En el Perú no se ha avanzado en la lucha contra la minería ilegal, por el contrario, en los últimos años se ha retrocedido en este aspecto, no solamente las organizaciones relacionadas en esta lucha, contra la delincuencia organizada, sino en general, hay un deterioro de las instituciones, lo cual tiene que ser de todas maneras revertido, para poder lograr un mayor avance”, subrayó Fernando Gonzales, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Sostuvo que para enfrentar a la minería ilegal se requiere una política transversal, que incluya a diferentes sectores. También indicó que los cambios constantes de ministro del Interior perjudican la lucha contra la minería ilegal.

“El problema de la minería ilegal no se puede resolver bajo un solo eje. No solo corresponde al Ministerio del Interior, a la policía, o al Ministerio de Defensa, al trabajo de los militares, ni al Ministerio del Ambiente. Aquí necesitamos un enfoque transversal y una política de Estado, porque un solo ministerio por sí mismo no tiene las herramientas para resolver este problema”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Sostuvo que se debe incluir una articulación con las autoridades de los países vecinos. “Este trabajo articulado no solo es de un sector, sino incluso más allá de un gobierno es necesario. El problema de la minería ilegal no es un problema exclusivo de Perú por ser un país minero, también encontramos minería ilegal significativa en países como Brasil, Colombia, Bolivia o Ecuador. Acá el trabajo articulado es clave”, indicó.

Remarcó que la rotación constante en la cartera del Interior, que es la encargada de la Policía Nacional, se ha incrementado y perjudica la lucha contra la minería ilegal. “Cada vez los ministros rotan más rápido y esto significa también que cambian puestos claves como viceministerios y direcciones generales y no es posible llevar una política coherente en el tiempo. Entonces claramente esto también perjudica la lucha contra la minería ilegal”, afirmó.

Explicó que el impulso de la minería ilegal se debe a los precios internacionales cada vez más altos del oro y la precarización de las instituciones del Estado. “Esto puede complicar la lucha contra una actividad, que puede incluso soportar golpes como la destrucción de maquinarias o por otros operativos. Por otro lado, está el tema de la debilidad institucional y la precarización de las instituciones del Estado”, precisó.