Fotografía: Revista Horizonte Minero

RCR, 23 de septiembre de 2020.- El economista y especialista en gestión social, Fernando Castillo Torres, expresó sus dudas de que el Perú supere su caída de -12% para el 2020 y que el 2021 llegue al 11% de crecimiento, como asegura la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. Explicó que los indicadores de crecimiento, que son la exportación de minerales y las inversiones privadas y públicas, evidencian desplomes por la incapacidad del gobierno en promover esas actividades.

“El Banco Central de Reserva acaba de publicar su reporte de setiembre, en el cual repite de alguna manera las cifras mencionadas. En momento se habló de una contracción del PBI de 11% y ahora habla de -12% para el presente año. Eso implica una caída de la demanda interna, una contracción del primer semestre de 27.4%. Pero la ministra de Economía ha indicado que todas esas van a mejorar el próximo año y que estaríamos llegando al 11% de crecimiento”, indicó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

“Sin embargo, esta cifra está basada en un crecimiento de tres indicadores principales, una inversión privada que puede ser del 20%, una inversión pública de 11% y exportaciones de 18%. En el caso de las exportaciones, es preciso desarrollar una mayor capacidad de producción, pero del COVID, el oro ya había bajado, tuvo una caída de 20%. En el caso del cobre, tuvo una caída de 25% en la producción. Al llegar la pandemia esto se ha acrecentado, de manera que, veo bastante complejo que las exportaciones mineras puedan tener una mejora”, remarcó.

Señaló que si uno ve el nivel en que se encuentra la inversión pública y tomando en cuenta que estamos en un año electoral y se viene un cambio de gobierno, muchos funcionarios creen que firmar temas vinculados a la ejecución de proyectos es “riesgoso” porque viene una nueva administración. Esto ocurre cada cinco años, por tanto, “tengo mis dudas que lleguemos al crecimiento de 11%”, enfatizó.

“Ahora viendo el tema de la inversión privada y la situación que vive el país, donde las compañías tienen que cargar con la responsabilidad social alrededor de los problemas que el Estado no resuelve, más la incertidumbre política, hace que muchas empresas posterguen sus inversiones del 2021 al 2022, algunos al 2023 y otros al 2024”, manifestó.

Subrayó que en el sector energía y minas se repite que tenemos 5,800 millones de dólares de Quellaveco, pero hay que precisar que ya no hay esa cantidad, existe una cifra menor, la realidad nos dice que se ha reducido a 350 millones, el resto ya se ejecutó. “El proyecto Minajusta ya llegó al 90% de inversión. Para el 2021 esto va a seguir reduciéndose mucho más fuerte, porque solo quedaría lo que resta de la inversión de Quellaveco y una parte de la inversión en la ampliación de Toromocho, sin que otros proyectos puedan entrar.

Para el 2022, quizá solo tengamos un promedio de 1,000 millones de dólares frescos si no nos apuramos en promover y dar las facilidades en estos momentos para que avancen otros proyectos a parte de los mencionados”, precisó.

Gestión social sin rumbo

Castillo dijo que, en el caso de la gestión social para el manejo de crisis y conflictos, la promoción y facilitación de inversiones, no solamente en el rubro mineros, los diálogos tienden a ser directos. “No es posible desarrollar un trabajo de gestión social desde una computadora, desde una plataforma informática, es necesario tener un contacto real con la población para tener una mirada propia de la problemática y buscar alternativas de solución”, afirmó.

“Escuchar al ministro de Energía y Minas que se está haciendo un reforzamiento de la oficina de gestión social de ese portafolio, es lo mismo que ya oímos a otros tres ministros que lo antecedieron. Lo real es que desde la llegada a esa cartera del entonces ministro (Francisco) Ísmodes, lo que ha pasado con esta área es que se ha venido cercenando poco a poco los equipos que han participado en procesos de promoción para sacar adelante importantes proyectos”, señaló.

La estratégica área de gestión social del Minem, llegó a contar con 80 especialistas dedicados a ver minería, gas, petróleo, electricidad, líneas de transmisión, consultas previas, entre otras tantas líneas de inversión. No se ajusta a la realidad cuando se dice que se está reforzando cuando sus recursos se han reducido al 50%”, aseveró.

Expresó que los procesos sociales no son como una infraestructura que se puede planificar e iniciar la construcción como si se tratase de una carretera o un edificio. “Los procesos sociales requieren mucho más trabajo de campo, involucrase en el contexto del lugar en el que uno va a intervenir y es una de las columnas principales de la actividad minera en general. Los distintos estudios sobre el porqué de la lentitud para la autorización de los proyectos arrojaron dos grandes problemas: la tramitología regulatoria y el tema social”, detalló.

Comentó que, por ejemplo, en el Perú no están operando Shell, Mobil, Exxon, transnacionales gigantescas del petróleo. Operan pequeñas y medianas compañías que ven una oportunidad porque aquí los grandes que juegan en las ligas mayores de la inversión no quieren venir, debido a que los problemas derivados de la conflictividad social no pueden cuantificarse monetariamente para medir si es que va o no va un proyecto”, manifestó.

Estado y el cierre de brechas

“Lo real es que el Estado está ausente desde hace muchos años y es el que incumple los compromisos con comunidades y uno de los factores es porque no hay una continuidad entre los servidores que trabajan en el tema del cierre de brechas. Es necesario entender que el cierre de brechas no es la agenda del Ministerio de Energía y Minas, es la agenda de todo el Estado, es la agenda por la cual el presidente del Consejo de Ministros tiene la misión de articular”, afirmó.

Enfatizó que es complejo que el Gobierno tenga un discurso en el cual habla de un cierre de brechas y sin embargo el canon que ha producido la minería, que supera los 40 mil millones en los últimos 20 años, no está generando desarrollo en ningún lugar. “Por ejemplo, el canon que paga Antamina, está en el Estadio de Chimbote; el canon de Yanacocha, está en el Estadio Azteca del distrito de La Encañada y en el Gran Centro Cívico, que se utiliza cinco días al año”, dijo.

“La minería ha estado contribuyendo de manera sostenida. En esta pandemia ha sido uno de los primeros sectores que se ha volcado para apoyar a sus entornos de interés, no solo en la compra de oxígeno, balones, medicamentos e insumos. De hecho hay los que han destacado por encima de otros, como el caso de Minsur, Antamina, Las Bambas, Buenaventura, sin desmerecer lo que han hecho otras empresas, son aquellas que han jugado un rol más activo en estos días”, subrayó.

“Acá en el Perú hay mucho manoseo sobre la actividad extractiva, porque es altamente rentable. Yo no veo que los consultores, que montan campañas contra la minería se preocupen de la educación en las zonas de extrema pobreza, eso no trae renta. Tampoco veo que ninguna ONG, que promueve derechos humanos y ambientales, se preocupe de las zonas afectadas por la minería ilegal, porque eso no trae renta. Hay todo un conjunto de sobre-expectativas alrededor de la minería porque atacarla sí trae renta”, agregó.

Competitividad y reserva minerales

De otro lado, destacó que la competitividad tiene que ver con la estructura tributaria, la capacidad geológica del país, el nivel de recursos que se tiene, la conectividad que existe, el componente social. “En ese sentido, nosotros tenemos muchos elementos de que preocuparnos, no es que seamos el país más rico del planeta en recursos geológicos, por encima de nosotros ya está Australia, Canadá, que tienen muchos más recursos y reservas”, puntualizó. 

“Si nosotros llegamos a explotar completamente las reservas probadas de oro en el país, acabaríamos en hacerlo en 18 años, el cobre en 35 años, la plata en 26 años y el zinc en 13 años. Y qué es lo que se está haciendo para renovar estas reservas. Si se explota los minerales y no se desarrolla más exploraciones, difícilmente podremos extraer esos recursos en los próximos años. Es que el país no ha trabajado elementos de competitividad, podemos ver que en temas de transporte ferroviario hemos sido superados por Chile, en el tema aéreo somos los últimos”, anotó.

Aseveró que países como Colombia y Ecuador han estudiado estos indicadores el año pasado en el Perumin. “El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contrató a Macroconsult, que hizo un extraordinario trabajo para mostrar cuales son los elementos que deberíamos mejorar en índice de competitividad vinculado estrictamente a la actividad minera. Proyectos como Las Bambas, Antapaccay, Constanza, que se encuentran en el llamado Corredor Minero del Sur, tienen dificultades permanentemente, y el extremo es que el 2019 Las Bambas ha dejado de trasladar mineral más de cuatro meses”, resaltó.

“Es una locura ver que la Oefa (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) y otras instituciones del Estado están restringiendo el transporte del mineral, cuando deberíamos sacar algún tipo de normas de emergencia para poder vincular esta situación de pandemia y generar recursos que tenemos guardados y no los podemos comercializar”, remarcó.

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