Congresista cuestiona decreto del Ejecutivo que protege bienes de las empresas consorciadas con Odebrecht.
RCR, 20 de febrero 2017.- Cómo es posible que hasta este momento el Ministerio Público (MP) no haya ampliado la investigación a las empresas consorciadas, por ejemplo Graña y Montero no está siendo investigada (…) y ahora simplemente con decir que fueron engañados que no sabían, no están siendo investigadas, y adicionalmente me preocupa un decreto que emitió el Ejecutivo para proteger los bienes de las empresas consorciadas. Todas deberían ser investigadas y determinar la responsabilidad o inocencia de cada uno de los actores en este proceso, así lo manifestó la congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta.
Beteta, calificó de preocupante la actuación del Ministerio Público, donde hay muchos defensores del trabajo que vienen realizando en las investigaciones de la empresa Odebrecht, no obstante, rechazó a quienes pretenden hacer creer que otros (en referencia a la comisión Lava Jato) estarían tratando de entorpecer su trabajo.
La parlamentaria fujimorista integrante de la Comisión Lava jato –dijo- que el grupo de trabajo viene realizando una labor de continuidad desde el período pasado, donde lamentablemente no se tuvo toda la información con la que cuentan ahora con nuevos elementos, pruebas y mayor evidencia que demuestra el modus operandi de las empresas brasileñas en nuestro país, y aseguró que investigarán todas las obras que se hayan generado durante los últimos tres gobiernos y a todos los que habrían sido favorecidos.
“La Comisión Lava Jato de la cual soy miembro integrante en el Congreso de la República, se ha tomado a bien investigar más de veintisiete obras que habrían beneficiado a las empresas brasileñas a través de las famosas coimas, para que los funcionarios pudieran haber dado como ganador a las empresas, encontrándose la hidroeléctrica de Chaglla, una de ellas también que habría sido ejecutada por la empresa Generación Huallaga, que a su vez es subsidiaria de Odebrecht”, denunció.
Beteta Rubín, sostuvo que hasta el momento de acuerdo a las informaciones vertidas por los colaboradores eficaces, muestran que se habría favorecido con la buena pro a estas empresas a través de las coimas, lo cual demuestra que sí es una característica de actuación por parte de las empresas brasileñas que hacen presumir que también la hidroeléctrica de Chaglla habría sido favorecida bajo coima.
En el caso específico de la hidroeléctrica de Chaglalla, Beteta, dijo que la comunidad campesina de Pillao denunció a la empresa Generación Huallaga por apropiación ilícita de terrenos para llevar a cabo esa obra con documentos falsos que habrían simulado un contrato de compra y venta, donde aparentemente no se habría realizado bajo la posición de la comunidad.
“Hay una denuncia en materia civil por nulidad de contrato de estos terrenos que habrían sido trasladados a favor de la empresa Odebrecht – Generación Huallaga”, sostuvo.
De otro lado, la congresista señaló que no solamente las empresas brasileñas habrían licitado con el Estado peruano a través del Gobierno Central, sino también, a través de los Gobiernos Locales como la Municipalidad Metropolitana de Lima y los Gobiernos Regionales de Cusco, San Martín, Ancash, Lambayeque, Cajamarca y otras regiones más.
Asimismo, la abogada y parlamentaria señaló que las obras se concluyeron con demasía de adendas lo cual sería un factor que determinaría de cómo el Estado pagó a las empresas para que ellos pudieran recuperar las coimas que habrían dado a los funcionarios peruanos, calificando los hechos como penosos.
“Es penoso, vergonzoso, por ello yo señalé que más allá de las denuncias que esté haciendo el Ministerio Público, creo que aquí cabe la necesidad de modificar la tipificación del delito que no solamente debe ser por cohecho, sino deberíamos ir más allá, traición a la patria, deberían ser sancionados todos estos malos funcionarios”, remarcó.
Caso Alejandro Toledo
La congresista de Fuerza Popular volvió a arremeter contra el Ministerio Público cuestionando el hecho de por qué el expresidente Alejandro Toledo no habría sido denunciado por cohecho, lo cual podría favorecerlo debido a que la denuncia por tráfico de influencias habría prescrito.
“¿Por qué el Ministerio Público no denunció a Alejandro Toledo por el delito de cohecho que justamente es acto de corrupción? Simplemente el ex mandatario Alejandro Toledo saldrá limpio de polvo y paja porque el delito de tráfico de influencias ya habría prescrito; y como lo están procesando por lavado de activos en ese momento, para poder tipificar el delito de lavado de activos tendría que haber pedido un delito fuente que era proveniente del narcotráfico o de corrupción, y al no encontrarse ninguno de estos elementos simplemente con una buena defensa Alejandro Toledo saldría bien librado de dos denuncias débiles que tiene por parte del Ministerio Público”, puntualizó.
