Informe temático de la procuraduría anticorrupción señala que Santos, en su condición de máxima autoridad regional, habría colocado como funcionarios en Unidad Ejecutora de Programas Regionales (PROREGIÓN) a personas de su entorno para gestionar la creación de proyectos de inversión y transferencia de presupuesto.

RCR, 18 de septiembre 2018.- El suspendido gobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, es procesado ante la justicia por los delitos de asociación ilícita, colusión simple y agravada, cohecho y otros, por presuntamente haber liderado una organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, gestada dentro de la Unidad Ejecutora de Programas Regionales (PROREGION).

Esta última dependencia habría sido utilizada para favorecer a diversas empresas, en procesos de contratación pública, a cambio de beneficios económicos, entre los años 2011 y 2012.

Así lo señala un reciente informe temático de la procuraduría pública especializada en delitos de corrupción titulado “La corrupción en los gobiernos regionales y locales”, publicado este mes, el mismo que refiere que el proceso a Santos, y los demás implicados, se encuentra en fase de juicio oral y por el cual ha solicitado una reparación civil ascendente a S/ 59’ 000 000 (cincuenta y nueve millones de soles).

El citado informe agrega que Santos Guerrero, en su condición de máxima autoridad regional, habría colocado como funcionarios en PROREGIÓN a personas de su confianza, a fin de gestionar la creación de proyectos de inversión y la transferencia de presupuesto de dicha Unidad Ejecutora, la más importante del Gobierno Regional de Cajamarca, en lo que a gastos de inversión se refiere.

Asimismo, anota que la exautoridad regional de Cajamarca habría determinado la ubicación y rol de los principales miembros de su red, el objeto o proyecto de su corporación delictiva, así como el porcentaje de las ganancias delictivas que percibiría y la forma en la que sus subalternos se verían beneficiados, según precisa la investigación del Ministerio Público.

Señala igualmente que, a consecuencia de estos hechos, en los procesos de contratación pública (designación del comité especial, elaboración de bases de la convocatoria, evaluación de las propuestas técnicas de los postores, otorgamiento de la buena pro y durante la fase de ejecución contractual), se favoreció a empresas vinculadas a Wilson Manuel Vallejos Díaz, aportante de las campañas electorales de Santos.

El documento de la procuraduría anticorrupción refiere también que el exgobernador regional habría sido quien negoció con Vallejos Díaz, al determinar que este contratista fuese el favorecido con los supuestos actos de colusión cometidos por él y los funcionarios y servidores de PROREGION.

De igual modo, el informe expresa que de los doce procesos de contratación pública que forman parte de la investigación fiscal, las diversas compañías vinculadas al empresario Vallejos Díaz ganaron la buena pro en once obras, valorizadas en S/ 132´ 243 596 (ciento treinta y dos millones doscientos cuarenta y tres mil quinientos noventa y seis y 30/100 soles).

El informe temático de la procuraduría anticorrupción, que analiza casos entre los años 2002 hasta el 2014, detalla igualmente que son más de 4 000 procesos por corrupción los que involucran a     2 059 autoridades y exautoridades de los gobiernos regionales y locales.

Especifica igualmente que los casos de corrupción se registran en las 24 regiones del país y en la Provincia Constitucional del Callao, de las que Junín, Cusco y Lima registran los mayores índices, con más de 400 casos de corrupción cada una.

Detalla que entre estos figuran procesos seguidos en contra de los actuales gobernadores regionales Ángel Unchupaico Canchumani (Junín), Edwin Licona Licona (Cusco) y Nelson Chui Mejía (Lima).

El documento menciona además que, de la cifra total de autoridades y exautoridades vinculadas a delitos de corrupción, 205 están sentenciados, cuyos actos ilícitos han generado un perjuicio económico total al Estado por S/ 7 millones 727.744.

Expresa que los delitos con mayor incidencia se registran en las denuncias son los de peculado y colusión; es decir, cuando el funcionario público se apropia o utiliza bienes o dinero del Estado, y cuando el funcionario interviene en los procesos de adquisición o contratación pública, concertando o acordando con interesados para defraudar al Estado.

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