Consultora externa para el sector público y privado, Lesly Shica Seguil, refirió también que la verdadera realidad detrás de los conflictos mineros se basa en tres elementos específicos: la ausencia del Estado en las zonas de explotación; la esquizofrenia social de la minería, a través de la suplantación del rol estatal; así como la movilización ideológica.       

RCR, 12 de noviembre 2018.-  La facilitación, por parte del Estado y los gobiernos, del clima necesario para que el inversor minero disponga de seguridad jurídica, social y económica en el desarrollo de sus actividades, va por buen camino, aunque resulta insuficiente, afirmó la consultora externa para el sector público y privado, Lesly Shica Seguil.

“El Perú se ubica en el puesto 19 como uno de los países más atractivos en inversión minera, de acuerdo al Instituto Fraser… Tratemos de ser propositivos y digamos que estamos encaminados a la situación. Pero si el funcionario del Estado no se para de su escritorio y va a allá para algo más que tomarse la foto, no vamos a poder cumplir. Porque su rol es estar en la etapa previa, en el acompañamiento. Y después en la etapa posterior, que es la explotación, y poder visualizar cómo es que la comunidad realmente se beneficia. Y beneficio significa ir más allá de las condiciones mínimas que un ciudadano tiene”, subrayó.

Lesly Shica Seguil, quien fue exfuncionaria de la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), es autora del libro “El rostro detrás de los conflictos mineros”, resultado del trabajo de campo realizado por profesionales multidisciplinarios en derecho, Economía, Biología, Sociología y Gestión Ambiental, y que forma parte de un exhaustivo trabajo en cuatro localidades mineras de nuestro país.

Tras indicar que su obra será presentada este viernes 16 de noviembre en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Shica aseguró que, a diferencia de los demás casos evaluados en su investigación, la comunidad de Rancas (Pasco) logró instituir un canal de comunicación con las compañías mineras para recibir atención y apoyo en otras actividades diferentes, pero que forman parte de sus medios de subsistencia.

“Vimos un tema con el presidente de la comunidad. A diferencia de todos los casos que habíamos evaluado, había llegado un canal de comunicación que resultó idóneo. Porque no solo se trató con las empresas a dar trabajo a todos los miembros de la comunidad. Pero no solo fue en el tema minero. Hicieron que los proyectos textiles, que la agricultura, siga su rumbo. Y esto es un elemento que debería replicarse”, anotó.

Tras indicar que son muchos los factores que implican las relaciones comunales, la columnista del portal “político.pe” dijo que, lamentablemente, existen “incentivos perversos que lo marginan”.     

“El último reporte de conflictividad social de la Defensoría del Pueblo, que data de octubre pasado, indica que son 124 conflictos socio ambientales, en el Perú. De los cuales 81, es decir, el 65 %, corresponde al tema minero. Las zonas que hemos visitado aún se mantienen con un conflicto abierto”, especificó.           

En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Shica manifestó también que la verdadera realidad detrás de los conflictos mineros se basa en tres elementos específicos: la ausencia del Estado en las zonas de explotación; la esquizofrenia social de la minería, a través de la suplantación del rol estatal; así como la movilización ideológica.       

Respecto a la ausencia del Estado, la abogada de Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas sostuvo que “un común denominador en las comunidades campesinas que hemos visitado es que las instituciones públicas estatales, por lo menos la de provisión de servicios básicos, no se encuentran a disposición real del ciudadano o están ausentes”.

En cuanto a la esquizofrenia social de la minería, refirió que se da cuando ante la ausencia total del Estado y de infraestructura básica en las comunidades concernidas con la actividad minera, éstas reclamen a las empresas asumir el rol que no han ejercido las instituciones estatales.

“Entonces, el comunero, frente a la ausencia del Estado, dice: ´cuando venga la empresa privada, a ésta le tengo que pedir todo. Y le pide la construcción de colegios…  Jamás se va a suplantar el rol del Estado. El privado no tiene ninguna obligación más que agregar. ¿Qué significa el desarrollo sostenible? Tu puedes a coadyuvar a mejorar lo que ya hay como base. Pero si no hay base, ¿qué haces? Tienes que cumplir porque si no no puedes seguir”, apuntó.                

Dijo que el tercer tema es el ideológico y se relaciona “a cómo el comunero ve su esperanza de vida confundida entre los dos aspectos anteriores: la ausencia del Estado con la actividad privada.

“Debido a la ausencia estatal y a los incentivos perversos que alguien podría manejar, en distintas situaciones. Ya que existe una distribución del poder para capacidad negociadora. Lo que pasó, por ejemplo, en Cajamarca. Hay dirigentes o líderes que no necesariamente tienen como único objetivo defender social o ambientalmente la situación en la zona. Y lo que ocurrió en Yanacocha, también”, remarcó.  

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