Entre tanto Petroperú confirma que continuará con su compromiso de remediación y limpieza de la zona afectada por el derrame ocurrido el pasado 7 de noviembre.
La gerencia de Petroperú, los representantes de los contratistas Corpesa y Servicorrosión, y los directamente afectados, han presentado una denuncia penal por secuestro y presunto homicidio ante el fiscal de San Lorenzo, quien junto al Fiscal Provincial de Iquitos se han apersonado a la Estación 5 y tomado las manifestaciones a los involucrados. Serán ellos los que determinarán la responsabilidad penal en el secuestro de un grupo de trabajadores, y la posterior muerte del ingeniero Richard Díaz, y acusarán a los culpables, reveló la doctora Beatriz Alva Hart, Gerente corporativa de Gestión Social y Comunicaciones de la petrolera estatal.
Ello, tras la difusión de un comunicado de la Organización de los Pueblos Indígenas del Sector Marañón (ORPISEM), en el que los dirigentes tratan de evadir su participación y responsabilidad directa en los violentos y luctuosos sucesos del sábado pasado que terminaron con la muerte de un trabajador de Corpesa que realizaba trabajos de mantenimiento en el km. 224 de la vía Ramal Norte del Oleoducto Nor Peruano, acusando a la empresa Petroperú.
Según el comunicado, el supuesto desconocimiento de “lenguaje intercultural” de los funcionarios de la petrolera peruana que trabajan en Relacionamiento Comunitario y participan de los diálogos con los comuneros, habría sido el detonante de los hechos que concluyeron en la tragedia de Chapis.
El comunicado apunta que no habría existido el secuestro denunciado, sino solo “una invitación a quedarse” a los funcionarios de Petroperú el 16 de diciembre, para continuar al día siguiente el proceso de diálogo intercultural, “cerrando la Asamblea a las 11.00 am. del día 17 de diciembre”.
La gerente desmintió tajantemente los dichos en el comunicado, afirmando que los equipos de trabajo de la empresa están integrados por personal de diversas etnias, como Awuajun, Huanpis, Cocama, etc., debido a que es indispensable conocer la idiosincrasia, costumbres y tradiciones de los pueblos con los que interactúan día a día.
DESLINDE
En este punto, Alva Hart hizo un deslinde entre las organizaciones y federaciones que existen, y dicen representar a las poblaciones originarias, versus las propias comunidades que a veces son tomadas de rehén por malos dirigentes violentistas que lucran con la necesidad y pobreza de la gente.
“Hemos recibido comunicaciones de los verdaderos Apus de Chapis y sus cinco anexos. Están muy preocupados por los hechos delictivos que ocurrieron y el fallecimiento del ingeniero, pero también porque piensan que se perderá todo lo avanzado en el diálogo que se tuvo respecto al Fondo de apoyo de responsabilidad social, y el desarrollo de proyectos socioproductivos en la Comunidad. Ellos piden que los acuerdos se mantengan”, reveló.
En esa línea, la gerente responsabilizó a la dirigencia de OPISEM, y no a la comunidad de Chapis, como los verdaderos responsables de los actos violentos.
“El propio dirigente, Ismael Pérez, en una entrevista en un medio radial, señala que ordenó a comuneros que trajeran a los trabajadores de Corpesa, que estaban el km 224, hasta Chapis. También reconoce que las personas que fueron, estuvieron pintadas y portaban lanzas, lo que denotaba, no un gesto de autoridad, sino de violencia lo que generó temor e irracionalidad”, indicó.
Además, dijo, con qué derecho o autoridad cualquiera puede paralizar actividades, y obligar a personas que, contra su voluntad, dejen de realizar su trabajo y tengan que dirigirse a otra zona,
“Eso no es diálogo intercultural de paz, eso es un secuestro y maltrato sin nombre”.
Alva Hart confirmó que Petroperú continuará con su compromiso de remediación y limpieza de la zona afectada por el derrame ocurrido el pasado 7 de noviembre, para lo cual están en permanente comunicación con los Apus de Chapis, solicitándoles que garanticen las condiciones de seguridad para visitar la comunidad y empezar con las labores inmediatamente.
