Fuente: Diario Correo

“Esto es increíble”, dijo al subrayar que decisión del pleno es inconstitucional. Juristas Aníbal Quiroga y Víctor García Toma creen que se transgredió la Carta Magna

La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, afirmó que el Poder Ejecutivo presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución legislativa que aprueba las modificaciones del reglamento del Congreso, en cuanto a los aspectos relacionados con la moción de censura y la cuestión de confianza.

La norma aprobada establece que el Presidente solo puede disolver el Congreso cuando en dos ocasiones se ha producido la “crisis total” del gabinete, es decir, que todos sus miembros fueron reemplazados tras una censura o rechazo de confianza.

La premier dijo que dicho recurso se presentará ante el Tribunal Constitucional (TC), porque los cambios efectuados por el Legislativo representan “un atropello a la institución democrática del país”.

Asimismo, dijo que no consideró la posibilidad de pedir la cuestión de confianza para su gabinete ministerial, pese a la crisis política que se vive por una segunda moción de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, señaló, ahora “me han dado una idea”.

“De repente se asustaron, pensaron que yo iba a pedir confianza. Nunca lo pensé, pero mira me han dado una idea. La verdad qué cosas tan locas están pasando en el Congreso. Es increíble que esté sucediendo esto en un país que tiene 20 años de haber entrado a un proceso democrático en serio”, indicó.

RESPALDO 
Dicha postura también fue ratificada por la titular de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, quien señaló que los cambios aprobados por el Congreso “deberían ser más pensados, discutidos y analizados”.

“Esto se ha aprobado sin pasar por comisiones (…) Consideramos que esa modificación es inconstitucional”, cuestionó la canciller ante la prensa.

Asimismo, el vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Gilbert Violeta, manifestó que la demanda de inconstitucionalidad ante el TC se presentará “en los próximos días, pues las modificaciones hechas al reglamento del Legislativo tienen carácter de “ilegal”.

En diálogo con Correo, dijo que la norma propuesta por el aprista Mauricio Mulder, en noviembre del 2017, no siguió el “debido proceso” en la Comisión de Constitución y limita el accionar del Presidente de la República.

“Yo creo que el Tribunal Constitucional va a hacer una observación (a la norma) y tendrá que ser derogada (…) Este proyecto se ha aprobado como una herramienta más para golpear al Presidente y quitarle los mecanismo de acción”, sostuvo Violeta.

LA NORMA

Como se recuerda, el pleno del Congreso aprobó el último jueves,tras un debate de menos de dos horas, la modificación del reglamento respecto a la moción de censura y la cuestión de confianza.

La norma contempla la añadidura de tres observaciones al inciso e) del artículo 86 del reglamento del Congreso, con inferencias en base a la Constitución de la República.

El primero sostiene que el o la premier solo solicitará la cuestión de confianza cuando cuente con el respaldo mayoritario de su gabinete ministerial. En segundo lugar, se determina que una “crisis total” de gabinete contempla la renuncia de todos los ministros, sin la posibilidad de que sean designados como tales en un nuevo gabinete.

Finalmente, se establece que la disolución del Congreso únicamente procederá luego de dos crisis totales de gabinetes, según los alcances aprobados por el Legislativo.

Al respecto, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga afirmó que la norma “es inconstitucional”, porque en realidad “es una reforma constitucional encubierta” que le retira facultades al jefe de Estado. Dijo que el recurso que presentaría el Ejecutivo sí sería admitido por el TC.

Por su parte, el jurista Víctor García Toma sostuvo que la decisión adoptada por el Parlamento “afecta artículos de la Constitución”, donde se sustenta la separación y el equilibrio de los poderes del Estado.

Opinó también que con la aprobación de estos cambios se observa la “estrategia política” de un grupo de parlamentarios que buscaron “comprarse un seguro ante el desempleo”, ante el hipotético escenario que el Ejecutivo disolviese el Congreso si el gabinete Aráoz solicitaba la cuestión de confianza y le fuera negada.