• La fragmentación social y la debilidad institucional, sumados a la pobreza, el estancamiento económico y la limitación de oportunidades hacen imposible el espacio para el desarrollo territorial.

El desarrollo territorial es un proceso de construcción social impulsado por la interacción de iniciativas individuales y colectivas de distintos actores, y la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio. Sin embargo, Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), afirmó que hay territorios con una posibilidad remota de lograr este proceso: zonas dominadas por economías ilegales y condiciones mínimas de seguridad a causa de la ausencia de autoridad. Esto durante la conferencia ‘Desarrollo Territorial: un Desafío para el Cierre de Brechas Sociales’ organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en el marco del evento Rumbo a Perumin.

En este mismo evento Carlos Basombrío, ex ministro del Interior, afirmó que el principal desafío para lograr un desarrollo territorial sostenible en operaciones mineras es la minería ilegal. “Está en todas las regiones del Perú, incluida Lima, en sus provincias”.

Ilegalidad nociva

La minería ilegal de oro es la economía ilegal más grande en el Perú. En el 2020, el Viceministerio de Minas señaló que en todo el país había 50 mil mineros artesanales ilegales e informales.

El marco legal define a la minería ilegal como aquella que no cumple con las exigencias administrativas, técnicas, sociales y ambientales, o que se realiza en zonas en las que esté prohibida. Por otro lado, la minería informal está compuesta por aquellos operadores que no han iniciado un proceso de formalización, aun cuando, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo se amplió el plazo para su formalización hasta el 31 de diciembre de 2024.
Bajo este contexto, los efectos de la minería ilegal e informal sobre la salud, el medioambiente y la sociedad son perjudiciales y van en aumento. Según el informe ‘Diálogo Ambiental’ del Minam, en Madre de Dios 50 mil hectáreas de bosques han sido devastadas por la minería ilegal, y esto solo en la cuenca del río Madre de Dios, lo que equivale a 71 canchas de fútbol.

Asimismo, alrededor de 4500 mujeres adultas y niñas son explotadas sexualmente en zonas cercanas a los campamentos de mineros ilegales de la región. De ellas, el 78% son menores de edad y el 52% proviene de la región de Cusco. Además, dicha investigación puntualizó que el 80% de los pobladores de Puerto Maldonado presentan niveles de mercurio tres veces más altos que el máximo permisible para la salud.

Para Trivelli el conflicto, la fragmentación social y la debilidad institucional, sumados a la pobreza, el estancamiento económico y la limitación de oportunidades hacen imposible el espacio para el desarrollo territorial. “Los actores están muy aislados y desconfían unos de otros y no encuentran espacios para construir lo que, en el argot del desarrollo territorial, se llama una ‘coalición transformadora’”, puntualizó la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Hacia la inclusión y cierre de brechas sociales

En escenarios en los que el desarrollo territorial tiene espacio, la situación también se complejiza al momento de generar diálogo y confianza entre los actores. Lo que se tiene hoy en día en las operaciones mineras, en cuanto a procesos de desarrollo, no logra lo suficiente para cerrar las brechas sociales ni para mantener espacios de diálogo.

“Lo que tenemos hoy día son mesas de diálogo, negociaciones parciales y canon o regalías que no parecen ser suficientes para convertirse en motores de desarrollo, un desarrollo inclusivo con reconocimiento y respeto que tanto se reclama”, destacó Carolina Trivelli.

Para la conferencista la clave es sentar a los actores a la mesa mediante actores catalizadores. En ese sentido, resaltó que en algunos casos las empresas juegan un rol importante, y en otros son las universidades o instituciones quienes han desarrollado trabajos de desarrollo social en zonas mineras. Dos ejemplos son los casos de la Corporación Financiera Internacional (IFC) o la organización no gubernamental INSUCO.
“Hay que construir un espacio multiactor, reconocer la diversidad de voces e intereses en el territorio. El proceso de articulación se puede dar, pero no es un proceso liderado por uno al que todos siguen, no es una iniciativa individual y no es un proceso que suceda en el corto plazo”, explicó Trivelli. Para construir esos espacios se debe tener en cuenta la definición de cuál es el territorio, entender que estos contienen múltiples autoridades e instituciones y que no siempre tienen el mismo grado de cohesión social: hay desigualdad al interior de los territorios.

“Uno espera que cuando se avance hacia el desarrollo territorial las economías no solo mantengan distintos grados de diversificación, sino que logren integrarse de manera competitiva con los diversos mercados.  Esto se complejiza, ya que los territorios donde se encuentran las operaciones mineras tienden a tener un componente de ruralidad y parten de situaciones de alta pobreza”, aseveró la especialista.

Asimismo, señaló que no siempre tener abundantes recursos provenientes del canon y las regalías mineras se traduce en una reducción de la pobreza o un avance en el Índice de Desarrollo Humano (IDH). “Esto tiene que ver con la propia capacidad de los actores que pueden usar el canon”, apuntó.

La economista refirió que la corrupción es una variable importante, pero que en algunos casos no se utilizan idóneamente estos recursos por la falta de capacidad de gasto en servicios de calidad y mantenimiento de la infraestructura.
Fuente: SUDACA