Fuente: ENERGIMINAS

Lima, 20 septiembre, 2022.- El Ministerio de Energía y Minas (Minem) está teniendo una práctica dubitativa cuando se trata de promover la inversión minera. Por un lado, manifiesta que respalda las inversiones ambiental y socialmente responsables; y, por el otro, permite el accionar de grupos de extractores ilegales de minerales que no contribuyen al desarrollo de las comunidades y tampoco fortalece a los gobiernos locales, regional y nacional.

La empresa minera Southern Peru cuenta con las concesiones mineras vinculadas al proyecto Los Chancas, ubicado en el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, región Apurímac, otorgadas por el Minem para el desarrollo de labores de exploración desde el año 2000, actividades que se han venido ejecutando en estrecha colaboración con las comunidades de Tiaparo y Tapairihua.

El 25 de febrero de este año, parte del área concesionada a Southern Peru, denominada como Chancas Uno y Chanca Dos, fueron invadidas por un grupo de mineros informales que lograron indebidamente ser inscritos en el Registro de Mineros Informales, también conocido como REINFO.

Ante estos hechos, según fuentes familiarizadas con el asunto, Southern Peru presentó una solicitud de exclusión del REINFO ante la Dirección General de Formalización Minera del Minem, con la finalidad de que estos informales abandonen las zonas usurpadas, dado que las mismas forman parte del instrumento de gestión ambiental del proyecto minero Los Chancas. 

La ocupación ilegal del área concesionada podría representar la pérdida de una inversión estimada en US$2,800 millones, lo que ocasionaría un grave daño a la reputación, credibilidad y confianza de la comunidad de inversionistas internacionales. Asimismo, se interrumpiría el acelerado proceso de reducción de la pobreza como consecuencia de la generación de empleo productivo que representó el desarrollo de otro proyecto minero de gran magnitud en la región. 

Es un hecho contrastado y verificable que donde está presente la minería ilegal no se ha consolidado el desarrollo y, por el contrario, se ha enseñoreado la contaminación ambiental y la criminalidad, donde los índices de violencia delictiva se han incrementado significativamente. 

Consciente del riesgo que representa para Apurímac la presencia de la minería ilegal, así como para el proyecto Los Chancas, la Dirección General de Formalización Minera revocó la inscripción en el REINFO a 31 de los 63 informales.  Cabe mencionar que la situación de los 31 mineros ilegales ante el REINFO se encontraba en condición de “suspendido”, acción que es positiva.  Sin embargo, cabe preguntarse qué sucede con los otros 32 informales que cuentan con un registro vigente en el REINFO y que se encuentran en situación similar a los otros 31 informales a quienes ya se les revocó la inscripción. 

Southern Peru ha acudido a la fiscalía provincial en defensa de sus derechos, así como también ha requerido a la Dirección General de Formalización Minera que revoque la inscripción de los otros 32 informales en el REINFO por realizar actividades de explotación minera de manera ilegal.

Sin embargo, la inacción de la Dirección General de Formalización Minera del Minem, con relación a los otros “mineros”, representa una convalidación de hecho del accionar ilegal porque dificulta la persecución del delito por parte de la fiscalía, debido a que el REINFO les brinda un argumento para proseguir la extracción ilegal de minerales en un área concesionada. ¿La titular del Minem habrá tomado conocimiento de las responsabilidades civiles y penales que esta permisividad podría acarrear a sus funcionarios por omitir pronunciarse ante este grupo de ilegales?