Expresidente de la Corte Superior de Justicia, Marcos Ibazeta, alertó que los procesos de extradición contra el exjefe de Estado, Alejandro Toledo y el exvocal supremo, César Hinostroza, también podrían ser afectados en caso de que los términos de una hipotética aprobación de la petición de asilo de García considere “una selectividad en las investigaciones para proteger a algunos, neutralizar a otros, y a atacar a la oposición”.

RCR, 22 de noviembre 2018.- El debido proceso en el Perú estaría en cuestión si es que el gobierno de Uruguay le concede el asilo diplomático al expresidente, Alan García, refugiado en la residencia del embajador de ese país en Lima, actualmente procesado por delitos de corrupción, correspondiente al caso Lava Jato, advirtió el expresidente de la Corte Superior de Justicia, Marcos Ibazeta.

“Cuando tenemos que perseguir algo, tenemos que ser muy racionales, serenos y muy racionales de los alcances de nuestra legislación y el respeto al debido proceso… Por eso es que yo no entendía porque se motivaba a la gente a incurrir en la grita emotiva e insultante de un sector con otro. Eso no tiene sentido cuando lo que se requiere es serenidad para castigar a todos los ladrones. Pero, ahora, si le conceden al asilo político (a Alan García) se va a cuestionar el debido proceso”, subrayó.

En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Ibazeta alertó que los procesos de extradición contra el exjefe de Estado, Alejandro Toledo y el exvocal supremo, César Hinostroza, también podrían ser afectados en caso de que los términos de una hipotética aprobación de la petición de asilo de García considere “una selectividad en las investigaciones para proteger a algunos, neutralizar a otros, y a atacar a la oposición”.

En ese contexto, el exDecano del Colegio de Abogados de Lima consideró igualmente que tanto la reciente comunicación del presidente Martín Vizcarra con su par de Uruguay, Tabaré Vásquez, como el anunciado viaje de una comisión congresal multipartidaria a ese país para entrevistarse con éste último y sus legisladores, respecto a la eventual concesión del asilo a García, podría considerarse como una interferencia política.   

En otro momento, Ibazeta dijo esperar que el allanamiento fiscal, en la víspera, del estudio de abogados Oré Guardia, haya contado con elementos suficientes para ejecutar una medida es este tipo, 

“La regla es que no debe producirse un allanamiento a ciegas, ni en términos tan abstractos y generales, porque se lesiona no solamente la actividad del abogado, sino el secreto profesional y la reserva de los clientes”, puntualizó.

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