RCR, 14 de marzo de 2022.- El presidente de Southern Perú Copper Corporation, Óscar González Rocha, sostuvo que el gobierno central ha dejado a la mina Cuajone sin ninguna protección ante los bloqueos de vías y cortes de agua por parte de las comunidades de Tumilaca, Pocata y Coscore, en Moquegua, cuyos dirigentes hacen exigencias imposibles de cumplir. Advirtió que, se ha vulnerado la seguridad jurídica y de esa manera es muy difícil que lleguen nuevas inversiones al Perú y que pueda convertirse en segundo productor mundial de Cobre.
“Desde el 10 de febrero se bloqueó la línea del ferrocarril que durante más de 50 años ha estado sacando el material. El corte que ha dejado sin agua a Cuajone y a la población ha sido el 28 de febrero. El 10 de marzo restablecimos el suministro de agua con apoyo de nuestro personal, pero el domingo 13 de marzo volvieron a tomar el lugar para cerrar el (suministro) agua”, dijo.
Señaló que Southern Perú Copper Corporation ha presentado las denuncias respectivas ante las autoridades competentes sin recibir respuesta alguna. “No se ha tomado ninguna medida de apoyo (por parte) del Poder Judicial y de la Policía,”, indicó a través de Red de Comunicación Regional (RCR). “A pesar de eso, el gobierno central no toma ninguna acción”, afirmó.
Destacó que Southern tiene 22 años invirtiendo en el Perú a través de las minas de Toquepala y Cuajone, y de las instalaciones metalúrgicas de Ilo. “Ojalá el gobierno actúe de manera que se pueda aplicar la ley y que se siga dialogando”, afirmó.
Enfatizó que la Policía ha querido actuar, pero no se le ha permitido. “No entendemos el proceder de las autoridades, vamos a seguir insistiendo a fin de que las denuncias se atiendan y se restablezcan las actividades (de la mina) y del personal que vive en Cuajone, que está afectada por la falta de agua”, manifestó.
Exigencias imposibles de cumplir
González Rocha, dijo que es imposible cumplir las exigencias de las comunidades. Están demandando el pago de cinco mil millones de dólares y el 5% de utilidades por terrenos ocupados por la mina Cuajone, indicó. “La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), y nuestro personal participaron en un dialogo con las comunidades y no se llegó a ningún acuerdo”, dijo a Red de Comunicación Regional (RCR).
Explicó que Southern Perú tiene una concesión legal del Minem. “(Según) la Presidencia del Consejo de Ministros todo está en regla. Esto (el bloqueo y los cortes de agua) hace que no podamos producir y que las personas que viven en el campamento de Cuajone no puedan tener agua para subsistir”, indicó.
“Hay una idea equivocada de las autoridades con respecto a conseguir (con situaciones como esta) que el Perú pueda llegar a ser un mejor país y el segundo productor de cobre a nivel mundial después de Chile. No vemos como esto esté dándole resultados y que pueda seguir teniendo más ingresos”, manifestó.
El país (recibió) solo por parte de Southern en los meses de enero y febrero de este año, 233 millones de dólares en impuestos, 53 millones más que en los dos mismos meses del año 2021. Eso es algo que no debería dejar de recibir, declaró.
Seguridad jurídica vulnerada
El presidente de Southern Perú, sostuvo también que el principio de seguridad jurídica (en el Perú) ha sido vulnerado con los bloqueos de vías y cortes de agua perpetrados por las comunidades Tumilaca, Pocata, Coscore, en Moquegua. Advirtió que esa situación va a afectar la producción y reducir las contribuciones en impuestos para el Estado.
“Sí, hay una vulnerabilidad (jurídica) y la autoridad no está tomando las acciones que corresponden. El diálogo tampoco ha podido resolver el problema, porque estas personas no ceden y piensan que tienen la razón”, dijo.
“La falta de producción va a ser que disminuya el pago de impuestos, vamos a tener que comprar concentrados del exterior para tener producción en la refinería y en la fundición de Ilo, para reponer el concentrado que no va a llegar de Cuajone por estos problemas. Esto hace que los costos suban y van a disminuir las utilidades y los impuestos para la región y el gobierno central”, alertó.
Expresó su incertidumbre respecto a una pronta solución del problema. “No sé cómo se vaya a resolver este asunto, a pesar que tenemos una inversión de 8 mil millones de dólares que esperamos ejecutar en Tía María (Arequipa), Michiquillay (Cajamarca) y en Los Chancas (Apurímac), y que no hemos podido invertir también por falta de apoyo del gobierno central”, señaló.
“No creo que haya habido muchas inversiones últimamente de empresas del exterior en el Perú, porque las empresas que ya estamos en el país estamos teniendo problemas. También Las Bambas está teniendo problemas y vemos que no hay un apoyo gubernamental para que las actividades de inversión se lleven a cabo”, declaró.
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