RCR, 19 de enero de 2022.- Rómulo Mucho Mamani, consultor en minería y exviceministro de minas, dijo que el Gobierno tiene la principal responsabilidad de solucionar el conflicto social del Corredor Minero del Sur, para garantizar la buena marcha del proyecto minero Las Bambas, en Apurímac. También dijo que los comuneros de Chumbivilcas deben entender que bloquear carreteras es un delito en el Perú y en cualquier parte del mundo.
“(La responsabilidad del Estado) es total. Yo veo que la empresa está mostrando su disposición atender las necesidades en lo posible y como corresponde. El Estado siempre ha estado ausente. Debe haber una oficina del ministerio en esta zona para monitorear el cumplimiento de los compromisos. El Estado debe estar cerca, no lejos, para que cada vez que estalla un conflicto no vaya acudiendo como bombero para apagar. Un problema lo resuelven todos”, dijo.
Precisó que el gobierno es el que explica las reglas del juego. “Hoy tenemos un gobierno que no tiene capacidad para resolver conflictos porque no lo sabe. Si saben cómo se gesta un conflicto, tiene que haber una alternativa de solución, pero no vemos en absoluto. Las autoridades más bien se pliegan a los pedidos”, indicó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Remarcó que el Gobierno tiene que acabar con la impunidad del bloqueo de carreteras por los comuneros de Chumbivilcas “Un ministro dijo que hay que darle la razón a la comunidad porque hay exigencia de la empresa. ¿Qué es eso? El estado tiene que velar por hacer cumplir la ley, un bloqueo está penado legalmente, no solamente por la Constitución, sino a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial”, expresó.
“Una carretera es un bien inmueble para la nación y no solamente sirve para una mina, también sirve para la gente, porque las carreteras conectan para el desarrollo. Esto ya está clasificado como una vía nacional, lo que falta es asfaltar la carretera para que se elimine el polvo que es el motivo del reclamo. Está carretera trae progreso, por dónde pasa una carretera pone en valor las localidades porque de todas maneras siempre se establecen restaurantes y tiendas”, afirmó.
Destacó que la empresa tiene voluntad de apoyar dentro de lo permisible. “No se puede atender medidas desmedidas, diríamos de chantaje y en eso el Estado tiene que tiene que hacer aterrizar las expectativas de hacer entender esa gente, porque si no todo el mundo va a querer decir yo quiero ser área de influencia directa, porque este proyecto pertenece Apurímac”, apuntó.
Enfatizó que el Gobierno tiene que avanzar el plan de desarrollo territorial a largo plazo, debido a que el proyecto Las Bambas recién empieza. “Tiene para 20, 30, 40 años, quizás más, entonces pues los ingresos van a ser permanentes y eso va a servir para todos en la medida que le corresponda”, resaltó.
“Ellos no conocen qué es un plan de desarrollo, qué es una inversión, cuánto es el efecto una conversión. No fue fácil gestar este proyecto desde que se adjudicó desde el 2004 y pasa un largo tiempo conseguir los capitales y conseguir digamos ese desarrollo socioeconómico que está logrando, las cifras son extraordinarias, el aporte hacia Apurímac, también el aporte de compras locales”, subrayó.
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