RCR, 03 de mayo de 2023.- Elizabeth Zea, magíster especialista en Derechos Humanos, dijo que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre las muertes ocurridas durante las protestas, asume una postura política al cuestionar las competencias del Congreso de la República. Precisó que el documento va más allá de las protestas y analiza también el espacio de la situación política y social que se ha vivido recientemente en el país.
“Una parte del informe cuestiona las competencias del Congreso de la República para nombrar al defensor del pueblo y hacer una serie de reformas constitucionales, que, por ejemplo, apuntan a que los órganos electorales también puedan ser sancionados cuando exceden en sus funciones o cometen algún tipo de delito. Ellos ven eso como que va en contra de su autonomía y su independencia”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que el tema del Congreso es político. “Como que ya está yendo dentro de competencias establecidas en nuestra Constitución. Ahí sí yo cuestiono un poco esa parte del informe respecto a ese tema, más que nada político, donde ya la comisión está yendo más allá cuando no hay una vulneración de un derecho constitucional, porque ni siquiera se ha elegido al defensor del pueblo y todavía no se han hecho estas reformas constitucionales”, indicó.
Remarcó que el informe de la CIDH va más allá de las protestas y analiza también el espacio de la situación política social que se ha vivido en el país incluso desde el año 2016 y entra a analizar también la situación desde el contexto del golpe de Estado que da Castillo. “Y a partir de ahí comienza a dar una serie de conclusiones y recomendaciones al Estado peruano, no solamente para investigar y sancionar estas muertes que se han dado en el contexto de la protesta, sino también y reparar por supuesto”, expresó.
“De la lectura rápida porque son 113 páginas yo puedo deducir ahí que lo que hace la comisión es no querer entrar mucho de lleno a determinar una responsabilidad del Estado, pero también veo que hay un manejo de un lenguaje que no es lo suficientemente contundente en algunos escenarios como por ejemplo no llama golpe de Estado a lo que hizo Castillo sino rompimiento de del orden constitucional”, precisó.
Explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo subsidiario y complementario. “Estos informes de la corte no suplen para nada la acción del Estado peruano ni las obligaciones que el Estado peruano ha contraído en materia de Derechos Humanos”, expresó.
“Lo que menciona la comisión de las muertes en el contexto de las protestas es que se presumiría que se han cometido ejecuciones extrajudiciales y si estas han sido a una población numerosa se podría hasta configurar que esto ha sido una masacre y clara vulneración de los derechos humanos. Este lenguaje se presumiría y es una condicional porque aún no se tiene una investigación y no hay un resultado”, apuntó.
Sostuvo que el Estado peruano tiene cumplir con sus compromisos y obligaciones, para sostener que las conclusiones de la CIDH no han sido así. “El Estado debe de cumplir con su responsabilidad de investigar en el menor tiempo posible confiando en que la defensa del Estado va a poder sostener que lo que presume la comisión no ha sido así. Entonces aquí ya queda del Estado, el Ministerio Público, el Poder Judicial, Policía Nacional queda en acelerar las investigaciones y poder llegar pues a un resultado lo más pronto posible”, subrayó.
