RCR, 12 de Diciembre 2024.- El Ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció que el gobierno someterá a consulta y debate ciudadano la posibilidad de implementar la pena de muerte en casos específicos de delitos graves. Indicó que esta decisión surge tras la reciente conmoción pública causada por el caso de una menor que fue violada y asesinada en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.
Arana explicó que la propuesta busca atender la preocupación ciudadana ante la creciente ola de crímenes atroces. El ministro enfatizó la necesidad de escuchar a la población y debatir la pertinencia de la pena capital en casos como la violación de menores, el sicariato y el feminicidio.
La consulta, según Arana, no pretende ser un aprovechamiento político ni una cortina de humo para ocultar otros asuntos del gobierno. Sostuvo que el objetivo es iniciar un diálogo nacional serio y amplio que involucre a diversos sectores de la sociedad, incluyendo a la sociedad civil, empresarios y universidades.
El ministro afirmó que el Gobierno tiene el compromiso de lucha contra la criminalidad y la búsqueda de soluciones efectivas para garantizar la seguridad ciudadana.
Gobierno no ha mencionado referéndum sobre pena de muerte
El Ministro de Justicia, Eduardo Arana, aclaró que el Gobierno no ha considerado la posibilidad de un referéndum para una eventual reforma constitucional que establezca la pena de muerte para violadores de menores.
En sus declaraciones, Arana enfatizó que el proceso regular no necesariamente implica un referéndum y que es prematuro hablar de ello hasta no conocer la opinión de la ciudadanía.
Arana explicó que existen otros mecanismos para llevar a cabo la reforma, como la presentación de una denuncia del Pacto de San José directamente por el Ejecutivo al Congreso de la República. Este proceso, según Arana, no requiere un referéndum.
El Ministro también anunció que programarán audiencias a nivel nacional, regional y local para escuchar a la población y conocer su postura sobre la reforma constitucional. A partir de estas consultas, se determinará el procedimiento a seguir para la posible modificación de la Constitución.
