RCR, 04 de Diciembre 2020 .– Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), precisó que el problema de las manifestaciones en Ica se debe al incumplimiento de la Ley de Promoción Agraria por parte de empresas informales que utilizan a services para contratar a los trabajadores violentando sus derechos laborales. Señaló que la Sunafil debería ser más agresiva en sancionar a estas empresas y promover su formalización.
“El problema no es la ley como se menciona, sino que el problema es el incumplimiento de la ley por ciertas empresas informales. Como cualquier otra ley, si la ley no se cumple como en este caso, se está vulnerando al incumplirla, los derechos laborales de ciertos trabajadores. No se trata de un problema generalizado en todas las empresas constituidas en la región Ica”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
“Desgraciadamente existen empresas que están fuera de la ley y la incumplen, pero la solución está en atacar a esas empresas que incumplen. También hay un rol de parte de AGAP, uno de nuestros objetivos es fomentar la formalidad en el sector y nuestro rol es apoyar a las autoridades en esa labor y aquellas empresas que son miembros de AGAP, que estén incumpliendo la ley, sancionarlas”, recalcó.
Subrayó que “muchas de las empresas miembros de nuestro gremio son empresas formales que cumplen con la Ley de Promoción Agraria, cuyos beneficios son exactamente iguales que los beneficios que tiene el régimen general”. “La única diferencia es la forma de pago, pero todo trabajador que está dentro de la Ley de Promoción Agraria recibe un sueldo básico, CTS y gratificación, tiene 30 días de vacaciones, tiene derecho a horas extras”, explicó.
“Nosotros condenamos a todas aquellas empresas que utilicen services e incumplan la ley de manera directa y a veces no reconocen ciertos beneficios laborales. Desgraciadamente, no somos el único sector donde están estas empresas informales y son el Ministerio de Trabajo y el Sunafil los llamados a sancionarlas”, remarcó.
Ley de Promoción Agraria
Explicó que “la Ley de Promoción Agraria nace precisamente para evitar el uso excesivo de las services en la década de los 90 y a partir de esa norma comienza a crecer de manera significativa el trabajo formal en la agricultura en el Perú”. “Antes era prácticamente inexistente. La única diferencia que existe con la ley general de trabajo es la temporalidad de los contratos”, indicó.
“Este factor va de la mano con la estructura propia de nuestro sector. Hay que entender el ciclo productivo. Tenemos empresas que pueden contratar en un momento 500 personas y esa misma empresa en el mismo año puede estar contratando a 4,000 personas, porque no es un ciclo continuo, porque no estamos cosechando todo el año, no estamos podando todo el año, esto ocurre en determinadas épocas del año”, afirmó.
Precisó que “en el caso del arándano, la situación es extrema, hay empresas que contratan diez veces más personal en el momento de la cosecha”. “Esto de la temporalidad no es un beneficio particular del Perú, existe en todos los países donde la agricultura es un sector relevante. Caso contrario, ninguna empresa del sector podría sobrevivir”, aseveró.
“Si nosotros tuviésemos que contratar permanentemente a todos los trabajadores durante todo el año, sería imposible, inviable. Estarían quebrando automáticamente todas las empresas. Lo único que vamos a hacer derogando la ley es poner en riesgo de nuevo la formalidad que existe y que se ha ido generando durante tantos años y que es algo que debemos promover”, anotó.
Expresó que “es ampliamente conocido que en Ica existe empleo desde hace muchos años, lo mismo que está ocurriendo en otras regiones donde la agricultura ha comenzado a ser cada vez más relevante”. “Y eso hace que en las empresas formales la remuneración promedio es de 1,350 soles, muy por encima de la remuneración mínima vital. La ley ha sido un éxito y ha logrado promover el empleo formal”, dijo.
Sunafil debe ser más eficaz
Señaló que Sunafil debe actuar de manera más enfática y agresiva. “A veces, destinan más tiempo en hacer auditorías y fiscalizaciones a las empresas formales, en vez de perseguir a las informales. Nosotros venimos apoyando a la Sunafil en este tema, con ellos hemos hecho una visita al Álamo hace unos meses atrás, donde indicamos que este era un punto en el cual se estaban cometiendo irregularidades y se estaban vulnerando los derechos de los trabajadores. No se tienen contratos y al no haber contratos es altamente probable que se vulneren los derechos”, dijo.
Insistió en que “la solución es que el Ministerio de Trabajo, a través de la Sunafil, intensifique las fiscalizaciones a las empresas en Ica y sancione a aquellas empresas que están incumpliendo con la ley”. Destacó que “en AGAP hay un código de conducta y los puntos claves es el respeto a las leyes y normas laborales que existen en el Perú”. “Otro punto es promover la formalidad en el sector. Nosotros, al igual que los trabajadores, condenamos a las empresas que están al margen de la ley y estén vulnerando los derechos laborales de los trabajadores”, agregó.
“Yo creo que hay un legítimo derecho de algunos trabajadores a los que se están vulnerando los derechos a protestar. El problema es que la protesta pasó de ser una protesta pacífica a una protesta violenta. Yo he hablado con una de estas empresas preguntándoles si algunas de sus instalaciones habían sido destruidas, y empresas miembros de AGAP me han ratificado que esto ha ocurrido”, comentó.
“Si los trabajadores perciben o sienten que sus derechos están siendo vulnerados por estas empresas informales, también están los derechos de los demás peruanos a poder ir a trabajar, cosa que no se ha podido hacer, o al libre tránsito, cosa que no se puede hacer, porque no solo la carretera, sino otras vías están obstruidas en este momento”, remarcó.
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