En un comunicado de la Cancillería, dispuso el impedimento de entrada al territorio nacional a Maduro y a un centenar de miembros de su régimen. Asimismo, la aplicación de medidas económicas acordadas en la Declaración de Lima. Y reitera que “no reconoce” la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro.

RCR, 10 de enero 2019.- La considerada ilegal juramentación de un segundo mandato presidencial por Nicolás Maduro, en Venezuela, trajo su primera consecuencia inmediata, por parte del Gobierno del Perú, que anunció una serie de medidas en su contra y de sus principales funcionarios; además de señalar como “ilegítimo” a su nuevo periodo ejecutivo.

En un comunicado, emitido este jueves, la cancillería peruana refiere que «al iniciarse en Venezuela el ilegítimo período presidencial de Nicolás Maduro y en concordancia con la Declaración del Grupo de Lima del 4 de enero pasado, se ha dispuesto el impedimento de entrada al territorio nacional a Nicolás Maduro y a 100 miembros de su régimen y personas relacionadas a éste».

Asimismo, se decidió, conjuntamente con el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la aplicación de medidas económicas acordadas en la Declaración de Lima.

«Entre ellas, y para reforzar la debida diligencia, compartir la lista de miembros del régimen de Nicolás Maduro y personas naturales y jurídicas relacionadas a éste, y sus futuras actualizaciones, con todos los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)», precisa el comunicado.

Como parte de las medidas, se ha contemplado también que las entidades bancarias peruanas no tengan relación con las financieras en Venezuela, ante la crisis existente en ese país.

Además, manifiesta que “el Gobierno del Perú ratifica su pleno respaldo a la Asamblea Nacional elegida libre y democráticamente en diciembre de 2015. Reitera que no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro».

Nicolás Maduro “juramentó” este jueves como presidente de Venezuela para un segundo periodo de seis años (2019-2025). Su reelección fue cuestionada y calificada como ilegítima por Estados Unidos, varios países de Latinoamérica y de la Unión Europea.