiones a tres policías”, indicó.
Explicó que el 11 de noviembre los radicales empezaron a atacar a pedradas a la mina. “El 20 de noviembre bloquearon los tres accesos a la unidad minera y desde ese entonces no se ha podido suministrar a la unidad y por eso estamos en una situación donde a los trabajadores tenemos que racionarles la comida, porque simplemente no hemos podido ni siquiera ingresar lo básico que es la alimentación. Condenamos abiertamente, porque puede haber reclamos y diferencias, pero nada justifica la violencia y nada justifica poner en peligro a 1700 personas”, afirmó.
Denunció que los cabecillas del ataque a la mina son Yuri Cayo, Martha Elena Cayo y Guillermo Chura. “Ellos se atribuyen ser los líderes de todo Huancute pero no es así. Existe la asociación Catari Huancute, que lo desconoce, existen familias que son las verdaderas posesionarias de las zonas que los desconocen. Entonces atribuirse representatividad de todo un anexo y una población es francamente irresponsable y sobre todo cuando encima se utiliza eso para cometer delitos como los que están cometiendo”, expresó.
Sostuvo que han tenido una relación más de 10 años de convivencia cordial con las distintas comunidades y poblaciones de las zonas. “En septiembre aparece por primera vez un asesor que no es de la zona, que fue traído para asesorar a este grupo de pobladores de Huancute y la relación cambió, pasó de ser una donde había diálogo a ser una donde se ha ido directamente al conflicto con los hechos de violencia y los delitos que se han cometido”, apuntó.
“Ayer hemos dicho dialoguemos en Pauza, que es la capital de la provincia, juntémonos ahí, pero levanten esta medida de fuerza, para que podamos nuevamente suministrar a la unidad y atender las necesidades de los trabajadores, pero ellos se niegan y no quieren. Ellos quieren diálogo en otro lado con una posición totalmente intransigente”, declaró.
Informó que han conversado con la exministra del sector y esperan reunirse con el nuevo titular para solicitar su apoyo. “La oficina de Gestión Social del Ministerio ha estado intentando buscar un espacio de diálogo y acá lo irónico es que nosotros somos las víctimas, nos atacan, nos queman los volquetes y nosotros somos los que vamos a pedir el diálogo y de manera absolutamente intransigente ellos se niegan a dialogar”, subrayó.
