El premier Vicente Zeballos dijo que el Gobierno está evaluando la posibilidad de realizar un recorte de sueldos a todos los trabajadores del Estado mientras dure el estado de emergencia sanitaria, para contar con mayores recursos económicos para afrontar la lucha contra la pandemia del COVID-19. También, anunció que se reactivarán los comedores populares, se entregarán canastas y se prepara un nuevo bono para sectores en pobreza extrema.

“Ya dimos un decreto de urgencia para un descuento del 10% al 15% a los funcionarios, pero las medidas que sean necesarias desde la perspectiva de la austeridad para darle mayor recurso y disposición en la atención de esta pandemia, que no haya ninguna duda al respecto lo haremos, y si es necesario un recurso remunerativo se hará. Si hay necesidad de optimizar los gastos tiene que hacerse necesariamente”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Remarcó que “muchas medidas están en proceso de evaluación”. “Hay distintos regímenes laborales en el país en distintos sectores, 276, 728, CAS, locación de servicios, etc., distintos sectores tienen distintos regímenes laborales, y esto es injusto. Soy un convencido que tiene que haber un solo régimen laboral y yo cifro mis esperanzas en que hagamos eco en la ley Servir, que significa unir todos los regímenes laborales, no es posible que un trabajador en Fiestas Patrias reciba S/. 300 y otro un sueldo completo cuando cumplen la misma función”, indicó.

Señaló también que el recorte para generar mayores recursos incluiría aspectos contractuales y consultorías. “Todo lo que significa dotarnos de mayores recursos, obviamente sin sacrificar las perspectivas de crecimiento y sostenibilidad económica, se tendrá que dar. Están en proceso de reducción. Estamos a mitad de año y prácticamente en estos cuatro meses de estos seis meses no se ha permitido al Estado ejecutar infinidad de proyectos y programas. ¿Qué pasa con estos recursos?, obviamente se tendrá que hacer una reprogramación”, aseveró.

Se reactivarán comedores populares

El premier anunció también que el Gobierno prepara la reactivación de los comedores populares, así como la entrega de canastas familiares y un nuevo bono para los sectores más empobrecidos por la inmovilización social. “No podemos descuidar el impacto de esta pandemia y la suspensión de las actividades económicas y productivas especialmente en los sectores de pobreza y pobreza extrema”, manifestó.

“Se está trabajando una propuesta integral. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, nos ha presentado una propuesta para la reactivación e impulso de los comedores populares. Vamos a distribuir canastas familiares a los sectores más empobrecidos. No se ha dejado la posibilidad de un nuevo bono. Respecto a los cuatro bonos anteriores no se han acabado de cerrar. Lamentablemente no gozamos de una inclusión financiera y hay un entrampamiento de un Estado anacrónico que nos permite llegar de manera inmediata”, precisó.

Ley de suspensión de peajes es inconstitucional

Sobre la carta enviada por cuatro embajadas al presidente del Congreso expresando su preocupación por la aprobación de la ley 31018, que regula la suspensión de los peajes en la emergencia sanitaria, Zeballos dijo que el Ministerio de Justicia ya ha presentado una demanda de anticonstitucionalidad contra esa norma.

“Le hemos pedido formalmente un pronunciamiento a la Cancillería y desde una perspectiva formal no deja de ser sorpresivo a sabiendas que las autoridades diplomáticas saben perfectamente cuales son los conductos diplomáticos preestablecidos por los cuales deben canalizarse estas observaciones. Hace cuatro días el Ministerio de Justicia ha impulsado una demanda de inconstitucionalidad contra esta norma”, informó.

Manifestó que “desde una perspectiva formal esa protesta de Estado (la carta) debió canalizarse a través de Cancillería que es el conducto habitual y preestablecido”. “Nosotros como Gobierno oportunamente manifestamos nuestra oposición a esta medida. Es más, la ministra de Economía y el ministro de Transportes acudieron al Congreso para poner en consideración los argumentos técnicos y legales que debilitaban la iniciativa. Esto abría la posibilidad de que el Estado sea demandado ante árbitros internacionales. El segundo riesgo, y ya se está materializando y al día de hoy se ha concretizado, es un abandono de las carreteras. Lo tercero, es que en un estado de emergencia el transporte es mínimo, es irrelevante”, explicó.

“Son distintas aristas que no se han tomado en cuenta y más aún es que había una trasgresión manifiesta del orden constitucional, porque se trata de contratos leyes que gozan de cierta intangibilidad y que deberían ser revisado a instancia de ambas partes y una de las partes que es el Congreso no puede estar decidiendo unilateralmente esta disposición. Son distintos ángulos que debilitan la posición del Gobierno ante una futura demanda internacional”, aseveró.

Ley de ascenso automático en salud

Respecto a la ley que regula el ascenso automático para personal de salud sin pasar por los dictámenes de ley, el premier indicó que la norma impactará económicamente a EsSalud y al Ministerio de Salud (Minsa). “Por mandato expreso de la Constitución la materia económica es competencia exclusiva y excluyente del Ejecutivo. Si bien sabíamos que esta norma estaba agendada en el Congreso, esperábamos que se siga el procedimiento regular dimensionando su impacto. Sin embargo, esta norma ha sido aprobada en horas de la madrugada en el Congreso”, dijo.

“Esto coincide con la situación de cómo paliar y salir de esta contingencia del COVID-19, y esto significa girar la mirada para atender otra demanda adicional de orden presupuestal, que va a significar una revisión de todas las finanzas del Ministerio de Salud. Esto no se ha dado, se ha actuado con mucha ligereza y en estos momentos todos nuestros esfuerzos humanos, económicos y sociales deben estar direccionados en cómo salir de estas circunstancias presentes en la salud”, comentó.

Subrayó que “como Gobierno tenemos que ser muy prudentes y responsables”. “Nosotros hemos puesto a consideración de algunas bancadas de cuáles son las dimensiones e impactos reales que pudieran tener estas normas, para tener un amplio debate y tomar la decisión más pertinente en beneficio del país. El parlamento es un espacio de oportunidad de compatibilizar algunos criterios constructivos”, afirmó.

Diálogo con sectores productivos

El jefe del Gabinete también destacó que se ha reanudado el diálogo con diversos sectores productivos y colegios profesionales para coordinar la reactivación económica en los siguientes meses. “Ayer hemos tenido un dialogo con Conveagro para compartir expectativas y proyectos. Hoy en la mañana tenemos una reunión con los colegios profesionales, en la tarde tenemos una reunión con las mypes, para el lunes tenemos una reunión con los gremios laborales y los gremios empresariales. Es decir, estamos reanudando un proceso de diálogo por el país”, dijo.

“En el agro vamos a ir trabajando un plan de reactivación económica, lo segundo es impulsar un proyecto de ley que está en el Congreso y es la ley de restructuración del Ministerio de Agricultura, lo tercero es revisar los mecanismos legales para fortalecer a las cooperativas agrarias, lo cuarto es que el bono rural no ha llegado a gran parte del sector y se está revisando, lo quinto es que todos los programas flexibilicen sus procedimientos y cuenten con mayores recursos, lo último es revisar todo el marco legal de la agricultura familiar”, precisó.

Levantamiento de cuarentena en evaluación

Con relación a un eventual levantamiento de la cuarentena, dijo que Pilar Mazzetti, jefa del Comando COVID, y el ministro de Salud, Víctor Zamora, son quienes elaboran la opinión especializada para que el Ejecutivo pueda tomar decisiones. “Y es a defecto de ello, que la última prórroga se ha extendido hasta el 30 de junio y la evaluación es permanente. Además, es insoslayable compatibilizar dos escenarios: por un lado el control de esta pandemia en el mundo y por otro lado compatibilizarla con la materia económica. El escenario nos obliga a evaluar distintas variables y la económica no puede ser soslayada”, resaltó.

“Si en algún caso hubiera la necesidad de priorizar, el tema de salud tiene prioridad. La reactivación económica ha sido propuesta de manera gradual en cuatro fases. La gradualidad nos da la oportunidad de dimensionar los impactos y el movimiento social. Lo importante es que en cada etapa y para cada actividad se exigen protocolos sanitarios dentro del marco general del Ministerio de Salud”, comentó.

Recalcó que “esta es evaluación es permanente”. “Esta es una epidemia imprevisible e indefinible. Cuanto nos interesaría a nosotros como Gobierno poder tomar decisiones y decir que tal fecha se reanuda todo y con normalidad, pero no, estamos ante una enfermedad que no se puede concebir y aun no se alcanza una vacuna que pueda contrarrestarla”, anotó.

“Ya se ha ampliado distintas actividades en la fase 1 y la fase 2 y aún quedan la fase 3 y la fase 4. En cada una de estas fases hay actividades específicas que se están reanudando y un motor de la economía regional son las inversiones públicas que están autorizadas en esta segunda fase. Todas inversiones que se han paralizado tanto en los gobiernos regionales como locales y se incluyen toda la serie de proyectos de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y el hecho de que sean inversiones públicas no los exonera de todos los protocolos”, dijo.