Fuente: Diario La República
Rindiendo cuentas. “No encontrarán nada porque no tengo cuentas en paraísos fiscales, ni propiedades compradas con dinero sucio, tampoco desbalance patrimonial”, se defendió ex alcaldesa, cuya vivienda familiar en Miraflores fue allanada.
Coincidieron mutuos intereses. Por un lado, la ex alcaldesa Susana Villarán necesitaba dinero para financiar la campaña contra la revocatoria, y, por otro, las compañías constructoras Odebrecht y OAS estaban dispuestas a entregarle fondos a cambio de la adjudicación y continuidad de millonarias obras públicas en la capital. La necesidad de una, era la satisfacción de las otras, de acuerdo con la acusación del fiscal anticorrupción Hamilton Castro.
En este esquema, Odebrecht aportó 2 millones de dólares y OAS 1 millón de dólares. Villarán logró salvarse de la revocatoria y en contraprestación las constructoras brasileñas resultaron beneficiadas. Parecía el acuerdo perfecto, conjurado en silencio, clandestinamente, sin muchos testigos. Los implicados cumplieron con su parte de la trama, sin imaginarse jamás que 5 años después de la consulta popular, las ondas expansivas del escándalo de corrupción «Lava Jato» que estallaría en Brasil alcanzarían a la izquierdista Susana Villarán y a sus cómplices, siempre según el fiscal Castro. Y mucho menos previeron que uno de los confabulados, el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, los delataría ante el fiscal Hamilton Castro, quien, precisamente, solicitó y consiguió la autorización judicial para el allanamiento de los domicilios de los acusados, ayer jueves 5 de abril.
El 31 de octubre de 2012, el Jurado Nacional de Eleccionesconvocó la revocatoria de Susana Villarán, y la consulta se produjo el 17 de marzo de 2013. En el transcurso de esos 5 meses, la gestión de la alcaldesa suscribió los siguientes acuerdos:
a) El 9 de enero de 2013 entregó mediante la fórmula de adjudicación directa –esto es, sin licitación ni concurso público– el proyecto Vías Nuevas de Lima (o Rutas de Lima) a la compañía Odebrecht. Se le entregó en concesión ingresos de 80 millones de soles anuales en peajes por 30 años.
b) El 13 de febrero del 2013, firmó una adenda para ampliar de 30 a 40 años la concesión Línea Amarilla a la empresa OAS, por 670 millones de dólares. De esta manera, se hacía de ingresos de peajes de la Vía de Evitamiento por 160 millones de soles anuales.
Cargos del fiscal
Para el Ministerio Público, ambos actos de favoritismo en beneficio de Odebrecht y OAS representarían una contrasprestación de la gestión de la izquierdista Villarán por los 3 millones de dólares que recibió de estas constructoras para cubrir los gastos contra la revocatoria. «Como máxima autoridad edil, Villarán habría hipotecado su voluntad a cambio del financiamiento de su campaña ‘No a la Revocatoria’, a favor de dos empresas que tenían intereses directos y concretos con la entidad edil, con la única finalidad de continuar en el poder, al mando de la Municipalidad Metropolitana de Lima», sustentó el fiscal Hamilton Castro.
Desde que circularon los primeros indicios de presuntas entregas de dinero a la gestión de Villarán por parte de Odebrecht y OAS, la ex alcadesa rechazó las imputaciones. En su cuenta de Twitter, escribió el 4 de setiembre del 2017: «Nunca he pedido ni he recibido coimas o sobornos. Pueden investigar todo lo que quieran, no van a encontrar lo que no existe», afirmó.
Sin embargo, Jorge Barata ha contradicho la versión de Villarán.
Barata ha declarado al fiscal Castro que en el contexto del proceso de revocatoria, en la segunda mitad del 2013, el entonces gerente general del municipio, y hombre de confianza de la ex alcaldesa, José Castro Gutiérrez, lo llamó a una reunión en la alcaldía de Lima. Durante el encuentro, Castro pidió a Barata 3 millones de dólares para cubrir los gastos de la campaña «No a la Revocatoria» porque era de conveniencia para Odebrecht. Castro declaró que la solicitud era de conocimiento de Villarán. Poco después, ella telefoneó a Barata.
Las investigaciones
«(El representante de Odebrecht) recibió una llamada telefónica de la propia ex alcaldesa Villarán (y) le reiteró la solicitud de recibir recursos económicos, argumentando que la suma dineraria sería utilizada en su campaña ‘No a la Revocatoria'», consignó el fiscal Hamilton Castro en la petición de allanamiento: «Barata accedió a entregar la suma solicitada pues la empresa Odebrecht tenía diversos proyectos de ‘interés’ en la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre los cuales se encontraba Rutas de Lima. En tal sentido según la Fiscalía, si Villarán se mantenía en el cargo, podía solicitar su apoyo, existiendo la posibilidad de que un nuevo alcalde perjudique los intereses de la empresa».
De acuerdo al Ministerio Público, para evitar sospechas respecto al origen de los fondos de financiamiento entregados por Odebrecht, el gerente José Castro planteó a Barata un esquema de recepción de los caudales que salieron del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña: el fondo negro de la corrupción.
En una nueva reunión en el municipio entre Castro y Barata, el primero le dijo que «la entrega de dinero se iba a realizar de la siguiente forma: una parte no determinada sería depositada en diferentes cuentas bancarias, además de ser entregadas en efectivo en el país, y una suma de 2 millones de dólares sería entregada a Valdemir Garreta, para los pagos al publicista responsable de la campaña política, Luis Favre», de acuerdo con la resolución del juez Manuel Chuyo Zavaleta, que accedió al allanamiento de las viviendas de Villarán y Castro.
Al final, Odebrecht aportó 2 millones de dólares y OAS 1 millón de dólares, según declaró brasileño Valdemir Garreta, el propietario de la empresa consultora FX Comunicaciones, contratada por la gestión de Villarán para que se encargara de la campaña publicitaria del «No a la Revocatoria». Garreta sostuvo reuniones de coordinación con Susana Villarán y José Castro, según su manifestación que tiene la Fiscalía.
Al enterarse de los allanamientos, Villarán escribió en su cuenta de Facebook: «Desde mi trabajo en el sur de Lima les digo: nada temo, no encontrarán nada porque no tengo cuentas en paraísos fiscales, ni propiedades compradas con dinero sucio, tampoco desbalance patrimonial. Mi gestión como alcaldesa fue un ejemplo de transparencia. Todo lo que hicimos estuvo siempre abierto al escrutinio público».
La fiscalía imputa a Villarán y Castro los presuntos delitos de cohecho pasivo propio (recibir dinero para favorecer a un particular) y lavado de activos.
Borrando pistas
Entonces, ¿dónde terminaron los 3 millones de dólares que regalaron Odebrecht y OAS a la gestión de Villarán? ¿Todo se destinó a la empresa FX Comunicaciones?
De acuerdo con la acusación fiscal, los representantes de Villarán presentaron falsas declaraciones de ingresos por 1 millón 614 mil soles y egresos por 1 millón 612 mil soles, «cuando se ha podido verificar que por lo menos existieron ingresos por 4 millones de dólares y egresos por más de 3 millones de dólares», señala la acusación fiscal.
Otra fórmula aplicada para encubrir el origen de los fondos, de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía Anticorrupción, fue declarar donaciones de dinero de personas que nunca entregaron un centavo. O aportes de personas cuyas identidades no existen.
La vivienda en la que ingresó el equipo de la Fiscalía Anticorrupción pertenece a Álvaro Villarán, hermano de la ex alcaldesa, donde reside temporalmente. En el lugar estuvo presente su abogado, Iván Paredes.
El defensor informó que la fiscalía incautó 2 computadoras y documentación. Álvaro Villarán dio las facilidades del caso. “Se ha revisado toda la casa, pero por falta de tiempo no se ha podido revisar todas las computadoras que estaban allí y la familia Villarán les ha dicho que se las lleven”, explicó el abogado.
Paredes precisó que las computadoras no son de la ex alcaldesa Villarán sino del hermano Álvaro.
Manifestó que, no obstante que la diligencia no estaba autorizada para una vivienda multifamiliar, la familia de Susana Villarán prefirió que los fiscales ingresen y registren el departamento. En caso contrario, explicó Paredes, hubieran tenido que esperar otra orden de allanamiento.
“La diligencia era para el departamento 901, pero ésta es una vivienda multifamiliar, a pesar de que no estaba ordenada la diligencia para esta vivienda, la familia ha dicho que ingresen y registren todo lo que quieran”, dijo Paredes.
Por la noche, el equipo especial del Ministerio Público allanó un inmueble de Villarán en la playa Arica.
Ella tiene impedimento de salida del país.
Datos
– Ex gerente. Luego de más de 5 horas los fiscales Sergio Jiménez y Marcial Páucar concluyeron las diligencias de allanamiento a la casa de José Castro Gutiérrez.
– Citado. La Comisión Lava Jato, que preside la fujimorista Rosa Bartra, ha citado para hoy al ex gerente de la municipalidad de Lima y hombre de confianza de Villarán José Castro.