Analista político, Fausto Salinas, advirtió también que con la disolución del Parlamento “lo que se quiere es que la izquierda recupere fuerzas”, unida o no, y ellos puedan recuperar un mayor protagonismo, en el próximo Congreso transitorio que se elija.
RCR, 01 de octubre de 2019.- La disolución del Parlamento no es constitucional y, aunque es un acto de mucho valor y relevancia política, no es una acción jurídicamente válida, afirmó el analista político, Fausto Salinas.
“Y, evidentemente, lo que hace es ponernos ante un escenario de una ruptura constitucional y de un golpe de Estado. Y lo primero que hay que lamentar es que ´volvamos a esa normalidad´, a esos escenarios de tensión que nada bien le han hecho país. El país ha crecido y ha desarrollado desde la normalidad constitucional se recuperó a inicios de este siglo”, subrayó.
El jurista dijo que, desde el punto de vista jurídico, la Constitución es un código político que reparte competencias.
“Por ejemplo, en materia de moneda y banca, la competencia es del Banco Central. En materia de justicia, la competencia es del Poder Judicial. En materia de justicia constitucional, al Tribunal Constitucional. En materia de tránsito y vialidad, las municipalidades”, especificó.
El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la disolución constitucional del Congreso de la República y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias. En un mensaje a la Nación el jefe de Estado precisó que esta decisión es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución Política.
En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Salinas advirtió también que con la disolución del Parlamento “lo que se quiere es que la izquierda recupere fuerzas”, unida o no, y ellos puedan recuperar un mayor protagonismo, en el próximo Congreso transitorio que se elija.
“Sin embargo, ya hablando de la calidad parlamentaria, si es que en una elección normal hemos el nivel de improvisación parlamentaria que tenemos, yo pienso que el que vamos a tener, en una elección tan complicada como ésta, va a ser aún mucho mayor. Y esto va a significar un ahogo mucho mayor”, puntualizó.
Tras indicar que la designación de magistrados de los miembros del Tribunal Constitucional no es una competencia del Poder Ejecutivo sino es una competencia exclusiva del Congreso, expresó que la cuestión de confianza, que ya estaba mal planteada, solo era la respuesta política del presidente frente a la crisis de la denegación del adelanto de elecciones, y de ninguna manera podría justificar una disolución del Legislativo.
“Jurídicamente, estamos ante un escenario inconstitucional. Lo que ha hecho el presidente lo inhabilita. El Congreso ya lo suspendió y jurídicamente hablando, la presidenta es Mercedes Aráoz. Vamos a ver qué sucede. Si es que intervienen la OEA y los organismos internacionales. Pero por el lado político se ha inclinado por el ´dictador´, Martín Vizcarra, que ha pateado el tablero democrático”, aseveró.
Ante esa situación, estimó que la saluda a la crisis política podría estar por el Tribunal Constitucional, en el plano jurídico; y en la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante la Carta Democrática, por el plano político.
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