RCR, 26 de Abril 2022 .- Paola Bustamante, directora de Videnza Consultores y exministra de Estado, señaló que el Gobierno está azuzando un conflicto de comuneros contra la empresa Las Bambas, en Apurímac, en vez de promover el dialogo. También dijo que el Ejecutivo responsabiliza a la Constitución de su incapacidad para cumplir sus compromisos de campaña con la población.
“El ministro Carlos Palacios, con un desconocimiento, ha ido a señalar que la empresa tiene que ponerse de acuerdo con la comunidad en temas que estaban cerrados, como el tema de la compra de compra de terrenos a las comunidades de Chila y Choaquere, para crear Nueva Fuerabamba. Ahora Chila y Choaquere dicen no me has pagado y regreso a mi terreno. Fuerabamba, dice como ya se están metiendo a mi propiedad, me meto a Las Bambas, porque esa era de mi propiedad”, dijo.
Señaló que desde el 2019 ha habido un acompañamiento muy cercano a la relación entre la comunidad de Fuerabamba y la empresa Las Bambas, para que se cumplan los compromisos. “Lamentablemente en el 2021 no se hizo un seguimiento y no se fortaleció la mesa de diálogo. Eso ha generado que el nuevo dirigente Edison Vargas hoy desconozca muchos de los acuerdos adoptados con cronograma”, indicó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
“Las Bambas compró los terrenos de Chila y Choaquere, se pagó el precio acordado y se inscribió en registros públicos y se la dio en permuta a Nueva Fuerabamba. A Fuerabamba también se la pagaron los costos por la propiedad que se entregó. Es importante señalar que quedó pendiente de entregar a la comunidad 180 hectáreas de terrenos y eso es parte de un compromiso pendiente de la empresa”, explicó.
Enfatizó que la poca presencia del Estado genera, entre estos espacios de diálogo entre las comunidades y las empresas privadas, que cada vez que hay cambio de dirigencias, se desconozcan los acuerdos previos. “El Gobierno ha generado las expectativas de que las empresas van a cumplir todo lo que las empresas demanden. Lo tercero es que hay condiciones para una explosión de conflictividad social en diferentes partes del Perú”, precisó.
Expresó que el Gobierno no puede cumplir todo lo que prometió y responsabiliza a la Constitución de ese incumplimiento. Parecía que había falta de experiencia y capacidad y generar expectativas por compromisos que no se van a poder cumplir. Luego vemos que se han generado expectativas para que la población reclame y ante la incapacidad del Gobierno de no poder cumplirlas, ahora dice que la Constitución no se lo permite.
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