Exjefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ronald Ibarra, manifestó que ha quedado comprobada también la falta de liderazgo y debilidad del Estado, y de todas las autoridades, en el manejo de los conflictos sociales, debido a la falta de un trabajo institucionalizado en este tema.  

RCR, 16 de julio 2019 .-  Una de las causas fundamentales del entrampamiento del proyecto Tía María (Arequipa), y de los demás emprendimientos mineros del país en los que existen conflictos sociales, ha sido la persistente falta de involucramiento del Estado en este tema y de manejo comunicacional y situacional con las poblaciones involucradas, denunció el exjefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ronald Ibarra Gonzales.

”En todo conflicto, nuestro análisis tiene que partir por posicionar a los tres actores principales que tenemos: el Estado, la empresa y la población o la comunidad. La verdad que de un tiempo a esta parte he estado viendo que tratamos de enfocar en uno o dos actores. El conflicto es de tres. Y Estado tiene que involucrarse… Pareciera que, en nuestra cultura, ése es el comportamiento que siempre tenemos en el manejo de conflictos: llegamos tarde, queremos dialogar a última hora y queremos resolver problemas a última hora”, subrayó.

En ese sentido, recordó que el último estudio de impacto ambiental para Tía María se aprobó en el 2014, hace cinco años. “Desde el 2014 hasta el 2019, estamos hablando de cinco años para  trabajar qué cosa”, demandó.

Por ello, cuestionó la entrega a última hora de la licencia de construcción a Southern Perú, para el inicio de sus operaciones mineras, ya que “eso de esperar el último momento es lo que nos pasa a todos como una (mala) ´cultura´ general”.

Un aspecto vital en todo proyecto de inversión es relacionamiento de empresa con la población

Explicó además que existe un aspecto vital para trabajar en todo proyecto de inversión en el que se presenten o no conflictos sociales: el relacionamiento de la empresa con la población, y en el que debe de haber un soporte de parte del Estado.

“Pero ese relacionamiento no solamente es informar. Porque yo puedo informarles de las bondades de un servicio o un producto. Pero yo tengo que comunicarles. Yo tengo que decirles, ¿y a ustedes qué les parece o no le parece? ¿O por qué si le gusta o no le gusta? ¿O por qué está de acuerdo o no está de acuerdo?”, anotó.

Indicó que si bien la empresa Southern Perú ha mejorado su presencia en la zona, objetivamente hablando, no ha habido un soporte del parte del Estado y del gobierno, en particular.

“Tu convocas a una Mesa de Diálogo, pero lo haces por los medios de comunicación. Si yo te invito a alguna reunión, a mi casa, lo que tengo que hacer, cuando menos, es relacionarme y darte los pasos mínimos necesarios. Pero no te puedo decir: estás invitado. No, yo creo que la idea (equivocada) está allí, por parte del gobierno”, apuntó.

En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Ibarra manifestó que ha quedado comprobada también la falta de liderazgo y debilidad del Estado, y de todas las autoridades, en el manejo de los conflictos sociales, debido a la falta de un trabajo institucionalizado en este tema.

“Ya se había avanzado en el manejo de conflictos, a nivel de Estado. Faltaba incorporar a los otros poderes. Faltaba que si involucrara al Congreso, al Poder Judicial, los organismo autónomos, porque la norma que tenemos para manejo de conflictos, en el Estado peruano, vincula directamente al Ejecutivo”, aseveró.

Es necesario un sistema nacional que involucre a todas las instituciones en manejo de conflictos

En ese contexto, el magister en investigación para el Desarrollo de la Universidad Complutense de España consideró que la idea pasa por crear un sistema nacional que involucre a todos estos actores en un trabajo conjunto y articulado.

“Por ejemplo, ¿por qué el gobernador regional de Arequipa (Élmer Cáceres) fácilmente ha dicho: ´yo no voy a participar directamente en el diálogo. Además, yo no he dado la autorización?  Porque sabemos perfectamente que en la gran minería la da el ministerio de Energía y Minas, desde Lima. Entonces, no involucramos a las autoridades”, remarcó.

Por ello, expresó que en el manejo y la resolución de conflictos sociales debe tenerse una visión política, ya que implica aplicar una decisión política, y cuando no la hay, “estamos en el aire”.

Estado ha debilitado institucionalidad en el manejo de conflictos

Ibarra denunció entonces que se ha debilitado la institucionalidad en el manejo de conflictos por parte del Estado, pese a que la propia Presidencia del Consejo de Ministros tenía la capacidad de hacerlo antes, porque –anotó-  para eso se creó la Oficina de Gestión de Conflictos y se continuó con la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, “pero no tenemos acciones de lo que se está avanzando, en términos de conseguir resultados en el manejo de conflictos”.

“Has quemado etapas. Porque los procesos de diálogo no son con los que directamente van a tomar la decisión, hay que preparar ese proceso de diálogo con la intervención de todos los mecanismos que nos lleven a un acuerdo. Y el acuerdo no necesariamente lo toman de manera directa. Hay que hacerlo conocer. A la población no se le puede decir: ´oye sí, ya hemos dado la autorización, pero no vamos a ejecutar´. Entonces, el poblador común y corriente dirá: ´para qué  le has dado la autorización, si no se va a ejecutar. Mejor conversar primero´. Pero ese fue el ofrecimiento que hubo, Creo que esa fue la metida de pata; adelantarse”, enfatizó.

En los procesos de diálogo no se puede excluir a nadie

El especialista en resolución de conflictos sociales precisó igualmente que en los procesos de diálogo “no hay que sacar a nadie, ni a los frentes, ni menos a las autoridades”.

“Si no revisemos. ¿En Conga, qué pasó?  Conga terminó como si fuese un conflicto entre el gobierno regional y el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque se sacó a las organizaciones de en medio. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en esto. Yo lo que digo es que no hay que excluir a nadie. Porque ¿cómo construyes consenso?”, puntualizó.

En otro momento, Ibarra coincidió en señalar la manipulación política realizada con el manejo hídrico en el valle del río Tambo (provincia de Islay), con acusaciones falsas de contaminación en este rubro, cuando los expertos han descartado dicha posibilidad.

“El tema (a abordar aquí) tiene que ser participativo. A propósito de ello, tengo información de que el OEFA ha hecho estudios y evaluado los resultados que tenía, en su estudio de impacto ambiental Southern. Y me parece que es una opinión técnica y profesional con buenos resultados. Pero eso nadie la conoce, Curiosamente, ese resultado del estudio de la OEFA es positivo, pero nadie lo conoce”, concluyó.