Fuente: Blog Lampadia 

Nuestra felicitación al Gobernador de Ica, don Fernando Cilloniz, por su valiente y efectiva gestión. Cuando termine su mandato debiéramos pedirle que escriba un manual sobre los objetivos, medios, riesgos y cuidados que deben tener los Gobernadores Regionales.

Confieso que jamás imaginé la tremenda presión que – como Gobernador Regional – iba a recibir de parte de autoridades y funcionarios de todo nivel, para favorecer indebidamente a familiares, amigos, o militantes de agrupaciones políticas. En todos los casos, el favor indebido consiste en acceder – sin mérito alguno – a la planilla del Gobierno Regional, en otorgar contratos de obras sin ningún concurso de por medio, o adjudicar – a dedo – adquisiciones de todo tipo de bienes y servicios.

Yo tenía ciertas referencias del clientelismo político en nuestro país. ¡Quién no sabe cómo funciona el “tarjetazo” en los diversos niveles de gobierno, inclusive en instituciones tutelares como la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial!

No obstante, para hacer una buena gestión pública había que erradicar – cueste lo que cueste – el vicio del clientelismo en el Gobierno Regional. Y ¡vaya que el costo es alto! El calificativo más recurrente que me he ganado por poner orden a este respecto, es el de traidor. Efectivamente, para muchos pretendientes de favores indebidos, el Gobernador Regional de Ica es un vil traidor.

“Deme un trabajito – o una obrita – porque yo lo apoyé en su campaña” es el argumento más trillado de muchos ciudadanos que votaron por mi candidatura. Y mi respuesta sincera y bien intencionada es siempre la misma: “concursa; y gana en buena lid”. Pues bien – por los insultos que recibo – es evidente que mi respuesta no satisface a dichos personajes.

Eso en cuanto a los militantes que me dieron el triunfo electoral. Pero hay otros frentes que también presionan por favores indebidos. Me refiero a ciertos Consejeros Regionales y Congresistas de la República, quienes también pretenden inmiscuirse en la gestión institucional, ya sea proponiendo a familiares o conocidos para trabajar en el Gobierno Regional, o – lo que es lo mismo – exigiendo la destitución de funcionarios que no son de su agrado; para lo cual recurren – como el caso del Consejero Grados – a prácticas de la más baja estofa, como supuestas grabaciones telefónicas secretas que luego utiliza para extorsionar a sus víctimas.  

Es verdad; la labor fiscalizadora de Consejeros y Congresistas constituye un mandato constitucional, imperativo e irrenunciable. Pero no me refiero a ello. Bienvenidas las labores de fiscalización; incluidas las de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo, y otras más. Pero una cosa es la fiscalización propiamente dicha, y otra – muy distinta – el clientelismo político. El problema es cómo distinguir cuando un Consejero o Congresista fiscaliza con objetividad a una dirección o funcionario del Gobierno Regional, o – simplemente – mal usa su poder para favorecer indebidamente a algún allegado.

Para mejor entender la situación, vayamos al grano. En lo que va de mi gestión – algo más de dos años – diversos Consejeros y Congresistas han exigido la destitución de los siguientes funcionarios del Gobierno Regional: Gerente General, Gerente de Desarrollo Social, y todas las gerencias funcionales. Además, en su momento exigieron la destitución de la Directora Regional de Educación, Directora Regional de Trabajo, Directora Regional de Transportes, Directora Regional de Turismo, Procurador Regional, etc. Y ahora – sin ningún sustento valedero – pretenden la destitución del Director Regional de Salud y la de todos los Directores de los hospitales de la Región. ¡TODOS!

En otras palabras, si fuera por estas autoridades, toda la estructura gerencial y directiva del Gobierno Regional habría sido removida una y otra vez, generando un caos institucional de proporciones inimaginables.

Por ello – para cumplir nuestro compromiso de combatir la corrupción y la indolencia – vamos a seguir monitoreando nuestra gestión, a través de indicadores de cumplimiento de objetivos y metas; y a través de la evaluación del servicio público, a cargo de la ciudadanía. Y sólo serán destituidos o sancionados los funcionarios probadamente corruptos, los que no cumplan con los objetivos y metas de la institución, y / o los que maltraten a la ciudadanía.