Fuente : Diario la Region

Por aprovecharse de una situación de emergencia

Aquel alcalde y/o funcionario público que comete el delito de malversación de fondos puede recibir hasta 9 años de cárcel; ahora dada la coyuntura que atraviesa nuestro país, debido al Estado de Emergencia Nacional ante el COVID-19, dichas penas podrían ser más drásticas, así lo indicó a través de Radio Nacional, Omar Tello Rosales, coordinador nacional de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.

“Cuando se utilizan fondos públicos para otro tipo de actividades que no corresponden, se trata del delito de peculado. En este caso, la situación se agrava porque se trata de una situación de emergencia, por lo que la pena va de 8 a 12 años”, explicó.

Según Tello, la Fiscalía tiene muchos años de experiencia trabajando con temas de fondos que son utilizados para fines que no se deberían. “Vamos a adelantarnos a que ocurra estos actos delictivos como una labor de prevención”, expresó Tello.

Según el fiscal superior, lo que va a hacer la Fiscalía es tomar acciones para vigilar el empleo de estos recursos. “Si hay un alcalde o funcionario público que está realizando actividades que lindan con el delito, los fiscales van a iniciar un proceso de investigación”, adelantó.
“Nosotros no podemos fiscalizar presencialmente, ni saber si a todo el mundo le va a llegar o no las canastas que le corresponden. Nosotros vamos a vigilar el empleo correcto de estos fondos, en base a nuestra experiencia”, advirtió.