Gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, manifestó también que el tema de fondo en la conflictividad social está en la falta de institucionalidad, a nivel de representación, la misma que afecta a todo el país, principalmente en las zonas más alejadas del Perú.
RCR, 1 de abril 2019 .- La resolución del conflicto de Las Bambas tiene que “marcar la cancha” en el accionar futuro del Estado y el gobierno con las comunidades, el mismo que tiene basarse en el díálogo y en el rechazo absoluto a prácticas delictivas y extorsivas, como medios de negociación para solución de controversias, afirmó el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera.
“Por supuesto. Este conflicto se tiene que marcar la cancha para los siguientes años sobre cómo va a manejar el gobierno situaciones de este tipo. Porque ya sabemos que si tenemos estas ´salidas fáciles’, al día de mañana tendremos otro bloqueo (carretero) en otro punto del corredor minero. Y es la manera como están apostando que funciona, estos señores abogados que han pensado en el mecanismo de la extorsión, como un negocio lucrativo alrededor del país”, subrayó.
En ese contexto, refirió que el Estado debe mantener los canales de comunicación y diálogo con los actores sociales que no estén involucrados actos delictivos o en problemas con la justicia, ya que –anotó- los que sí lo están, no pueden convertirse en interlocutores válidos, bajo ningún punto de vista.
En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Macera manifestó también que el tema de fondo en la conflictividad social está en la falta de institucionalidad, a nivel de representación, la misma que afecta a todo el país, principalmente en las zonas más alejadas del Perú.
“Hay vías y canales institucionales, a través de los cuáles este tipo de situaciones se deberían poder manejar de una manera pacífica y relativamente simple. Y estos pasan a nivel del Congreso, de sus alcaldes distritales, provinciales y su gobernador regional. Para eso está el Estado”, apuntó.
Por último, agregó que en el caso de existir una controversia que no se pueda solucionar por los canales institucionales correspondientes, “para eso está el Poder Judicial”.
“Ahora, en este país, lamentablemente, estas instituciones no siempre operan y terminamos teniendo que recurrir a medidas de fuerza, con lo que nos hacen parecer un país que está más cercano al viejo Oeste que a un estado de Derecho”, puntualizó.
En ese sentido, indicó que lo que se necesita en una democracia representativa es gente que efectivamente represente los intereses del pueblo y que tenga una presencia legítima ante los ciudadanos. “En este caso, no tenemos a nadie que tenga una presencia legítima con quien nos sentemos a negociar”, apuntó.
Macera fue claro en señalar que en el caso del conflicto de Las Bambas no puede se puede dialogar sobre la base de la extorsión y de los personajes que estén vinculados a este comportamiento criminal.
“Este es un conflicto que ha partido de una pretensión económica. Pero este diálogo está al margen de lo que tiene que hacer el sector Justicia con gente que está procediendo lo que, a todas luces, es una extorsión. Y sobre eso, no podemos dialogar. Sino que le compete a fiscales y jueces. Es un área aparte de discusión y listo”, enfatizó.
Recordó asimismo que Chalhuahuacho es un distrito que ha recibido, en los últimos años, muchísimo dinero, a partir de una transferencia de regalías y del movimiento económico que se ha generado en la zona de la provincia apurimeña de Cotabambas, por la explotación de la mina Las Bambas.
“Estamos hablando de transferencia de regalías a la región de aproximadamente US$ 8 000 000 (ocho millones de dólares) al mes. Esto en Chalhuahuacho ha significado un incremento del presupuesto de inversión pública de más o menos S/ 2 000 000 (dos millones de soles) al año”, detalló.
Tras indicar que en ese contexto donde la plata empieza a abundar es que se suceden burgomaestres con problemas con la justicia para la mala administración de los ingentes fondos recaudados, Macera advirtió que esta situación va a seguir pasando “mientras no tengamos el armazón institucional suficiente” para contrarrestarlo.
“Hay un retraso histórico en la manera en la que hemos estado trabajando con los distritos y provincias. Aquí sí creo hay una responsabilidad sobre cómo arreglamos la distribución de las regalías y el canon. Y, además, fortalecemos las capacidades de las provincias y distritos que tengan que gestionarlos”, aseveró.
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