Perú21 evaluó la situación del complejo metalúrgico y los escenarios que se avecinan.

El pasado 6 de julio, durante su visita al complejo metalúrgico de La Oroya, Pedro Pablo Kuczynski reavivó un conflicto que parecía llegar lentamente a su fin. “Hagamos una marcha al Congreso para pedir que ¡no dejen morir La Oroya!”, exclamó. El próximo presidente del Perú convocó así a una movilización que fue muy cuestionada por las fuerzas políticas, pero que, al mismo tiempo, ha resucitado las esperanzas de un pueblo que ha vivido de la actividad metalúrgica por casi 90 años.

La paralización, en 2009, de las operaciones de la refinería manejada por Doe Run Perú (DRP), la más grande del país y una de las más potentes de Latinoamérica, relegó a los oroyinos a la subsistencia. Los pobladores y trabajadores de la compañía piden su reactivación, quizá más interesados en mantener el sustento de sus familias que en su propia salud.

La principal preocupación de Kuczynski es que, al haber entrado en un proceso de liquidación en marcha y no encontrar aún un postor, DRP termine disolviéndose y vendiendo todo el complejo por partes. El 27 de agosto es el día límite.

Con su llamado, el futuro jefe de Estado busca que, mediante una ley, esta fecha sea extendida por un año para que otra compañía haga que la fundición entre en operaciones nuevamente.

PASIVOS AMBIENTALES
Cuando Doe Run Perú adquirió, en octubre de 1997, el complejo metalúrgico de La Oroya asumió, entre otros, el compromiso de operarlo bajo estándares ambientales que nunca antes habían sido aplicados en esa parte de la sierra central peruana.

La compañía debía ceñirse al Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que su predecesor, la estatal Centromin Perú, había diseñado. Ello implicaba una modernización de los equipos para reducir la contaminación de los suelos y el aire, debido a los gases tóxicos que se producen en cada proceso de refinamiento de metales como plomo, oro, bismuto, zinc, cobre y plata.

Desde 1922, cuando fue creado por la Cerro de Pasco Copper Corporation, la metalúrgica había funcionado durante más de 70 años sin que sus distintos operadores midieran el impacto de sus contaminantes actividades en el ambiente.

Doe Run tuvo 10 años para cumplir con el PAMA y no lo hizo. Adujo que la propuesta de Centromin Perú era inviable porque los más de 107 millones de dólares que había presupuestado eran insuficientes para cubrir las exigencias.

Por ello, en el 2006, el Estado le dio una prórroga de casi tres años, pero la compañía argumentó que necesitaba más tiempo. En el 2009, se le dio un último plazo de 30 meses (hasta 2012), pero aquel año DRP se declaró en insolvencia y, debido a sus incumplimientos, hoy su liquidación parece inevitable. En casi 20 años, la empresa jamás terminó de adecuarse a las políticas ambientales y, de esta manera, contribuyó en ubicar a La Oroya entre las cinco ciudades más contaminadas del mundo. Perú21 buscó el descargo de la empresa, pero no recibió respuesta.

“Doe Run tenía por obligación modernizar sus tres circuitos, de plomo, cobre y zinc. Debía construir una planta de ácido sulfúrico para cada uno y así capturar los gases contaminantes que se emiten; para 2008, ya tenía instalado el de zinc y concluyó el de plomo, y estaba en la recta final para terminar el de cobre, pero por la crisis económica internacional la empresa se declaró en quiebra”, precisó a Perú21 el viceministro de Minas, Guillermo Shinno.

“Esto, finalmente, nos llevó a crear la junta de acreedores y encontrar una solución para la refinería”, agregó.

El Estado es el mayor acreedor de un grupo en el que figuran, además, Doe Run Cayman, Sunat, los trabajadores de Doe Run Perú y otras compañías. “En este momento nos encontramos en una tercera etapa de venta, la liquidadora Dirige iniciará un nuevo proceso para ver si una empresa quiere hacerse del complejo metalúrgico”, contó Shinno.

Semanas atrás, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, comentó que la reactivación total del complejo metalúrgico de La Oroya era posible si el circuito de cobre era, finalmente, modernizado.

“La Oroya es viable cuando funciona el circuito de plomo y zinc, porque ya tienen la planta que convierte el
dióxido de azufre en ácido sulfúrico, pero el circuito de cobre no cumple con los estándares ambientales”, señaló Pulgar-Vidal.

FUTURO INCIERTO
Hace unos días, PPK aseguró que lo de la marcha al Congreso no iba en serio. “Fue un decir, nada más”, acotó, pero reafirmó su interés por que la metalúrgica vuelva a prender motores.

Ante esto, la pregunta cae por sí sola. Si ninguna empresa ha querido adquirir la fundición de La Oroya en estos años, ¿por qué con Kuczynski sí habría alguna oportunidad?

En opinión del ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, el Estado debe asumir el costo de los pasivos ambientales para hacer más atractiva la compra al postor.

“A las empresas no se les puede pedir milagros. Lo que el Estado puede hacer es asumir un costo como una manera de resolver el problema ambiental”, manifestó a este diario.

Para el ingeniero metalúrgico Julio Bonelli, el mismo gobierno puede completar el PAMA y vender el complejo metalúrgico totalmente renovado.
“Se pueden invertir 150 o 200 millones de dólares, instalar la planta para el circuito de cobre y ofrecer la refinería ya adecuada para su funcionamiento”, propuso Bonelli.

La solución al problema de La Oroya, ahora, está en manos del nuevo jefe de Estado, pero antes el Congreso, de mayoría fujimorista, deberá prorrogar el plazo de liquidación.

DATOS

La Oroya está ubicada a más de 3,700 m.s.n.m., en la provincia de Yauli, región Junín.

El PAMA aprobado para la refinería de La Oroya está compuesto de 9 proyectos que, con su ejecución, reducirían el impacto negativo de las actividades metalúrgicas en el ambiente.

Doe Run cumplió con 8 de los 9 proyectos del PAMA. El último contemplaba la instalación de plantas que captarían los gases tóxicos en los circuitos de plomo, zinc y cobre. No se culminó.

En Chile, el estándar se ubica en 250 ug/m3, mientras que en Canadá está fijado en 300 ug/m3.

Según el Ministerio del Ambiente, las emisiones del complejo metalúrgico han llegado hasta los 2,000 ug/m3 diarios y 700 ug/m3 anual, superando los estándares ambientales establecidos.

La Oroya es considerada una de las cinco ciudades más contaminadas del mundo, según los rankings internacionales del Instituto Blacksmith y de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Fuente: Perú21