Fuente  Agencia Andina 

El certamen olímpico se desarrollará desde el 23 de julio en la capital japonesa

El descontento de los japoneses y de patrocinadores no ha bastado para cambiar los planes de los responsables de los Juegos Olímpicos de Tokio, cuya cancelación acarrearía pérdidas multimillonarias a las que nadie se quiere exponer.

Los Juegos, para los que resta menos de un mes, serán «la luz al final del túnel» de la pandemia, según los anfitriones, mientras que el Comité Olímpico Internacional (COI) justifica su celebración con que los atletas se vienen preparando durante años para esta cita, pese a los riesgos que conlleva.

De lo que no han hablado con claridad ni unos ni otros ha sido de las obligaciones contractuales y de los posibles costes derivados de una eventual cancelación, donde podría residir la verdadera clave sobre el destino de los Juegos que se presentan como los más caros y extraños hasta la fecha.

Anfitriones acorralados

El contrato de «Ciudad Anfitriona» sitúa a Japón, o más en concreto al Gobierno de Tokio, a merced del COI a la hora de una posible cancelación del evento, ya que el organismo internacional es el único con potestad de recurrir a esa medida en circunstancias de fuerza mayor como una guerra o «si la seguridad de los participantes se ve amenazada por cualquier razón».

En este contexto, cualquier decisión para suspender los Juegos debería ser consensuada por los anfitriones o el COI o de lo contrario Japón se enfrentaría a una larga y compleja batalla legal contra el organismo internacional, que podría reclamarle una indemnización por las pérdidas de ingresos televisivos.

El COI, cuya financiación depende mayoritariamente de esa vía, sería por tanto el principal interesado en seguir adelante con los Juegos haya o no público en las gradas y pese a que vayan a llevarse entre férreas limitaciones para todos los participantes y sin visitantes extranjeros.

«Hemos sido acorralados en una situación en la que no podemos parar en este momento. Estamos condenados si lo hacemos, y estamos condenados si no lo hacemos», afirmó Kaori Yamaguchi, excampeona mundial de judo y miembro de la ejecutiva del Comité Olímpico de Japón, en un reciente artículo de opinión.

Una estimación del Instituto nipón de Investigación Nomura situaba en 13.560 millones de euros (16.000 millones de dólares) el precio que tendría para Japón la cancelación de los Juegos.

Los autores del informe advertían de que el país asiático sufriría un impacto económico mucho mayor en caso de verse obligado a imponer nuevas medidas anticontagios a raíz de un nuevo repunte del coronavirus causado por los Juegos.