Foto Leyenda: Fernando Castillo Torres
Con Michiquillay, este año el gobierno concretará el lanzamiento de cinco grandes proyectos mineros que generarán una inversión superior a los US$ 6,000 millones de dólares.
RCR, 23 de febrero 2018.- Luego de la concesión de Michiquillay a la empresa Southern Perú, el próximo 27 de marzo se lanzará en Junín el inicio de la ampliación del proyecto Toromocho que representa una inversión de US$ 1,300 millones de dólares y en los próximos 3 a 4 meses se iniciaría la construcción de Mina Justa (US$ 1000 millones), en Ica, así como el inicio del proyecto minero Corani, en Puno (US$ 400 millones), reveló Fernando Castillo Torres, director general de la Oficina de Gestión Social y Prevención de Conflictos del Ministerio de Energía y Minas.
Estos proyectos, a los que se sumará Pampa de Pongo (US$ 1,000 millones) también en Ica, han tenido, al igual que Michiquillay, un acompañamiento social permanente de parte del Estado durante los últimos tres años que permitirá la construcción de las instalaciones mineras y su operación y mantenimiento de la mano de sus comunidades, las empresas y el Estado.
DISEÑO EXITOSO
Castillo comentó que Michiquillay demostró que se pueden resolver los problemas a través de un efectivo acompañamiento social. El proyecto había sido explorado por más de 50 años y tuvo una iniciativa en el 2007 de la minera Angloamerican, lo que generó expectativas en la gente del entorno. Ello permitió que la población de la zona se involucre y se muestre favorable al desarrollo de este proyecto minero.
La inversión en Michiquillay, dijo, tiene dos componentes: el primero es el precio de transferencia (derecho de concesión) por US$ 400 millones que ofertó Southern, similar a lo que ofreció Angloamerican, más un ingrediente adicional que es el 3% de regalías, que ascenderían a US$ 350 millones, con lo cual se desembolsarán US$ 750 millones.
“Por otro lado, va a requerir una inversión superior a los US$ 2,000 millones que significa la culminación de la exploración, los estudios ambientales, la construcción de la Planta de procesamiento, en suma, la infraestructura minera que será desarrollada en los próximos años en el ámbito de las comunidades de Michiq uillay y La Encañada. Es uno de los últimos proyectos de clase mundial pendientes de ser licitado”, informó.
INVOLUCRAMIENTO DE LA POBLACIÓN
Antes de sacar a licitación, los equipos del ministerio de Energía y Minas y de ProInversión asumieron el reto de sacar adelante el proyecto estudiando las experiencias positivas que permitieron la ejecución de otras concesiones, así como las negativas que no salieron por generar rechazo en la población, todo a través de un esfuerzo conjunto.
Castillo Torres, señaló que desde la fase previa al lanzamiento del concurso se tuvo acercamiento con representantes de las comunidades, así como con los pobladores de los caseríos y asentamientos circundantes explicando las condiciones del proyecto, las características de la concesión y absolviendo todas las preguntas de los asistentes.
Ellos mismos, agregó, hicieron sus aportes en el ámbito social, que fueron recogidos en el contrato, por lo que tienen la garantía que sus preocupaciones están reflejadas en el modelo que ha sido finalmente aceptado por el Estado y la compañía que ha ganado la buena pro.
“La fortaleza de la iniciativa alcanzada es haberse comunicado no solo con el dirigente de las comunidades, sino con el poblador mismo, a través de una explicación sencilla pero contundente de lo que significa el diseño de los planes sociales, de gestión ambiental y los acuerdos con la compañía minera. Todo ello ha sido reflejado en el contrato y además todas las compañías que mostraron interés visitaron la zona y constataron el respaldo de los pobladores y su identificación con el proyecto”, precisó.
CONTRATO SOCIAL
De acuerdo al contrato, del precio de transferencia ofrecido por Southern (US$ 400 millones), el 50% será transferido al Fondo Social Michiquillay, que también incluye a la Comunidad Campesina de La Encañada.
El Fondo Social tendrá como objetivo mejorar la calidad de vida y desarrollo de las poblaciones sobre la base de ejecutar proyectos de agricultura, de infraestructura, salud, educación, entre otros. Tiene además un programa de becas que en estos momentos beneficia a 900 comuneros e hijos de comuneros, que les permite estudiar carreras para profesionalizarse y contribuir al desarrollo futuro de su comunidad y sus familias.
Todo esto va a permitir que se genere un polo de desarrollo para ambas comunidades, generando muchos empleos en las diversas actividades conexas que se requieran. Además, cuando la empresa esté operando se ha comprometido a aportar el 3% de sus ingresos por ventas como regalías. El 50% de estas regalías pasarán a incrementar el Fondo Social, concluyó Castillo.
