Grupo que preside Salaverry entregará a la Comisión Lava Jato avance de investigación que involucra al ex ministro Mayorga.
La premura en las sesiones de los comités de licitación de los proyectos que fueron adjudicados a Odebrecht parece haber sido una constante. Al igual que en los casos de la Interoceánica y del metro de Lima, la historia se repite con el gasoducto sur peruano. Así lo advierte la investigación preliminar de la comisión del Congreso que preside el fujimorista Daniel Salaverry.
Eran las 6:30 p.m. del viernes 27 de junio del 2014, cuando en las instalaciones de Pro Inversión, el Comité Pro Seguridad Energética decidió otorgar plazo hasta el lunes 30 al consorcio competidor de Odebrecht para subsanar observaciones sobre la conformación de sus empresas.
De igual manera, horas antes (11:00 a.m.), el comité aprobó la contratación del Estudio Echecopar para emitir una opinión legal sobre la modificación del porcentaje de participación de una de las empresas que conformaba dicho consorcio.
La sesión se suspendió una hora antes de la medianoche. Se hizo hincapié en que existía una opinión legal que “obligaba a adoptar una decisión inmediata”.
Fue así que a las 3:00 p.m. del sábado 28 de junio, el comité retomó la sesión. Allí, sin esperar al plazo que ellos mismos establecieron un día antes y sin haber recibido el informe legal, decidieron descalificar al postor que competía con Odebrecht.
La decisión fue tomada en base a un informe legal remitido por el estudio de cabecera de Pro Inversión, Delmar Ugarte. Una de las socias de esta firma, Mariana Simoes, fue directora de la constructora brasileña entre el 2008 y el 2011.
En conversación con El Comercio, la abogada brasileña negó haber participado en la asesoría brindada por Delmar Ugarte a Pro Inversión para el concurso del gasoducto. Añadió que esto ya ha sido acreditado ante el Ministerio Público.
—Miembro clave—
En mayo del 2014, a un mes de darse la buena pro del gasoducto sur peruano, se realizó una movida en el Comité Pro Seguridad Energética, encargado de dar la concesión del referido proyecto.
El 7 de ese mes, el funcionario Guillermo Lecarnaqué presentó su renuncia. Ese mismo día, Eleodoro Mayorga –miembro del Consejo Directivo en su calidad de ministro de Energía y Minas– nombró a su reemplazo: Édgar Ramírez Cadenillas (presidente). Ramírez era fundador y gerente general de Latin Energy Global Services S.A.C., que, según documentación recabada por la comisión que preside Salaverry, brindó asesoría a la firma Kuntur.
Esta empresa es una subsidiaria de Odebrecht. Fue creada en junio del 2007 bajo el nombre de Corporación Montería S.A.C., con un capital de apenas 400 soles.
Un mes después de su constitución, se cambió su nombre a Kuntur Transportadora de Gas S.A.C., y para diciembre ya contaban con un capital de 2 millones de soles. Jorge Henrique Simoes Barata, hombre clave de Odebrecht, aparece como uno de sus apoderados.
Kuntur ganó la primera adjudicación del gasoducto en el 2012, pero luego admitió no tener respaldo financiero para asumir el proyecto, por lo que el Estado le negó el crédito puente para el primer tramo. Tras ello, el entonces presidente Ollanta Humala convocó una licitación pública internacional. La licitación fue adjudicada en junio del 2014 al consorcio integrado por Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos S.A. (empresa de Odebrecht Latinvest), Graña y Montero y Enagás Internacional.
En julio del 2014, Ramírez negó algún tipo de conflicto, puesto que cuando lo convocaron para el comité “no tenía relación” con la empresa brasileña.
Fuente: El Comercio
