RCR, 08 de Julio 2021 .- Camille Chalmers, economista y representante de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití (PADPA), dijo que Haití se encuentra en una situación muy difícil después del asesinato de su presidente Jovenel Moïse. Precisó que el malogrado mandatario salió de la legalidad constitucional en el 2020 y su sucesor Claude Joseph no tiene legitimidad democrática.
“El panorama está complicado desde el punto de vista institucional, porque Jovenel Moise trabajo para debilitar a las instituciones. La Constitución breve que en caso de ausencia del presidente debe ser reemplazado por un presidente electo por las cámaras de diputados y de senadores, pero la cámara no existe. Ahora entramos a un periodo de transición política, que permite regresar a la legalidad constitucional y echar las bases para una redefinición del país para salir del neoliberalismo de un Estado oligárquico y violento”, dijo.
Consideró que el actual gobernante Claude Joseph es un primer ministro de facto. “Ya había renunciado a su puesto, se apoderó del poder y está gobernando ahora en condiciones cuestionables, porque son condiciones que no tienen ningún fundamento legal y son condiciones que permiten seguir con la agenda del imperialismo y de Jovenel Moise. Estamos denunciado el estado de sitio que transfiere todo el poder a las fuerzas públicas y permite eliminar las libertades públicas”, indicó.
Señaló, en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), que “todavía no hay suficiente información cierta para establecer el proceso que ha llevado al asesinato de Jovenel Moïse”. “Lo que sospechamos es que esto está relacionado con luchas por el poder dentro de la extrema derecha haitiana, el partido PHTK, que tiene un apoyo del imperialismo y de la OEA. Esta es una disputa de proyectos”, afirmó.
“Este asesinato pasa en un contexto difícil, porque el expresidente salió de la legalidad constitucional desde enero del 2020 con la desaparición del Parlamento y desde el 7 de febrero del 2021, que es el fin del mandato constitucional. Es un gobierno que esta gobernando con violencia y el uso de pandillas armadas. La población se opone a este giro. Todos estos sectores siempre han luchado con métodos democráticos”, expresó.
Manifestó que la extrema derecha haitiana tiene estrechas relaciones con el narcotráfico. “Es importante señalar lo que está en juego en el Caribe. Para Estados Unidos es importante tener el control político de este país, para impedir una eventual alianza Cuba-Haití-Venezuela. Eso explica porque Estados Unidos invierte muchos recursos para eliminar la participación política de las clases populares y mantener a la extrema derecha en el poder a pesar de su carácter violento, sanguinario y de toda la destrucción institucional en los tres últimos años”, apuntó.
“Haití es un país saqueado y que ha sido destruido, que se ha hecho en una lógica de una división del trabajo impuesta por Estados Unidos. Después se ha saqueado recursos forestales y minerales, pero manteniendo al país en condiciones de pobreza. Casi el 50% de la población padece hambre y se ha agudizado la dependencia alimentaria. La crisis del covid ha empeorado la situación con el aumento del desempleo y la desestructuración social por las pandillas armadas mantenidas por el Gobierno”, observó.
Remarcó que la mayoría de la población de Haití está en una situación difícil. “Tenemos la repartición de ingresos como una de las más desiguales del continente y tenemos un sistema de marginalización sistemática de las masas urbanas y rurales, un Estado que funciona para el 20% de la población y que marginaliza al resto de la población. La situación se empeoró con gobierno de extrema derecha que tenemos desde hace 10 años en el país”, subrayó.
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