RCR, 26 de julio de 2020.– Ronald Ibarra, consultor especialista en conflictos sociales, señaló que las protestas violentas de la población de Espinar, exigiendo un bono de S/. 1,000 a la empresa Antapaccay, responden a una agenda oculta promovida por sectores extremistas que quieren sacar provecho político de ese conflicto. Sin embargo, dijo que el Estado puede promover el diálogo con transparencia para evitar una escalada más grave.
“En todos los conflictos hay agendas ocultas, algunos las llaman agendas paralelas. Lo que se trata es prevenir estos conflictos. Hay aspectos que sin duda no los va a poder controlar, siempre hay utilización política, hay gente que tiene posiciones extremistas, hay diversas posturas. Aunque que el Estado no tiene la injerencia para decidir, sí puede orientar a un acuerdo”, afirmó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que “así no conozcas la agenda oculta, no conozcas las agendas paralelas, lo importante es que si uno establece una estrategia que de manera transparente maneje el tema, esas agendas se quedan ahí, ocultas”. “Hay sectores que se aprovechan, pero todo eso se permite cuando no se tienen las cosas claras para una gestión de conflictos”, remarcó.
Enfatizó que “hay que rechazar la violencia venga de donde venga”. “La violencia no es ninguna herramienta ni mecanismo para resolver un conflicto. Sin embargo, es importante ser transparentes. El Estado debe analizar cuánto de los bonos otorgados en medio de esta pandemia han llegado a Espinar porque la primera queja es que un gran sector de la población no ha recibido nada”, subrayó.
“Este conflicto ha escalado a tal nivel, que ahora están exigiendo la presencia del primer ministro. La cosa en Espinar está bien caldeada. Ahora la población cuando toma una decisión desborda cualquier posibilidad que las autoridades puedan controlar. Se está poniendo en riesgo, por ejemplo, el Corredor Minero del Sur donde se ha perjudicado a dos vehículos del proyecto Las Bambas, así como la ampliación que ha pedido Antapaccay, que significa $ 500 millones de dólares en inversión”, advirtió.
Expresó que “la situación es preocupante y delicada porque hace más o menos tres meses se están reuniendo a pesar de la emergencia sanitaria y este conflicto se da a raíz de la pandemia”. “En Espinar se tiene un conjunto de demandas que están pendientes y que están en la agenda permanente. El 2003 se suscribe un convenio marco, pero es un documento sui generis, porque hasta esa fecha no teníamos un modelo en que la empresa de manera voluntaria haya ofrecido aportar una utilidad, al margen del canon, para el desarrollo”, dijo.
Acción concertada
Ibarra destacó que “este convenio fue producto de una acción concertada de autoridades, empresa y población. Es algo que se ha perseguido en temas de conflicto social, se busca la participación de estos tres actores”. “Ya son 17 años de vigencia de este acuerdo que se tiene en Espinar y hace casi tres meses que sucede este tema de la pandemia a nivel nacional”, resaltó.
“En Espinar se planteó que si existe un fondo, porque de ahí no se toman recursos para distribuir bonos a la población. Esto es discutible, porque muchos especialistas dicen que porque se le va a entregar dinero, esto va a crear precedentes. Esto no podría crear ningún precedente para nadie, porque no es un recurso que se le exige a una empresa de manera especial para que disponga un recurso adicional, este es un recurso que existe, que se tiene”, indicó.
Opinó que “la empresa ha cometido un error al hacer propuestas”. “Primero ofrecen S/. 30 millones, pero luego el 20 y el 22 de julio hacen la precisión de que eran 11 millones para comprar alimentos y medicinas, y 16 millones para otorgar microcréditos a emprendedores de la zona. En cambio, la población propone que necesitamos el bono para que se reactive la economía. El 14 se suspende y el 20 se vuelve a suspender la reunión y el 22 se rompe toda posibilidad de dialogo, porque se suceden las protestas y se incendian dos vehículos”, aseveró.
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