Fuente : Confiep
Presidenta de la CONFIEP destaca que el Perú no requiere de más incertidumbre y menos de que los intereses políticos provoquen que más de 200 mil familias se queden sin la posibilidad de llevar sustento a sus hogares.
Lima, 20 de diciembre 2020.- La presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, reiteró su llamado al Congreso de la República para escuchar los sustentos técnicos y voces de todos los actores antes de continuar aprobando leyes que continúen dañando la economía del país, repercutan en las familias peruanas, y posteriormente terminen siendo declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, como es el caso de la nueva Ley Agraria la cual generaría un incremento no menor del 60% sobre los costos laborales, situación que no permitiría a muchas compañías del sector seguir operando, aumentaría la informalidad, generaría pérdidas de inversión y provocaría la pérdida de más de 200 mil puestos de trabajo formales, entre empleos directos e indirectos que genera el sector agroexportador.
“El Congreso debe entender que no se va a reactivar la economía con leyes apresuradas, irreflexivas y antitécnicas. Menos aún con el argumento de que se deben aprobar porque se acaba el año. No podemos perder nuestra capacidad competitiva como país. Desde CONFIEP exhortamos al Parlamento a escuchar los sustentos técnicos antes de continuar aprobando leyes inconstitucionales que perforan el presupuesto público e intervienen en la contratación entre privados, generando inestabilidad y afectando la paz y el futuro de millones de peruanos”, subrayó León de Céspedes.
Asimismo, desestimó la posibilidad de que se fije una Remuneración Mínima Vital diferenciada para el sector agrario ya que la Constitución no ampara ese procedimiento. “La remuneración mínima vital se discute y acuerda en el seno del Consejo Nacional del Trabajo y no en el Congreso de la República. Al Estado no le compete intervenir en la libre contratación entre privados y menos aún en la imposición de beneficios que deben ser producto del trato directo entre las partes. Además, las remuneraciones no se fijan por ley”, subrayó.
La presidenta de la CONFIEP agregó que los salarios de los trabajadores del sector agroexportador han tenido una tendencia creciente y sostenida en los últimos años. Solo entre los años 2004 y 2019, se expandieron a una tasa promedio anual del 5% en términos nominales, al pasar de S/ 726 a S/ 1,543 en promedio.
“La Ley de Promoción Agraria, hasta hace poco vigente, permitió que los trabajadores agrarios reciban por parte de las empresas agroexportadoras formales, los mismos beneficios que el régimen general: dos gratificaciones, CTS, 30 días de vacaciones, compensación por despido arbitrario, etc. No fue una ley abusiva ni arbitraria”, complementó.
León de Céspedes recordó que la derogada Ley de Promoción Agraria permitió la disminución de la pobreza en el país que pasó de 81% a 30% a nivel nacional, siendo la más alta en las regiones de la costa peruana, donde la reducción paso del 67% al 21% en la actualidad. De igual forma, el crecimiento y despegue del agro incrementó la recaudación tributaria, pasando de una aportación de S/.162 millones a S/.620 millones con un crecimiento anual de 13% y logrando incrementarse los índices de exportaciones de US$ 643 millones a US$7,115 millones.
“La derogada Ley de Promoción Agraria contribuyó enormemente con la formalización y despegue del sector. Si bien deberá ser reemplazada por una nueva, que esta sea producto del debate serio y técnico, de escuchar a las partes con responsabilidad y equilibrio, y no producto del populismo puro, que será un ancla que impida que nuestro país pueda, nuevamente despegar”, concluyó León de Céspedes.
