RCR, 22 de junio de 2024.- La secretaria de equidad y género del SUTEP, María Leyzaquía, dijo que su gremio rechaza totalmente los comentarios de los ministros de Educación, Morgan Quero, y de la mujer, Teresa Hernández, quienes consideraron que es una «práctica cultural» el caso de las escolares awajún violadas en Amazonas. Señaló que el SUTEP demanda celeridad en la investigación y la sanción administrativa y penal más drástica a los maestros acusados de violencia sexual.
“No podemos permitir este tipo de educadores en el sector y mucho menos como afiliados a la organización sindical. Por eso mismo, el pronunciamiento correspondiente es de rechazo a ese tipo de comentarios del ministro de Educación y de la ministra de la Mujer y que se tenga que avalar esta situación, porque sus comentarios totalmente deleznables son solamente de revictimización y de no conocer la realidad”, dijo en el programa “Enlace educativo” de RCR.
Remarcó que el Sutep exige que haya celeridad en las investigaciones. “Que no solo se vaya al tema administrativo, sino que también se vaya al terreno penal. Un ‘profesor’ puede ser sancionado administrativamente, pero no ir a la cárcel y lo que necesitamos es ejemplificar esta situación. No podemos manchar al sector educación por un pequeño grupo de psicópatas que no tienen perdón. Esos individuos tienen que ser sentenciados y con la pena máxima”, indicó.
“Exigimos la sanción más drástica que exista, que es no solamente la separación definitiva del sector educación a estos ‘maestros’ que faltando a su profesionalismo y a la ética han cometido estas atrocidades y que para esto no solamente tenga que ser la sanción administrativa sino también la sanción penal. Para ello, se requiere esa coordinación y esa vinculación del Poder Judicial con la parte administrativa de las UGEL”, afirmó.
Remarcó que el pronunciamiento de la organización sindical ha sido siempre firme. “Esta es la enésima entrevista que tenemos y son ya tres comunicados que ha sacado el Comité Ejecutivo Nacional al respecto. Nos gustaría también que el Ministerio de Educación se pronuncie realmente y que haya celeridad en estos procesos administrativos y que se busque las alianzas estratégicas con el Poder Judicial para que esto no quede impune”, expresó.
“Lo que buscamos es sanción y respuestas claras. Y las respuestas claras como organización sindical es sanción y no a la impunidad. No puede quedar esto así. El daño está causado y tiene que haber también una política de prevención. En negociación colectiva hemos señalado, por ejemplo, que en el marco de la de la salud en el trabajo el Ministerio de Educación tenga que atender las orientaciones de la OIT con respecto a los educadores”, aseveró.
Sostuvo que los educadores deben tener un diagnóstico de su salud, no solamente física, sino también psicológica. “Y eso también es responsabilidad del Ministerio de Educación. La denuncia de la compañera presidenta del Consejo Awajún corresponde a un acto de violencia consecutiva desde el año 2010. Más de 14 años han pasado y no se han pronunciado”, declaró.
“Muchos de esos casos han pasado a archivarse producto de la desidia de la desidia de cómo se llevan los casos a nivel administrativo en las UGEL y cómo se llevan los casos a nivel penal. Muchos de esos ‘educadores’, inmersos en esas actitudes, con prebendas han hecho varias cosas para que no prosperen, pero esto ha llegado a un límite insostenible. Esto ha ocurrido en la comunidad de la provincia de Condorcanqui, pero lo mismo sucede en otras comunidades del interior del país, solo que no se nos escucha”, subrayó.
